25 Nov 2009 - 3:50 a. m.

Artillería jurídica contra referendo

Ex procurador Maya y ex magistrado Beltrán muestran sus cartas.

Redacción Política

Como lo habían anunciado semanas atrás, el ex procurador Edgardo Maya Villazón y el ex magistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, acompañados por las abogadas Fanny Lucía Castellanos y Carmenza Isaza Delgado, decidieron formalmente intervenir ante la Corte Constitucional para impugnar la Ley 1354 de 2009, a través de la cual se convoca a los colombianos a un referendo para admitir un nuevo período de gobierno para el presidente Álvaro Uribe Vélez.

Ante la Secretaría del alto tribunal, los aludidos abogados entregaron este martes un documento de 32 páginas, en el cual concluyen que, según ellos, está demostrado que el trámite de la ley que convocó al referendo reeleccionista incurrió en “un cúmulo de errores jurídico-constitucionales”, y por ello, en aras de “defender la democracia colombiana”, dicha ley debe ser declarada inconstitucional. En esencia, porque desde su origen como iniciativa popular estuvo acompañada de protuberantes yerros de naturaleza legal.

El documento presentado el martes plantea inicialmente que en su primera etapa, la iniciativa del referendo excedió los montos de dinero previstos para su financiación e incumplió con los requisitos de procedimiento para su aprobación. El asunto remite a la resolución que el 30 de enero de 2008 expidió el Consejo Nacional Electoral, en el que estableció como tope máximo para gastos de referendo la suma de $334 millones. En la práctica, los promotores del referendo reeleccionista utilizaron $2.046 millones.

Como si fuera poco, señalan los intervinientes ante la Corte Constitucional, “para soslayar ese gasto excesivo”, los promotores optaron por una triangulación “consistente en hacer aparecer como un crédito otorgado por Primero Colombia en cuantía de $1.900 millones”, asunto sobre el cual existe una investigación en curso en el Consejo Nacional Electoral. Es más, agrega el documento, por la misma época se adelantó otro referendo para establecer la cadena perpetua para quienes abusen sexualmente de los menores de edad, y en este caso todo fue legal.

Por esta razón, en este último caso, el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, previa la investigación administrativa del Consejo Nacional Electoral, certificó que no existía irregularidad alguna en sus cuentas. Distinto a lo sucedido respecto a la financiación y los montos máximos de contribuciones privadas del referendo reeleccionista, cuya certificación no ha podido ser expedida porque tampoco ha concluido la investigación en el ente electoral. Aún así, la ley del referendo fue aprobada, y la Corte tendrá que reconocer que no existe certificación del Registrador.

En segundo término, según Maya, Beltrán y demás impugnantes, la ley del referendo reeleccionista incurrió en un error sustancial porque el texto que fue sometido a consideración del Congreso por iniciativa popular, fue cambiado durante su trámite. Según ellos, el proyecto de ley decía originalmente que el inciso primero del artículo 197 de la Carta Política quedaría así: “Quien haya ejercido la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para otro período”. Este texto fue el que llegó al Congreso el 10 de septiembre de 2008.

Si bien es cierto que cada Cámara tiene la potestad de introducir al proyecto las modificaciones, adiciones o supresiones que juzguen necesarias, según los intervinientes, ello no significa que pueda transformar el proyecto inicial en otro completamente distinto y uno fue el texto que se aprobó en la Cámara y otro el que salió del Senado. El texto original fue cambiado en una sola palabra y terminó siendo: “Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido para otro período”.

En criterio de Maya, Beltrán y demás, este cambio modificó la intención de quienes apoyaron el referendo porque el primer texto significaba que haber ejercido la Presidencia por dos períodos, habilitaba al Primer Mandatario para ser elegido pero en 2014. Sin embargo, al cambiarse la palabra “ejercido” por “elegido”, lo que se hizo en la práctica fue permitir que el Presidente pueda aspirar a su tercer período en 2010. En opinión de los impugnantes, esta alteración sustancial del proyecto entre una y otra Cámara no puede ser admitida por la Corte Constitucional.

