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Ocho días después del fallo del Tribunal de Bogotá que confirmó la condena del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, la tormenta política no parece amainar. La solicitud de que la Corte Penal Internacional revise la responsabilidad del expresidente Belisario Betancur en el holocausto del Palacio de Justicia, o de que el Ejército pida perdón, atizó una controversia que ha venido cocinándose con los años. La exfiscal del caso, Ángela María Buitrago, dio su opinión sobre el fallo, les puso los puntos sobre las íes a quienes buscan polarizar aún más el ambiente y criticó al jefe de Estado. Así se despachó con El Espectador.
Después de más de 26 años, uno pensaría que las heridas del holocausto del Palacio de Justicia ya habrían cicatrizado. El fallo del Tribunal de Bogotá demuestra que este episodio, muy al contrario, sigue polarizando al país. ¿Por qué?
Hay una negativa a admitir que las cosas sucedieron como sucedieron. Pero, además, hay una posición política desde el año 85 hasta hoy que sigue intacta: no investigar esos hechos.
El presidente Santos fue el primero en criticar la sentencia. ¿Cómo interpreta eso?
Esa posición del presidente es una negación de la independencia de la Rama Judicial, una presión para los funcionarios y una indebida intromisión en una decisión que tiene que ser acatada. Las sentencias no se atacan por los medios y menos cuando el presidente Santos hizo tales afirmaciones ante menores de edad, enseñándoles a los niños a disentir de esa manera tan absurda dentro de un Estado de derecho, lo cual me parece todavía más aberrante.
¿Cree que las críticas del presidente y el ministro de Justicia ponen en aprietos a los magistrados?
Aquí el Estado se está acostumbrando a acorralar a la justicia y a generar estos espacios, en un Estado tan convulsionado, para lograr sus objetivos. No solamente lo hizo este presidente, también lo hizo su antecesor. Uno puede disentir de las decisiones, pero no puedo utilizar el poder del Ejecutivo para hablar contra unos magistrados ni generar la polarización que hay contra ellos, porque también se hace responsable de lo que les suceda.
Lo curioso es que antes de criticar la sentencia se oye decir “con todo respeto por el fallo…”.
Eso no sólo es un eufemismo, sino una antinomia completa: si yo acato no puedo disentir de esa manera. Aquí hay una preferencia, se les aplica el derecho a unos y a otros no. O todos se sancionan por los mismos comportamientos o no se sancionan. Y si hay un acuerdo político para no sancionar, que se haga evidente; pero no pueden sancionar a los jueces que están aplicando la ley.
¿Tiene asidero la decisión de recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI) para que revise la responsabilidad del expresidente Betancur?
Las normas que nos rigen son las de investigar los delitos de lesa humanidad, cométalos quien los cometa, que están enmarcados en la CPI. De allí parte la interpretación de los magistrados, que a mi modo de ver es correcta. El delito de desaparición forzada, al igual que el de secuestro, es de ejecución permanente. Estos hechos pudieron haber ocurrido en los años 80, 90 ó 2000. Pero mientras no aparezcan los desaparecidos, el delito se sigue prolongando. La sentencia busca justicia frente a un delito inadmisible.
Lo cierto es que pedirle a la CPI que revise el caso es aceptar que la Comisión de Acusación de la Cámara es un desastre.
Esa discusión no la abrió el Tribunal de Bogotá, sino el mismo Gobierno cuando planteó desmantelarla por absoluta ineficacia. En la sentencia se dice claramente que allá se emiten decisiones políticas y lo que se requiere en delitos de lesa humanidad son decisiones judiciales.
Qué curioso. Los jueces siempre exigen respeto por sus fallos, pero cuando los congresistas profieren decisiones en la Comisión de Acusación, entonces ahí sí no. ¿Al fin qué?
La pregunta es si esos fallos fueron objeto de investigación o no y si corresponden a pautas de acuerdos políticos en un momento dado, para realizar las investigaciones o no. Los magistrados del Tribunal tienen toda la evidencia, así como la tuve yo, cuando vi que archivaron de plano en la Comisión de Acusación por un acuerdo político. Pero normas internacionales han dicho que no importa que haya fallos absolutorios. Si hay hechos que demuestran que el caso no se investigó como se debía, hay derecho a reabrir esas investigaciones.
Colombia queda en un hoyo negro. Por un lado reconoce los tratados internacionales, pero la Constitución le confiere a la Comisión de Acusación juzgar a los presidentes. ¿Entonces?
El Tribunal de Bogotá nunca le ha faltado el respeto a la competencia de la Comisión de Acusación. Lo que ha dicho es que su investigación ha sido inane. Mire, le han atribuido al Tribunal esa sugerencia de que la Comisión de Acusación no sirve para nada, cuando eso lo ha dicho el propio Gobierno al buscar reformarla, cuando ha sido debate político de más de dos períodos.
