Desde el 7 de agosto, cuando asumió la Presidencia, Juan Manuel Santos dio claras muestras de lo que serían dos de los pilares fundamentales de su mandato: las relaciones internacionales y el manejo de la agenda legislativa. Hoy, el gobierno de la Unidad Nacional se ha venido anotando —continua y gradualmente— pequeñas victorias que le han dado credibilidad. La semana que termina logró que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le diera la bendición al Tratado de Libre Comercio (TLC) y hoy, concluyendo lo que el mismo primer mandatario ha calificado como una “semana histórica”, se reunirá en Cartagena con su homólogo venezolano Hugo Chávez para ratificar ese buen camino en las relaciones binacionales.
Lo que bien puede considerase como la ‘gira del éxito’ se inició el martes pasado, cuando durante su estancia en Estados Unidos se firmó un documento para la profundización de la integración con el gobierno mexicano. Al día siguiente se supo del fallo de la Corte Constitucional dándole vía libre a la Cancillería para el envío de notas a Canadá ratificando el TLC con ese país.
A su vez, la agenda legislativa continúa sin inconvenientes. La mesa de Unidad Nacional reaccionó eficientemente para subsanar, con proyectos de ley, el vacío que dejó la caída de la segunda emergencia económica y social por el invierno. El proyecto de ley de víctimas está de un ala en la Comisión Primera del Senado y el martes se le daría paso a su última instancia en plenaria. Las iniciativas de seguridad ciudadana y estatuto anticorrupción ya tienen forma. Y la reforma al Estado, que Santos pretende adelantar gracias a las facultades extraordinarias que le concedió el Legislativo, avanza en múltiples frentes ministeriales.
El director del Partido Liberal, Rafael Pardo, reconoció el acierto del Jefe de Estado en las relaciones internacionales y calificó su gestión de “constructiva, pragmática y enfocada en los intereses de Colombia”. El presidente —según Pardo— “ha mostrado en muy poco tiempo que tiene la capacidad de destrabar el TLC con Estados Unidos. No ha improvisado y ha demostrado que tiene un plan de acción en las relaciones con Ecuador y Venezuela”.
Por su parte, el presidente de la U, Juan Lozano, sostuvo que “la Unidad cada vez está más fortalecida y trabajando por los intereses de los colombianos”. Y el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, de cuya lealtad algunos llegaron a dudar y cuando se dio su nombramiento dijeron que era como poner el ratón a cuidar el queso, afirmó que la clave ha sido: “compromisos claros, deseos de que las cosas avancen y una agenda legislativa impulsada gracias al compromiso de los partidos”.
Luis Fernando Velasco, senador liberal, cree que la “fórmula mágica” ha sido una agenda legislativa de talante liberal y respetuosa de los Derechos Humanos: “Cuando uno hace su tarea obtiene buenos resultados”. Incluso el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó ayer, en un hecho histórico, las “notables mejoras” en la situación de Derechos Humanos en el país durante 2010, un tema que siempre les ha traído dolores de cabeza a los gobiernos de turno.
Que hubo un cambio de estilo, que el optimismo crece y que la polarización del pasado sólo es añoranza de unos pocos, eso no lo niega nadie. Que hay inconformismo por el resurgir de la violencia guerrillera en algunas regiones y la inseguridad en las ciudades, es algo que mortifica. Que no se sabe cómo saldrán del Congreso proyectos como el de víctimas, ni si podrá cumplirse con tantas expectativas en restitución de tierras, es verdad. Pero lo cierto es que como se dice coloquialmente: ‘a Santos, por ahora, nadie le quita lo bailao’.
Comercio y Makled, temas de hoy en reunión con Chávez
El encuentro que sostendrán hoy en Cartagena los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y Venezuela, Hugo Chávez, se centrará en diseñar un nuevo marco que regule el comercio bilateral y la extradición del narcotraficante venezolano Walid Makled a Caracas.
Según se conoció, teniendo en cuenta que hacia finales de abril se concreta la salida de Venezuela de la Comunidad Andina (CAN), el vecino país ofrecerá un acuerdo con vigencia de cinco años, comercio libre para algunos sectores y para otros unas preferencias arancelarias que serían móviles dependiendo del abastecimiento de su mercado. En cuanto a Makled, se espera que Santos le ratifique a Chávez su promesa de extraditarlo a Venezuela.
Reforma a la justicia, hasta julio
Aunque la esperada reforma a la justicia sólo será presentada, por solicitud del presidente Juan Manuel Santos, hasta el 20 de julio, ya existe un principio de acuerdo entre Congreso, Gobierno y, parcialmente, Rama Judicial. Tras un encuentro en Anapoima —clausurado el viernes por el primer mandatario— entre los voceros de la mesa de Unidad Nacional, los legisladores de las comisiones primeras de Senado y Cámara, y el ministro del Interior y Justicia, se acordó dicho aplazamiento para no poner en riesgo el trámite de otros proyectos clave en la actual legislatura.
La reunión, sin embargo, sirvió para conocer hacia donde camina ya dicha reforma. Por ejemplo, nuevamente quedó sobre el tapete la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, propuesta sobre la cual los presidentes de las altas cortes han manifestado abiertamente su oposición. El proyecto contempla la supresión de este tribunal para crear el Consejo Superior Judicial, que estaría compuesto por una Sala de Gobierno y una de Gerencia.
La de Gobierno la integrarían los tres presidentes de las cortes, un delegado de cada uno de los altos tribunales y un delegado de los magistrados y jueces. Sus funciones serían organizar los tribunales del país, regular trámites, dictar su reglamento y proponer proyectos de ley. La Sala de Gerencia sería completamente independiente de los temas jurisdiccionales y quien la tenga a su cargo deberá ser un profesional en ciencias administrativas y financieras.
Otro asunto sobre el cual el mismo presidente Santos reconoció las complejas discrepancias es la modificación a la acción de tutela: “Se sabía que no iba a haber consenso en el tema, pero el Congreso debe tomar una decisión sobre cuál es la fórmula que se debe acatar. El Gobierno ha venido esbozando una posición, pero acá hay toda la disposición a escuchar argumentos para encontrar consenso”, afirmó. La propuesta contempla que para interponer tutela contra sentencias judiciales es necesario contar con un abogado y que las de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado sólo se podrán interponer en esos mismo tribunales para evitar el choque de trenes.
Por su parte, el Congreso no quiere dejar pasar por alto la oportunidad de contar con doble instancia para su juzgamiento y aunque la primera idea contemplaba que la Corte Suprema tuviera salas para investigación y juzgamiento independientes, y una tercera de segunda instancia, finalmente volvió a coger fuerza la propuesta de un ‘supertribunal’ para aforados.
Para el viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, la comprobada ineficiencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara es la muestra de que resulta necesaria la conformación de este tribunal.