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Las naciones, firmantes del ‘Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo’, aceptaron “considerar la posibilidad de modificar las leyes y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo, para salvaguardar la vida y la salud de mujeres, mejorando su calidad de vida y disminuyendo los abortos”.
Colombia aparece entre los países que suscribieron el acuerdo el pasado 15 de agosto, cuatro días antes de que la Registraduría diera su visto bueno para la conformación del Comité de Promotores del referendo “Unidos por la Vida”, que busca la prohibición total del aborto, incluso en los tres casos excepcionales previstos por la Corte Constitucional: violación, malformación del feto y cuando la vida de la madre está en peligro.
Entre los firmantes están también las únicas siete naciones latinoamericanas que siguen prohibiendo el aborto bajo cualquier circunstancia: Chile, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinam.
Precisamente la realidad de estos países lleva a concluir a los expertos que a pesar de lo acordado sobre el papel, el camino para un avance real es largo y complicado, teniendo en cuenta además que se trata de un acuerdo no vinculante.
En México, que será la sede de la segunda reunión del organismo, 151 personas fueron sometidas a un proceso penal por el delito de aborto entre 2007 y 2012, y 41 fueron encarceladas de forma preventiva en el mismo período, según un informe de El País de España.
También ensombrecen el panorama los casos de El Salvador y Nicaragua, que han dado marcha atrás en algunas decisiones legales como lo pretende el comité “Unidos por la Vida” en Colombia. Hasta 2008, Nicaragua tenía una de las legislaciones más avanzadas del continente: se consideraba el aborto como un proceso legal, legítimo y necesario; a partir de ese año el Código Penal prevé duras condenas contra las mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo. En El Salvador en 1997 el legislativo prohibió el aborto terapéutico, así estuviera en riesgo la vida de la madre.