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Antes de que Hugo Chávez llegara al poder en Venezuela, Antonio Ledezma ya era visto con recelo por quien sería el comandante de la revolución bolivariana. En 1992, cuando Chávez y otros tres tenientes coroneles de Venezuela intentaron tomar el poder por la vía de las armas, Ledezma apenas acababa de llegar al puesto de gobernador del Distrito Federal, Caracas, de acuerdo con la Constitución vigente en dicho año. Había sido electo para el cargo después de un considerable paso por el Congreso. El hoy detenido alcalde era entonces uno de los jóvenes más destacados dentro del partido Acción Democrática, que tenía en la Presidencia a su mayor líder: Carlos Andrés Pérez.
El paso de los años y la llegada por la vía democrática de Chávez al poder en 1998 comenzarían a marcar el rumbo tensionarte entre el mandatario y Ledezma. De a poco, el nuevo presidente comenzó a lanzar duras críticas contra los dos partidos tradicionales del país, Acción Democrática y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), a acusarlos de haber vendido el país y de haberse olvidado del pueblo, de los pobres.
Ledezma nunca se desligaría de la política y continuaría siendo uno de los ‘adecos’ de mayor cartel por los años siguientes, hasta convertirse en la mayor fuerza electoral del área metropolitana caraqueña. Abogado y especialista en gerencia pública, llegó primero a ser el administrador del Municipio Libertador –uno de los cinco en los que se dividió la capital con la Constitución promovida por el oficialismo (1999)- para después, ya como un líder maduro y fundador de su propio movimiento (Alianza Bravo Pueblo), aspirar a la Alcaldía Metropolitana en 2008 y ser reelecto en 2013.
El alcalde, en su primer gobierno, se convirtió en un gobernante incómodo para el liderazgo del Palacio de Miraflores. Su fortaleza electoral en la capital era una bofetada contra el éxito masivo que el chavismo obtenía en las diversas regiones de Venezuela. Y por supuesto, los roces entre las dos posiciones ideológicas que chocaban en la ciudad más importante del país no tardaron en llegar. Así que Chávez promovió la creación de una jefatura para el Gobierno del Distrito Capital y nombró a Jacqueline Faría al frente. Básicamente se trató de una jugada política indelicada: en comunicación directa con la presidencia, la jefatura absorbió la gran mayoría de las funciones de la Alcaldía Metropolitana y su presupuesto, claro.
Ledezma, desplazado tácitamente de su cargo, emprendió numerosas protestas, entró en huelga de hambre y acudió a escenarios internacionales a denunciar el caso y a defender su legitimidad como alcalde. Son célebres sus imágenes dando discursos con un megáfono a las afueras de Miraflores, para luego ser reprendido por la Policía. Entonces la oposición no estaba tan articulada como ahora, y sus voceros habían renunciado a la posibilidad de ser electos como diputados de la Asamblea Nacional, en lo que, aceptarían después, fue un error que en su momento, con forma de protesta, intento presionar políticamente al oficialismo.
Su reelección en 2013, a pesar de lo limitado de sus funciones, fue una victoria invaluable para él. Ya con una oposición más estructurada y esa especie de halo de mártir que lo acompañó desde 2009, su liderazgo se estableció en la cúpula opositora. En especial, fue uno de los tres promotores de ‘La Salida’, junto a María Corina Machado y Leopoldo López, un movimiento que busca el fin del gobierno de Nicolás Maduro a través de las manifestaciones populares.
Para el oficialismo, Ledezma nunca ha dejado de ser uno de los soportes del fallido golpe de Estado contra Chávez en 2002, un defensor de la tradicional ‘oligarquía’ venezolana y el representante actual de las políticas más atroces de Carlos Andrés Pérez. Fue detenido el jueves en su oficina de la Torre Exa de Caracas, desde donde trataba de administrar la ciudad lejos de la sede oficial, ocupada por la oficialista gobernación distrital.
La oposición protesta por la que considera una detención “arbitraria” y pide su liberación inmediata. Maduro lo acusa de instigar un golpe de Estado y de promover la desestabilización política junto a sus compinches. El último reporte de su situación legal dice que será juzgado por sus atentados a la paz del país y se investigará su participación en el presunto complot denunciado por el oficialismo la semana anterior. Según el Gobierno, en dicha operación la oposición utilizaría un avión Super Tucano artillado para acabar con el Palacio de Miraflores.