El otro aspecto que cuestionan en su documento el ex procurador y el ex magistrado es que la Ley 1354 de 2009, que le abre paso al referendo reeleccionista, fue aprobada en segundo debate en la Cámara de Representantes, en una sesión que fue celebrada por fuera de las condiciones constitucionales. Y el tema tiene que ver con lo sucedido a la medianoche del 16 de diciembre de 2008, cuando súbitamente la Presidencia de la República convocó a sesiones extraordinarias para poder pasar la ley del referendo, que en ese momento se encontraba en estado agónico.


Según señala el reglamento del Congreso, las sesiones extraordinarias las convoca el Presidente cuando el Legislativo se encuentra en receso. Este no fue el caso de la ley del referendo reeleccionista. El 16 de diciembre de 2008, el Congreso trabajó en la discusión del proyecto de ley y la sesión extraordinaria, según consta en la Gaceta del Parlamento, se inició ocho minutos después de la medianoche, tras la verificación del quórum. Es decir, nunca el Congreso estuvo en receso. En criterio de los intervinientes, lo que existió fue un “acto puro de poder”, o “un acto político”, inadmisible en un Estado de Derecho.

Además, agrega el documento, la Imprenta Nacional expidió una certificación según la cual el texto del decreto que convocó a las sesiones extraordinarias del Congreso fue entregado para su impresión y publicación a las 7:45 de la noche del 16 de diciembre de 2008, y fue publicado en el Diario Oficial, en su página web, el 17 de diciembre de 2008 a las 16:44. En otras palabras, no solamente el Congreso no se encontraba en receso sino que se incumplió el requisito de la publicidad que para los actos oficiales se exige en un Estado democrático. Sólo se hizo 12 horas después de que había concluido la sesión.

De igual modo, los impugnantes sostienen que hubo errores en las comisiones de conciliación; que el trámite de los impedimentos de los congresistas fue totalmente irregular, pues 86 miembros de la Cámara, para evitar ser recusados, optaron por declarar cada uno su impedimento y luego lo votaron para no aceptárselo mutuamente, y que además, a pesar de que estaban denunciados ante la Corte Suprema de Justicia, votaron la sesión extraordinaria del 17 de diciembre, y volvieron a hacerlo en la conciliación que se hizo para aprobar el texto definitivo.

Finalmente, el ex procurador Maya, el ex magistrado Beltrán y demás, expresan que en sí misma le ley del referendo reeleccionista desborda el artículo 378 de la Carta, puesto que induce a que el régimen presidencial termine por desconocer la independencia de otras ramas del poder público. Así, por ejemplo, con doce años en el poder, la Presidencia va a terminar definiendo la composición de la Corte Constitucional, la sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el Banco de la República, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Nacional de Televisión y hasta el mismo Congreso.

Más allá de los cuestionamientos puramente jurídicos, la intervención señala que la Constitución colombiana puede ser reformada por el Congreso o vía consulta popular, pero como definieron los constituyentes de 1991, debe cumplirse con los requisitos de forma, y en este caso, según un ex procurador y un ex magistrado de la Corte Constitucional, no se cumplió cabalmente con esta directriz, por lo cual le piden a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de la ley 1354 de septiembre de 2009 que le abrió camino al referendo reeleccionista.

El camino del referendo en la Corte

En la actualidad, el trámite de control de constitucionalidad de la ley que aprobó el referendo reeleccionista se encuentra en la etapa de intervención ciudadana, es decir, que cualquier persona o institución puede entregar o hacer llegar ante la Secretaría de la Corte Constitucional un documento exponiendo sus argumentos en favor o en contra del trámite que se le dio a la Ley 1354 del 8 de septiembre del año 2009.

Simultáneamente están corriendo los 30 días hábiles del plazo legal que tiene el Procurador General de la Nación para rendir su concepto ante la Corte Constitucional sobre la iniciativa. Sin embargo, no necesariamente el jefe del Ministerio Público puede hacer uso del plazo y antes de lo estipulado emitir su concepto. En cualquier caso, se trata de una opinión que no obliga a los magistrados de la Corte Constitucional.

Agotado este trámite, el ponente escogido, en este caso el magistrado Humberto Sierra, deberá radicar un proyecto de fallo ante la secretaría de la Corte, para que sea estudiado por los demás magistrados. Si se tiene en cuenta que los integrantes del alto tribunal entran en vacaciones a partir del 17 de diciembre, es claro que sólo hasta finales de enero o incluso febrero habrá una decisión sobre el controvertido referendo reeleccionista.

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