3 Nov 2008 - 3:00 a. m.

Catatumbo, el reino de la desolación

El caso de los 11 jóvenes de Soacha que fueron reportados como muertos en combate en cercanías a Ocaña, hizo que las miradas se enfocaran en Norte de Santander, departamento que desde mayo de 1999, cuando siete camiones con 200 paramilitares entraron al corregimiento de La Gabarra e iniciaron una jornada de barbarie, vive sumido en el terror provocado por esta organización, que se dedicó a controlar el comercio y a fortalecer el cultivo y producción de narcóticos.

El Espectador

Pero lo que el país no sabía y ahora denuncia una investigadora de la Corporación Colectivo de Abogados ‘Luis Carlos Pérez’, es que en los últimos tres años se habrían registrado además de esos casos señalados, otras “65 ejecuciones extrajudiciales y en las que se tiene la certeza de la participación de miembros de las Fuerzas Militares”.

Según la abogada Melisa Ballesteros Rodríguez, de tres ejecuciones extrajudiciales en 2006, se pasó a 46 en 2007 y 16 en lo que va transcurrido de 2008. Hechos en los cuales, de acuerdo con lo señalado por la investigadora, 48 casos se le atribuyen a la Brigada Móvil 15 y 14 a la Brigada 30 del Ejército.

Entre las víctimas, 44 eran campesinos, seis comerciantes, una mujer e incluso un discapacitado, en edades comprendidas entre los 17 y 30 años, advirtiendo Ballesteros Rodríguez que en esa zona como en otras del país y debido al temor a represalias, existe un subregistro en los casos reportados, aparte de que no están a la mano entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, a la vez que los ciudadanos ignoran sus derechos y pasos a seguir en este tipo de situaciones.

“En muchos casos se registran  alteraciones de la escena del crimen e incluso hay personas que son obligadas a ponerse camuflados para luego matarlas”, denunció.

Su suma da al menos 88 “ejecuciones extrajudiciales”, en las que no le cabe duda a su organización no gubernamental “que los perpetradores de los crímenes son agentes del Estado”.

Muertes que encuadrarían, según la abogada, en el afán de mostrar resultados que justifiquen los cuantiosos recursos económicos que demanda la Seguridad Democrática, incurriendo en ‘falsos positivos’.

Ballesteros manifestó que hoy día y en plena aplicación de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez, además de los militares y policías, en el Catatumbo seguirían operando cerca de 2.500 guerrilleros de las Farc, Eln y Epl, más un remanente de 700 integrantes de los grupos emergentes de paramilitares o ‘Águilas Negras’.

Por eso insiste en que, en este caso, la labor de la Corporación ‘Luis Carlos Pérez’ está orientada a que no haya impunidad, para lo cual se requiere que se investigue a los posibles implicados, se les retire del servicio y la justicia los castigue.

Temas relacionados

Falsos Positivos
Comparte: