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Las industrias extractivas y mineras, los proyectos hidroeléctricos, el acaparamiento de tierras para la agroindustria a gran escala y la tala, generalmente asociada a madereros ilegales que entran en áreas protegidas o territorios indígenas, fueron las principales causas de los crímenes perpetrados.
“Uno de los factores subyacentes a todos los asesinatos fue la presión sobre la propiedad, el control o el uso de la tierra; por lo que muchas comunidades rurales se vieron sometidas a una violenta represión por parte de terratenientes y empresas con más poder que ellos”, dice el informe.
La lista la encabeza Brasil (con 50 asesinatos), Filipinas (con 33), Colombia (con 26), y Perú y Nicaragua (con 12 cada uno).
Los indígenas siguen siendo el sector más vulnerado. De los activistas y defensores asesinados el año pasado, 67 eran indígenas, lo que supone casi 40 % del total. Sólo en Colombia, se registraron nueve casos cuyos principales sospechosos, de acuerdo con grupos defensores de DD.HH, son grupos paramilitares que trabajan de la mano con élites políticas y empresarios locales.
“Los pueblos indígenas sufren actos de violencia relacionados con el conflicto armado que se está desarrollando en el país y han sido testigos de acaparamientos de tierras a gran escala y desplazamientos en sus territorios”.
Entre las varias denuncias, Global Witness advierte que la defensa del medio ambiente no solo está criminalizada, especialmente en países africanos, sino que además los autores de los asesinatos rara vez comparecen ante la justicia debido a que los gobiernos no investigan ni procesan adecuadamente por estos delitos.
“Muchas autoridades o bien cierran los ojos o impiden activamente la investigación de estos asesinatos por la connivencia que existe entre intereses corporativos y estatales. Esta arraigada cultura de impunidad facilita que se lleven a cabo más asesinatos porque los responsables saben que es poco probable que tengan que responder ante la justicia”, agrega el documento.