Una pesadilla. En eso se ha convertido Colciencias en los últimos años, dicen los científicos. “Hay mucho cambio en las reglas del juego”; “la página web de Colciencias es impenetrable”; “parece que no se confiara en las universidades para la administración de los recursos”; “el ‘sistema’ se cae cuando estamos llenando los formularios de las convocatorias”; “no entregan a tiempo los dineros que nos adjudican”.
Los problemas se irradian a toda la comunidad colombiana que forma parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNCTI, obstaculizando la generación de nuevo conocimiento para el desarrollo del país. Y ponen en aprietos a los científicos que después de cumplir una serie de requisitos y de llenar extensos y detallados formularios para acceder a recursos financieros, deben someterse a un desgastante proceso burocrático. Hasta cuatro meses pueden pasar antes de que se legalice su contrato, y luego otros tantos para que se les desembolse el dinero.
Hay varios agujeros negros en la entidad que claman por ser resueltos con prontitud, como comunicar las políticas de forma coherente, reducir requisitos y hacer más amigables los procesos, cumplir las fechas anunciadas para los diferentes momentos de las convocatorias y redactar los contratos para aquellos privilegiados que superaron todas las etapas.
Eduardo Posada, presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, dice que “lo que ha creado descontento y desconcierto es que en este momento Colciencias no tiene capacidad de ejecución”.
Colciencias ha liderado períodos de pensamiento que han influido no sólo en el país sino en América Latina; pero también ha vivido años de muy poca actividad. Ha contado con créditos externos que le han permitido ampliar los programas de apoyo a la ciencia, pero también ha vivido épocas en que sobrevive sólo con los recursos que le asigna el Estado. Ha promovido dos leyes de ciencia, una en 1990 y otra en 2009, la cual elevó su categoría de instituto a departamento administrativo, un ‘cuasi ministerio’, sin darle las herramientas para asumir su nuevo estatus.
Su raquítica planta de personal se ha mantenido en alrededor de 120 funcionarios desde 1994. En cambio, los grupos de investigación, que en 2002 eran 544, llegaron a 5.543 en 2011, lo que significa que sus usuarios se multiplicaron por diez. El presupuesto de la entidad fue de un poco más de $60 mil millones en 1992 y pasó a un poco menos de $180 mil millones en 2010, es decir, se triplicó. Estas rápidas cifras demuestran que internamente no se da abasto para cumplir todas sus funciones, menos para sentarse a discutir la política científica del país.
Esta situación ha hecho incluso que muchos científicos desistan y no recurran a los diferentes mecanismos de apoyo que ofrece la entidad, estructurados la mayoría desde la década de los años noventa y diseñados para consolidar a la comunidad, con evaluaciones de colegas nacionales e internacionales para elevar su calidad.
Si bien Colciencias es la fuente de financiación por excelencia para los desarrollos científicos y tecnológicos del país, los procesos ahuyentan a los empresarios y a los gremios, incluso a algunas universidades que son sus principales aliadas. Dicen que no vale la pena aproximarse porque “es tan desgastante el proceso para acceder a unos cuantos pesos que no se justifica el esfuerzo”.
Salvar a Colciencias
La mayoría de los científicos está dispuesta a apoyar a la entidad; todos reconocen su importancia para el país. “Tenemos que fortalecer a Colciencias, el ente responsable de la política científica del país. Ese papel hay que rescatarlo”, dice Posada.
“Considero que el Estado debe fortalecerlo con mayor presupuesto para personal y logística, y con seguridad los procesos podrían ser más ágiles”, propone Jesús Olivero, director del doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena.
Fortalecer a la entidad significa asignarle fondos. “Sólo estamos financiando el 6% de los proyectos que se aprueban”, confiesa Jaime Restrepo, director de Colciencias. De cientos que se presentan a las convocatorias, la entidad define una lista de 100 proyectos que son ganadores por su calidad, pero los recursos sólo alcanzan para aprobar seis.
Proponen que de los recursos de regalías se destine una partida para darle una mano a la entidad, y consolidar algunos programas de ‘impacto nacional’ como el de becas, que ha sido uno de los que han permanecido vigentes durante casi los 44 años de existencia de Colciencias, pero que no resuelve aún problemas de fondo para su eficiente ejecución.
Restrepo es consciente de que la comunidad científica ha crecido y que la entidad se quedó chiquita para responderle. Informó a El Espectador que ya tiene una propuesta de reestructuración que ha presentado a Presidencia de la República, la cual contempla al menos duplicar el número de sus funcionarios.
“Trabajaremos en un modelo transversal por procesos y por funciones, y no en un modelo vertical como el que tenemos”, explica. “Se fortalecerá la unidad ejecutora especializada en las convocatorias y en la contratación, lo que facilitará los procesos y nos agilizará. Los contratos se demoran cuatro meses porque no tenemos gente”.
Habrá también cambio de sede. “Nos vamos del edificio viejo”, dice, porque no caben hoy en día y sus redes de comunicación son muy malas. Para conseguir un edificio moderno, informa, el Gobierno aprobó 20 mil millones de pesos.
En cuanto a la falta de agilidad, pide paciencia e informa que en los tres primeros meses de este año ya se abrieron todas las convocatorias, lo que significa que los procesos se inician con tiempo.
Colciencias, ¿dejó de pensar?
Pero en los últimos años Colciencias dejó de pensar. Lo dicen los científicos y lo reconoce el director de la entidad. Aunque existen espacios de reunión de los directivos, y de ellos con la comunidad, los investigadores sienten que aunque son citados para debatir, los documentos de política y las reglas del juego ven la luz sin que se incluyan sus comentarios. “En el diseño de las políticas actuales”, enfatizan, “hay una pérdida de ciertas lecciones, como si no hubiéramos aprendido”.
Hay temas muy debatidos, como la tendencia actual a apoyar prioritariamente la investigación que genere valor agregado a los productos y servicios de la economía nacional, como dice la Ley 1286 de 2009. “Estamos exigiendo en las convocatorias que haya productos, no sólo publicaciones”, explica Restrepo, y menciona como ejemplos patentes, marcas, registros y modelos industriales.
Pero eso no debe significar dejar de lado a las ciencias básicas o ‘fundamentales’, como las llama la directora de Corpogén, Patricia del Portillo: “Sobre ellas se fundamentan todos los desarrollos tecnológicos y las innovaciones”, dice. O a las ciencias sociales. “Sin ciencias sociales no hay desarrollo sostenible”, argumenta el vicerrector de la Universidad de los Andes, Carl Langebaek. “Incluso la aplicación de tecnologías debe tener en cuenta a las ciencias sociales”.
O que las investigaciones deben apuntar a resolver problemas, para lo cual Colciencias ha definido áreas prioritarias que considera pertinentes. A través del modelo de trabajo en red, busca consolidar un ‘modelo sistémico’ para relacionar a todas las instancias que en el país hacen investigación e innovación. “El año pasado se crearon 10 redes en salud, donde se juntan centros de investigación y empresas en áreas que nunca tenían financiación porque el 40% de los recursos se iban para tres enfermedades: malaria, leishmaniasis y chagas”, dice.
Los temas de debate son muchos. Aquí sólo se han tocado algunos. Para propiciar una discusión de fondo, la ACAC ha propuesto abrir un foro donde participen todos los actores —incluyendo a Colciencias, por supuesto— y se defina un norte. Ojalá sea pronto.
* Periodista especializada en ciencia.