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El mensaje fue contundente: “la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante sentencia judicial proferida el día de hoy (22 de enero de 2016), condenó a Alsacia CDO S.A., a devolver a sesenta y cuatro consumidores Trece mil trescientos ochenta y nueve millones seiscientos trece mil ochenta pesos ($13.389.613.080.oo) que representan el cien por ciento de la totalidad del dinero pagado por sesenta y cuatro apartamentos, setenta y cuatro parqueaderos y cincuenta y ocho cuartos útiles, ubicados en el Edificio Continental Towers de Medellín”.
Así, sin más ni menos, el ente regulador sentó un precedente y le envió un mensaje a las empresas y empresarios que no cumplen con lo que prometen en sus ofertas comerciales. Para este caso, que tiene que ver con uno de los sectores que más ha jalonado la economía en el último quinquenio en el país, la conclusión de los investigadores fue que Alsacia construyó dicha edificación con “defectos de calidad, idoneidad y seguridad que no permiten habitarlo”. ¿Qué violaron entonces los constructores? Los derechos de los consumidores que adquirieron apartamentos, cuartos útiles y parqueaderos en la edificación, respondió la SIC.
Desde septiembre del año pasado ya un buen cúmulo de propietarios habían manifestado su temor por lo que ellos consideraban el riesgo de colapso del edificio. Incluso, con fotografías que tomaron para registrar el hecho, denunciaron el desprendimiento de la fachada de la construcción.
Ahora, lo que viene es esperar la respuesta de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, pues allí cursan recursos de apelación interpuestos por el grupo constructor que pretenden tumbar la sentencia judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Pero este no es el único caso que tiene vinculado a los empresarios del Grupo CDO, dueños de Alsacia CDO. Precisamente ese grupo comercial fue el encargado de construir el edificio Space, que colapsó también en Medellín y que dejó un saldo de 12 personas muertas y una millonaria pérdida material. Por eso, en la misma SIC, cursan seis distintos proceso con hechos similares a los dos citados con pretensiones cercanas a los $18.000 millones.