La política de recompensas, uno de los ejes de la Seguridad Democrática, encaminada a incentivar la colaboración de la ciudadania con el Estado en su lucha contra la insurgencia, el narcotráfico o el terrorismo, entre otros factores de violencia, es objeto de un minucioso proceso de reingeniería. Ante los obstáculos jurídicos para hacer más atractiva la cooperación con las autoridades, el Ejecutivo busca una fórmula para que quienes abandonen la violencia puedan ayudar y beneficiarse.
El propio presidente Álvaro Uribe Vélez lo reconoció el fin de semana anterior, al advertir en Cartagena que se está revisando la política de recompensas en un punto específico: “El porcentaje que se les puede otorgar a aquellos integrantes de grupos terroristas que entreguen dinero”. En otras palabras, establecer qué proporción de los dineros ilegales se puede dar a quien colabore con las autoridades, sin que por ello se pase por alto los requerimientos de la justicia.
Pero la inquietud no sólo está referida a porcentajes de dineros ilícitos concedidos por personas al margen de la ley. La naturaleza de la reforma en la política de recompensas está orientada también a persistir en una metodología que ya les ha dado resultados a las Fuerzas Militares: conceder beneficios jurídicos a guerrilleros que, en su acto de desmovilización, lo hagan entregando a personas secuestradas, tal como ocurrió con alias Isaza, quien facilitó la fuga del ex congresista Óscar Tulio Lizcano.
En la actualidad, están establecidas unas tarifas para los ilegales que colaboren con el Estado. Por ejemplo, si se denuncia un laboratorio para procesar droga, la bonificación puede estar entre $5 y $10 millones, y el precio para detectar testaferros está avaluado en $2 millones. La idea es reajustar estos valores, en especial, aquellos que permitan el regreso de secuestrados a sus hogares. Hoy, existe un criterio discrecional para la concesión de esas recompensas. El objetivo es garantizar ayudas específicas.
En particular, el caso de Karina, ex guerrillera de las Farc, obligó al Primer Mandatario a romper su silencio en la materia: “El Gobierno de Colombia les cumplirá, como le va a cumplir a Karina, como le ha cumplido a Isaza, como les ha cumplido a otros guerrilleros”, expresó el presidente Uribe Vélez en Cartagena, con un claro mensaje para advertir que, a pesar de las exigencias de la justicia frente al caso Karina, éste se está resolviendo jurídicamente para llegar a una excarcelación y seguir cumpliendo la palabra empeñada.
La polémica se originó por la decisión de un juez especializado de Manizales, que condenó a la ex comandante del frente 47 de las Farc a 33 años de prisión por el asalto al corregimiento de Arboleda, jurisdicción de Pensilvania (Caldas), que ocurrió en julio del 2000. Sin embargo, el propósito es que Karina, quien ya está postulada a la Ley de Justicia y Paz, gracias a sus confesiones y delaciones, pueda saldar sus cuentas con la justicia por una vía expedita, en este caso, una pena no mayor a ocho años de cárcel.
En el marco de la Política de Seguridad Democrática, la Administración Uribe le ha apostado a la desmovilización como una herramienta clave para debilitar a los grupos guerrilleros Según datos de esta cartera, entre 2002 y 2008, han dejado las armas 14.857 miembros de grupos subversivos, y en los 48 días que han transcurrido de este año, 381 han hecho lo mismo.
En 2002, sólo tres ideólogos de las Farc renunciaron a la guerrilla, mientras que en 2008 fueron 23. Igual ha pasado con los mandos medios: en 2002 se entregaron 18 y en 2008, 398. El suministro de datos, si bien no es un requisito para la desmovilización, también ha resultado para las autoridades una de las herramientas de mayor valor: 522 mandos medios y 4.105 guerrilleros rasos han podido ser judicializados gracias a información de sus ex compañeros. La desmovilización, considera el Gobierno, es contundente a la hora de evitar estragos.
En los últimos seis años, los guerrilleros han entregado 110 toneladas de explosivos, 8.831 minas antipersonal, 3.906 armas, 19 teléfonos satelitales, e incluso, una imprenta y un equipo portátil de odontología. El incremento de información se ha reflejado en el de los dineros cancelados por bonificaciones: mientras que en 2003 se pagaron $1.090 millones, en 2008 la suma fue de $4.054 millones. Pero para el Gobierno, siempre y cuando la estrategia siga dando frutos, la única posibilidad es la de fortalecer estos programas, y negociar con la justicia para que ésta no sea un obstáculo a sus propósitos.
Para ver el especial multimedia El Desarme de la Guerrila, haga clic AQUÍ