Una vez más, Cali fue estremecida por la violencia. Un carro bomba abandonado frente al Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía fue el detonante. Carlos Alberto Delgado, un taxista, y Lina Marcela Ortiz y Kelsy Andrea Arana, las dos pasajeras que transportaba, así como Joel Muñoz Hoyos, otro conductor que pasaba por la zona, murieron de inmediato. Aunque cuatro civiles y tres policías heridos fueron dados de alta pocas horas después del atentado, en el Hospital San Juan de Dios permanecen otros 12, en el Hospital Universitario del Valle, cuatro, dos de ellos menores de edad; y en la Clínica de los Remedios está un policía, cuyo estado de salud es bastante delicado pues una losa cayó sobre su cabeza.
La explosión fue causada por aproximadamente 80 kilos de anfo y pentolita, 10 más de los estimados en el atentado contra la estación de la Policía Metropolitana, el 9 de abril de 2007, en el que 41 personas resultaron heridas, 21 de ellas, agentes de la institución. Un par de horas después del estallido de lunes, que ocurrió a las 12:05 de la madrugada, las autoridades locales se reunieron con urgencia para analizar la situación. “Ha sido un atentado terrorista, porque quienes han fallecido son civiles. Pero no tenemos elementos (para identificar a los autores) porque no hay panfletos ni nada que reivindiquen a algún grupo especial”, fueron las primeras declaraciones del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.
A principios de la mañana, los indicios ya decían otra cosa. Según el comandante de la Policía Metropolitana, general Gustavo Ricaurte, dos comunicaciones telefónicas interceptadas eran la prueba reina de que sí había una autoría clara, y esa autoría era de las Farc. A partir de entonces, ésa se estableció como la versión oficial. De hecho, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dio información aún más precisa y manifestó que el frente urbano Manuel Cepeda era el responsable. Que éste era una retaliación a la captura de su jefe, Gustavo Álvarez Cardona, alias Santiago, el pasado 8 de mayo, quien fue recluido en la cárcel de Palmira hasta el lunes, pues se ordenó su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá).
La ciudad amaneció abatida. No se hablaba de otra cosa. “Esto está desolado. Acabaron con todo”, le dijo a El Espectador una funcionaria de la Fiscalía. Antes de las 10:00 a.m. tuvo lugar una segunda reunión, un consejo extraordinario de seguridad, esta vez entre autoridades locales y el ministro Santos, quien lo presidió; el director nacional de la Policía, general Óscar Naranjo, y el comandante del Ejército, general Mario Montoya. El hecho generó un rechazo inmediato de entidades como la Defensoría del Pueblo, a través de su defensor regional, Andrés Santamaría: “Este tipo de acciones merecen nuevamente de todo el repudio de la sociedad vallecaucana, comunidad que ya se ha expresado rotundamente en contra de estos hechos“, expresó.
Para la Rama Judicial, ésta fue una herida de muerte. El viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, le manifestó a El Espectador que repudiaba lo acontecido: “Este atentado va en contra del sistema judicial. Afectó seriamente la sede de la justicia en Cali”. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura le expresó a este diario: “Esto es una gran agresión contra la administración de justicia y contra los ciudadanos. Nos sentimos agredidos, pero seguiremos trabajando”. La presidenta de Asonal Judicial en Cali, Esperanza Delgado, afirmó incluso que hacía tiempo habían solicitado a la Fuerza Pública mayor seguridad, pero que no les prestaron atención a su petición.
Una ciudad en caos
Lo ocurrido el lunes no fue una agresión en solitario. Es un elemento que se incluye en un espiral de violencia que en los últimos años, a través del terrorismo, se ha hecho aún más evidente. La bomba frente a la estación de la Policía Metropolitana del año pasado provocó que miles de ciudadanos inundaran las calles en señal de protesta. Pero esa violencia va mucho más allá. Las guerrillas y los grupos ilegales organizados, en especial las bandas narcotraficantes, parecen haberse ensañado con la que alguna vez fue considerada la ciudad cívica de Colombia. “Hay un tema de tráfico de drogas muy activo, por Buenaventura y por la descomposición del cartel del norte del Valle. Además, el Alcalde actual no ha logrado conciliar con esta ciudad que es tan polarizada”, dice María Elvira Bonilla, columnista de este diario.
El analista de seguridad Armando Borrero da cuenta de un dato crucial para comprender la violencia de Cali: “Entre las ciudades grandes de América Latina, tiene una de las tasas de homicidios más altas”. También dice Borrero que la ciudad está sumida en una anarquía que podría ser falta de control, como resultado de tantas administraciones municipales deficientes, de una crisis política y económica constante. “A eso se le suma la corrupción, el desplazamiento... es una ciudad en caos, desconfiada”. Hernando Llano, politólogo y profesor de la Universidad Javeriana de Cali, tampoco ve un buen panorama: “Cali atraviesa por un desafío muy complejo de delincuencia organizada sin rostro. Hay demasiada corriente turbia en este río de violencia”.
El horizonte, como dicen los analistas, no es claro. Ramiro Bejarano, ex director del DAS, afirma que no tiene sentido decir que las Farc están débiles y atribuirles atentados de esta magnitud. No obstante, no es la primera vez que Cali es objeto de esta guerrilla. Además del atentado contra la Policía, por ejemplo, cinco días después de la captura de Santiago dos bombas panfletarias explotaron en la Plaza de Caicedo y en un centro comercial, y en los volantes repudiaban el arresto. Y aunque las autoridades han repetido hasta la saciedad que las Farc nunca podrían volver a cometer actos como el secuestro de los 12 diputados de la Asamblea del Valle, a la ciudadanía los secuestros, bombas y demás muestras de violencia aún les quitan el sueño.