5 Sep 2008 - 1:29 a. m.

De nuevo a prisión

El controvertido ex oficial Rito Alejo del Río, quien hace varios años logró hacerle el quite a la justicia, volvió a ser capturado por orden de la Fiscalía sindicado del delito de homicidio en persona protegida.  Tres ex jefes ‘paras’ lo acusan.

Redacción Judicial

Cuatro años después de que la Fiscalía precluyera a su favor una investigación que adelantaba en su contra por presuntamente promover grupos de autodefensa en el Urabá cuando se desempeñaba como comandante de la Brigada XVII en Carepa (Antioquia), entre 1995 y 1997, el controvertido general (r) Rito Alejo del Río Rojas fue capturado nuevamente ayer en horas de la tarde en el Club Militar, en Bogotá, por orden de un fiscal de Derechos Humanos que lo sindica del delito de homicidio en persona protegida.

La investigación está relacionada con la llamada ‘Operación Génesis’ que desplegó el entonces oficial en la convulsionada región de Urabá y en la que se logró expulsar al bloque José María Córdova de las Farc de la zona. Dicha organización, que durante años afincó su poder e  influencia en Urabá, tuvo que refugiarse en el Cañón de la Llorona. La ofensiva militar causó suspicacias en organismos de Derechos Humanos, en la alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, y en el segundo comandante de la Brigada XVII, coronel Carlos Alfonso Velásquez, quienes atribuyeron los resultados a una alianza  entre el Ejército y el paramilitarismo.

Fue así como entre 1995 y 1997 se incrementó de manera alarmante el conflicto armado en el Urabá y el bajo Atrato antioqueño y las estadísticas de homicidios, desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos se desbordaron. Con los grupos guerrilleros arrinconados, la barbarie de las autodefensas empezó a extender sus tentáculos. El coronel Velásquez denunció en su momento que Rito Alejo del Río se hacía el de la vista gorda con los paramilitares y Gloria Cuartas lo acusó de promover patrullajes conjuntos entre el Ejército y el grupo ilegal que estaban dejando una estela de horror y sangre en la zona.

Sus sucesivos positivos contra la guerrilla le hicieron merecedor del apodo de “El pacificador del Urabá”. La controversia por sus actuaciones, sin embargo, nunca ha cesado. A principios de 1997, en desarrollo de operativos contra la subversión, fue asesinado un campesino de Bijao (Chocó) llamado Marino López Mena. El hecho fue denunciado por varias organizaciones de derechos humanos, pero sólo la justicia vino a interesarse en el ex oficial en enero de 1999, cuando una fiscal abrió unas previas en su contra bajo el radicado número 426. Entonces se empezaron a conocer graves señalamientos que lo vinculaban con el accionar criminal de las autodefensas.

El testimonio del ex soldado Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, detenido para la época por porte ilegal de armas, fue esencial para la Fiscalía. Según denunció, los militares y las autodefensas trabajaban de la mano en el Urabá y ejecutaban masacres que después eran ‘legalizadas’ presentando a las víctimas como guerrilleros abatidos en combate. La polémica en torno a las acciones del oficial llevaron a que el presidente Andrés Pastrana, en abril de 1999, en pleno proceso de paz con las Farc, lo llamara a calificar servicios. “Les puedo garantizar que en mi gestión en la región de Urabá combatí igual a la guerrilla y a los paramilitares”, sostuvo entonces Del Río.

Dos años más tarde, el 21 de julio de 2001, la fiscal Lucía Luna ordenó detenerlo por el delito de concierto para delinquir por promover escuadrones de justicia privada durante su paso por el Urabá. El 31 de julio el ente acusador profirió medida de


aseguramiento. Pero hubo una novedad: al día siguiente se posesionó Luis Camilo Osorio como fiscal general, quien se mostró en desacuerdo con la medida y derivó en la salida del vicefiscal, Pablo Elías González, y del coordinador de la Unidad de Derechos Humanos, Pedro Díaz. Posteriormente el ex oficial fue favorecido por un recurso de hábeas corpus y el caso fue asignado al despacho del fiscal Osorio, que el 9 de marzo de 2004 precluyó la investigación.

Sin embargo, la Fiscalía no indagó en esos años un documento que le fue remitido por el padre Javier Giraldo, de la comunidad de paz de San José de Apartadó, en el que se documentaron 207 casos definidos como crímenes de lesa humanidad perpetrados por las autodefensas en tiempos de la comandancia de Del Río en el Urabá. La Procuraduría también lo absolvió disciplinariamente. Hoy ambos organismos de control, que en años anteriores invocaron absoluciones y pidieron exonerarlo, enfilan baterías para recopilar evidencias para procesarlo.

Las declaraciones de varios ex jefes paramilitares también han sido tenidas en cuenta por la Fiscalía para volver a encauzar el proceso que le archivó a Del Río el fiscal Osorio en 2004. Salvatore Mancuso, el 15 de mayo de 2007, lo señaló de haberse reunido en varias oportunidades con él y con Carlos Castaño para trazar las estrategias de operación conjunta entre el Ejército y las autodefensas. Mancuso dijo también que el epicentro de las reuniones era la finca La 21, en San Pedro de Urabá, y que en sucesivos encuentros a los que asistió también Freddy Rendón, El Alemán y a los cuales Del Río “llegaba en helicóptero civil, pero siempre se presentaba uniformado”, con mapa en mano, se fijaron los puntos de ‘limpieza’ de focos guerrilleros.

“Yo era uno más dentro de esa brigada”, aseguró Mancuso y el ex jefe paramilitar Hébert Veloza, alias H.H, confirmó sus acusaciones: “No estoy de acuerdo con que a mí me digan ‘el monstruo de Urabá’ y al general Rito Alejo del Río lo llamen ‘El Pacificador’”, le dijo el ex jefe del Bloque Bananero de las autodefensas a una fiscal de Justicia y Paz. Y agregó: “¿Dónde está ese ‘pacificador’ que nos permitía movernos libremente por su jurisdicción? ¿Dónde está el que nos pasaba información a nosotros para que hiciéramos el trabajo sucio? ¿Dónde está el que enviaba a sus tropas a patrullar con nosotros y que nos abría las puertas de sus cuarteles?”.

En una reciente entrevista publicada en El Espectador, H.H confesó que en una ocasión entró a la Brigada XVII y secuestró a dos guerrilleros de las Farc que habían sido detenidos por el Ejército. “Yo los saqué de un calabozo con la complicidad del Ejército y me los llevé en el mismo carro de la Brigada, un trooper rojo carpado. Eran del V frente de las Farc. Los llevamos hasta Buenaventura y los desaparecimos”, confesó. El ex jefe de las autodefensas, próximo a ser extraditado a los Estados Unidos, le reveló a este diario que su bloque asesinó a más de 3.000 personas en el Urabá y el Valle del Cauca.

La polémica ha venido persiguiendo al general (r) desde hace dos décadas. El motivo siempre fue el mismo: sus presuntos vínculos con grupos de autodefensa. En 1988 fue sindicado de colaborar con grupos de justicia privada cuando se desempeñaba como comandante del Batallón Atanasio Girardot de Medellín. La Fiscalía profirió un inhibitorio en su favor. En 2001 fue detenido durante dos semanas y posteriormente puesto en libertad por hechos similares en relación con su supuesto apoyo a los grupos de autodefensa en  Urabá. Hoy vuelve a prisión, pero el delito que se le imputa no es de poca monta:  homicidio en persona protegida y de ser encontrado responsable podría enfrentar una condena de 40 años de cárcel.

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Rito Alejo Del Río
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