En su criterio, ¿esto no comprueba la necesidad de aplicarle los santos óleos a la Comisión de Acusación?
Por su propia estructura es muy difícil que la Comisión realmente investigue, no tiene personal para hacerlo, mire todos los problemas que ha tenido para ordenar los expedientes. Yo no sé si sea el mecanismo adecuado. Pero, además, la función política y el juicio judicial son diferentes. Uno no puede juzgar en términos políticos siendo funcionario judicial, ni puede mirar en términos judiciales siendo funcionario político. Ahí está el problema.
Los familiares de las víctimas del Holocausto dicen que es una burla que el Tribunal le ordene al Ejército pedir perdón y que termine el presidente Santos pidiéndoles perdón a ellos y al expresidente Betancur. Perdóneme, ¿cuál es su opinión?
No sé si él quiera pedirle perdón al Ejército, pero lo único cierto es que lo hizo con ocasión de esta sentencia en tono de burlarse de los magistrados y en tono de refutar la decisión judicial. Él puede defender a quien quiera, pero no puede utilizar un fallo para atacar la institución como la atacó. ¿Qué tal que mañana la Rama Judicial salga a burlarse de una decisión del Gobierno? Eso genera un mensaje: que la justicia es ridícula.
El procurador dijo que aceptar la intervención de la CPI en Colombia sería ponernos al nivel de Kenia o el Congo…
Me parece absurda la comparación. Allá también hay justicia. Si está más o menos adelantada es otro tema, pero tampoco se puede ofender a otros países por salvar el nuestro.
A muchos de los que han intervenido en este proceso los han tildado de guerrilleros o de afines a la guerrilla. ¿Qué opinión tiene usted del Ejército de Colombia?
Lo adoro. Es más, yo alfabeticé en el Ejército, tengo amigos allá. Es que no han querido entender: esto no es contra el Ejército. Uno no puede macartizar al otro y convertirlo en enemigo por querer decir que tiene la verdad. Uno puede probar que tiene la verdad sin necesidad de hablar de guerras políticas, ideológicas ni de absolutamente cualquier índole. Aquí ese discurso lo ha utilizado el coronel (r) Plazas Vega para confundir a la opinión pública. No se trata de si se es guerrillero o no, si se es verde o azul. Se trata de que se desapareció y se torturó a unas personas. Si lo hizo el verde o el azul es igual de reprochable. Mucho más cuando lo hacen miembros de una institución que está edificada para proteger la vida y honra de las personas.
¿Dice usted que hay interesados en polarizar cada vez más este debate judicial?
Sí, y algunos medios se han prestado para que ese discurso se disperse. Pero me parece que no pueden ser tan irresponsables ni los medios ni las personas interesadas en seguir afirmando que ahora los magistrados también pertenecen a un grupo particular porque fallaron de una u otra forma. Y es responsabilidad del Estado proteger la dignidad y la seguridad de ellos.
¿Por qué a Colombia le cuesta tanto poner sobre el banquillo a sus militares?
A mí me parece que no es a Colombia, sino a unos grupos de poder en particular que tienen intereses y acceso a medios. Pero aquí siempre se ha generalizado. ¿Cuál Colombia? Yo creo que la gente ya dice: “¡Ay, Palacio de Justicia otra vez!”. Pero los grupos de poder sí buscan polarizar.
¿Hubo más personas que salieron con vida del Palacio y luego aparecieron muertas adentro, como el caso del magistrado Carlos Urán?
Ese es un tema que yo no puedo contestar, pues goza de reserva. Cuando salí de la Fiscalía ese tema estaba en investigación.
Después de lo que le tocó como fiscal en un caso que aún genera tanta controversia, ¿por qué le dio por meterse en el berenjenal de la Personería de Bogotá?
Porque creo que todavía puedo aportar algo. La politiquería nos ha llevado al estado en el que estamos: está demostrado en sentencias que en muchas regiones se vendió el país a los paramilitares por hacerse a un puesto político, que se dieron masacres por tener un cargo público o para gozar de sus beneficios. No puedo entender cómo pueden acabar una ciudad en contravía de todos los intereses de los ciudadanos. Me metí en este lío no por ganarme un puesto, porque no estoy buscándolo, simplemente quiero aportar y no quiero que este sea el futuro ni de mis hijos, ni de mis nietos ni de mis estudiantes.
Hablando del carrusel de la contratación en Bogotá, ¿se da cuenta de que 19 concejales llamados a interrogatorio podrían elegirla?
Yo sigo creyendo en la presunción de inocencia, independientemente de a quién elijan. El tema no es si están llamados o no a interrogatorio, el tema es que en su integridad el político asuma con conciencia su corresponsabilidad en todo lo que sucede frente a su cargo. Hay gente honesta y decente en el Concejo.