27 Dec 2011 - 2:44 a. m.

Cárcel para el Erpac, en manos de los jueces

La polémica que generó la libertad de 266 de los 284 miembros del Erpac tiene una explicación: la Fiscalía no contaba con las herramientas jurídicas para retenerlos.

Redacción Judicial

Así lo explicó Néstor Armando Novoa, director nacional de Fiscalías, quien manifestó que la situación que hoy se vive con los miembros del grupo delincuencial obedece a un vacío jurídico en el sistema penal acusatorio frente a la atención de sometimientos masivos de delincuentes. Para el funcionario, el vacío radica en que en el Código de Procedimiento Penal no existen directrices concretas para atender la entrega voluntaria de grandes grupos de delincuentes y se debe atender cada caso de manera individual.

Para poder privar de la libertad a los militantes del Erpac no basta con la declaración en la que reconocieron haber militado en la organización ilegal, sino que la Fiscalía primero debe documentar dichas afirmaciones para que respondan ante los jueces. Esta situación llevó a que la mayoría de los que llegaron hasta Las Malocas, de Villavicencio, a firmar el acta de entrega voluntaria, a dar la cara para que los identificaran y a rendir declaraciones sobre su actividad delictiva, luego salieron directo a sus casas a esperar el llamado de la justicia. La diligencia les sirvió para salir de la clandestinidad de manera legal.

Según Novoa, el sistema penal no contempla ni legaliza la confesión como un elemento para poder detener de manera inmediata a una persona y, para ello, se requiere que exista una orden de captura emitida por un juez o haberlos detenido en flagrancia. Por esta razón, agregó el alto funcionario, se necesita una reforma a la ley que indique el procedimiento en casos de entregas masivas a la justicia. “Una de las opciones de respuesta a la entrega masiva de estas personas es una ley que indique exactamente cómo trabajar en estos casos”, agregó Novoa.

Lo que tiene en las manos la Fiscalía es trabajar con lo que ordena el Código de Procedimiento Penal, que los obliga a gestionar ante los jueces de control de garantías las órdenes de captura para poder internarlos. “Las órdenes las deben expedir los jueces de manera individual. En síntesis, estamos en una actuación normal que la Constitución y la ley le piden a la Fiscalía General. Allí no hay nada de extraño”, puntualizó.

En el caso de la mayoría de los miembros del Erpac, no existía ninguna de estas condiciones. De hecho, ya se habla de que el proceso con esta agrupación fue una cadena de errores: no entregaron armas, los abogados no suministraron sus nombres completos y, como consecuencia de ello, no hay registro de antecedentes y tampoco pruebas en su contra.

Por estas razones, tras la entrega de los militantes, el siguiente paso del ente acusador es adelantar las gestiones para solicitar la orden de aprehensión y luego la medida de aseguramiento por concierto para delinquir.

Hasta ayer la Fiscalía ya había solicitado casi 248 órdenes de captura y adelanta trámites para conseguir las demás. Según Carmen Maritza González, directora nacional del CTI, ya se tienen 472 carpetas de investigación en desarrollo del proceso de sometimiento a la justicia del Erpac. “Se realizaron 19 audiencias a cabecillas de la organización criminal cobijados con medida de aseguramiento, 13 personas estaban reportadas como desaparecidas y 15 como desmovilizados de las Auc”, puntualizó.

Por su parte, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que los del Erpac se sometieron a la justicia voluntariamente y que es obligación de la Fiscalía dictar orden de captura contra estas personas. “Cualquier entrega a la justicia, sometida al Código de Procedimiento Penal, implica que la Fiscalía General, a cualquier miembro de esa organización, pida su orden de captura. Este proceso de sometimiento se trató de una entrega a la Fiscalía y no de injerencia del Gobierno. Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseguró que el Gobierno sólo brindó apoyo logístico.

Novoa señaló que la Fiscalía podría presentar un proyecto de ley para dar solución a este vacío legal, pero indicó que este tema debe ser una prioridad del Congreso de la República.

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