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A 541 españoles nunca les llegó una correspondencia que les enviaron. Peor aún, a 138 españoles les abrieron esas cartas que nunca pudieron leer. El responsable de este corto circuito es Alfonso Gregorio Díaz Arnal, un cartero de 68 años que pasó tres de ellos apoderándose de correspondencia que debía entregar y nunca lo hizo. Díaz fue condenado este miércoles a un año de prisión, que sin embargo no deberá cumplir al no tener antecedentes penales. Lo que sí deberá pagar el cartero por los delitos de violación de secretos e infidelidad en custodia de documentos, es una multa de 1.200 euros y cuatro años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Entre las comunicaciones que el curioso cartero decidió no entregar había hojas de vida, cartas y documentos. Pero también dejó de repartir otros importantes correos como facturas, extractos bancarios y misivas con información personal, que el cartero no dudó en abrir y fisgonear, evidentemente sin la autorización de sus destinatarios.
El hallazgo del más de medio millar de cartas ocurrió en 2009, en Tarragona, lugar de residencia y donde ocurrió esa masiva interceptación de cartas. El primer descalabro de Díaz fue cuando se atrasó tanto con la renta del apartamento en que vivía, que un juez ordenó su desalojo por petición del dueño del inmueble. Cuando los oficiales del Juzgado de Instrucción número 2 de El Vendrell, el dueño del edificio y su abogado entraron al domicilio de Díaz, no podían creer lo que veían: cientos de sobres regados por el piso, algunos de ellos abiertos. La intervención concluyó con la recolección de la correspondencia que jamás fue entregada y el inicio de un proceso judicial contra Díaz, acusado de los delitos por los que fue condenado.
Las cartas que Díaz no entregó tenían dos particularidades. Todas fueron enviadas entre el 10 de noviembre de 2006 y el 20 de mayo de 2009. Todas fueron enviadas a direcciones en Comarruga, un barrio frente al mar del municipio de Vendrell, en Cataluña. Tres años en los que el cartero cortó la comunicación entre 541 personas y sus remitentes. Tres años en los que decidió cuáles cartas entregar y cuáles no. Tres años en los que pudo haber cambiado o al menos incidido en la vida de aquellos quienes 10 años después ven la llegada de la justicia.
Un proceso judicial del que el propio cartero tuvo que asumir los costos. Su caso, que debía ser llevado por un juez, se interrumpió cuando los afectados y el repartidor fisgón llegaron a un acuerdo. Díaz admitió los hechos y confesó lo que hizo. Al final, se mostró satisfactorio con la pena que le endilgaron. El año de prisión al que fue condenado no deberá pagarlo, siempre y cuando no delinca en 24 meses. Durante trece meses deberá cumplir con una cuota diaria de tres euros, hasta completar los 1.200 que debe pagar.