6 May 2010 - 4:39 a. m.

El expediente que enreda al gerente de Juan M. Santos

Fiscalía llamó a juicio a José Roberto Prieto Uribe por supuestas maniobras para burlar una condena de la Corte Suprema de Justicia.

Redacción Judicial

El nuevo gerente de la campaña Santos Presidente, José Roberto Prieto Uribe, encargado ni más ni menos que de estructurar la plataforma logística y el manejo de los millonarios recursos para financiarla, afronta un lío judicial de marca mayor por incumplir una condena laboral que impuso la Corte Suprema de Justicia en contra de la empresa Radiodifusores Unidos S. A., firma de la cual era representante legal, por el despido injustificado de dos trabajadores. Una fiscal del Tribunal Superior de Bogotá lo acusó el pasado 14 de abril del delito de fraude a resolución judicial. Tres de sus hermanos corrieron la misma suerte en calidad de presuntos cómplices.

El Espectador conoció detalles del expediente que hoy suma un nuevo ‘pero’ a la campaña del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, salpicada desde el lunes pasado de toda suerte de reparos por la súbita llegada del asesor venezolano J. J. Rendón. Ese mismo día se oficializó el nombre de José Roberto Prieto Uribe como gerente en reemplazo del ex secretario general de la Presidencia Alberto Velásquez —quien renunció, precisamente, por la integración de Rendón al equipo Santos—. Aunque el candidato del Partido de la U reconoció en diálogo con La W que Prieto le dijo, antes de aceptar el cargo, que tenía un proceso en la Fiscalía, advirtió que confiaba en su honorabilidad y que lo apoyaba. No obstante, nada trascendió de sus enredos con la justicia.

Esta historia inició en diciembre de 1994, cuando fueron despedidos de la empresa Radiodifusores Unidos Ivonne Patricia Hernández y Juan Manuel Ortiz Noguera. Ellos alegaron que los echaron sin justa causa y reclamaron la reliquidación de sus prestaciones sociales, comisiones de ventas, aportes al Seguro Social y una indemnización. Los demandantes alegaron que la compañía, que prestaba servicios de publicidad, disminuyó sus ingresos como retaliación por no haber aceptado condiciones desventajosas que pretendían imponerles “al retenerles ilegítimamente comisiones de ventas, negarse a reliquidarles prestaciones sociales u obligarlos a suscribir un contrato simulado paralelo de prestación de servicios”.

La batalla legal en primera instancia la resolvió el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá. El 21 de marzo de 2002 condenó a la firma de José Roberto Prieto por el despido injusto de sus empleados. La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el 21 de febrero de 2003. Y para más señas, el 20 de mayo de 2004 la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de Gustavo José Gnecco, le puso fin al pleito y reiteró la sentencia en contra de Radiodifusores Unidos. De acuerdo con los demandantes, los daños y perjuicios causados ascienden a cerca de $1.000 millones. Sin embargo, no sólo nunca se les canceló ese dinero sino que, en criterio de la Fiscalía, José Roberto Prieto Uribe y sus hermanos Alberto, Mauricio y Ana Cristina se valieron de maniobras para burlar la condena impuesta.

Como la indemnización nunca llegó, los demandantes acudieron a la justicia penal. Cinco años después del fallo de la Corte Suprema, la Fiscalía 188 seccional acusó al hoy gerente de la campaña de Santos. Su defensa apeló, pero la decisión quedó en firme el pasado 14 de abril, cuando la fiscal Marta Elena Parra concluyó que Prieto Uribe hizo todo lo posible por esquivar la orden judicial, al punto de insolventarse. Al conocer de la millonaria condena laboral, Prieto conformó una nueva empresa llamada Marketmedios S. A. con sus hermanos, trasladó sus clientes y parte del personal de la liquidada Radiodifusores Unidos, y vendió la propiedad donde funcionaba su firma.

Cronológicamente ocurrió así: el 2 de abril de 2003, 11 días después de que el Tribunal de Bogotá condenara a su empresa, la sociedad que representaba José Roberto Prieto Uribe vendió sus inmuebles, como consta en escritura pública N° 0525 de la Notaría 44 de Bogotá. Por esa razón, cuando los demandantes intentaron congelar las cuentas de Radiodifusores Unidos para garantizar su indemnización, sólo pudieron embargar la razón social de la empresa. Luego la Fiscalía descubrió que se urdió todo un plan para defraudar a los demandantes, pues si bien vender unos inmuebles no constituye un acto ilícito, éste aparece cuando la finalidad es engañar a la administración de justicia. En síntesis, la columna vertebral de la acusación contra Prieto y sus hermanos es que modificaron el nombre de su empresa y vendió sus activos para no pagar.

El ente acusador no creyó los argumentos expuestos por Prieto Uribe cuando dijo que su compañía atravesaba problemas económicos, que por ello se vio obligado a cerrarla, y que en el entretanto se dedicó a dirigir la fundación Buen Gobierno, creada por Juan Manuel Santos. Asimismo, en opinión de la Fiscalía, las ofertas a los trabajadores despedidos para buscar una conciliación fueron irrisorias. Mauricio, Alberto y Ana Cristina Prieto negaron conocer la condena en contra de la empresa de su hermano. Otra cosa estableció la Fiscalía, que determinó que la finalidad de la creación de Marketmedios no fue otra distinta que contribuir a esquivar el pago de las acreencias laborales a las que fue condenado José Roberto Prieto Uribe.

Critica la Fiscalía que se recurrió a toda clase de maniobras para desaparecer legalmente Radiodifusores Unidos, transformarla de un plumazo en la firma Marketmedios y así sustraerse de su obligación. El hoy gerente de la campaña de Santos le explicó a la justicia que con la venta del inmueble de su empresa de publicidad se pagaron algunas deudas; sin embargo, en el proceso no se probaron ni sus compromisos ni el destino que se le dio al dinero por la venta de la propiedad donde funcionaba Radiodifusores Unidos S. A. Por eso, la Fiscalía lo acusó del delito de fraude a resolución judicial y llamó a juicio a sus hermanos en calidad de cómplices. Fue un acuerdo previo de voluntades para burlar el cumplimiento de una resolución judicial, advirtió la fiscal Marta Elena Parra.

El Espectador intentó comunicarse con José Roberto Prieto Uribe, pero no fue posible contactarlo. Es paradójico, sin embargo, que el hombre encargado de manejar las finanzas del candidato presidencial del uribismo tenga cuentas pendientes con la justicia por, presuntamente, haberse negado a pagarles a dos de sus ex empleados la indemnización que les correspondía por un despido injusto. Su expediente, qué duda queda, se convierte en un distractor más de la campaña de Juan Manuel Santos. Seguramente se verá obligado, como lo hizo con J. J. Rendón, a defenderlo porque, como dijo hace dos días, confiaba en su inocencia y honorabilidad.

Enredados con el 8.000

En julio de 1995, cuando Santiago Medina rindió indagatoria en el marco del escandaloso Proceso 8.000, el nombre de Radiodifusores Unidos S. A. y de José Roberto Prieto Uribe saltaron a la arena pública. Según el ex tesorero de la campaña presidencial de Ernesto Samper, la compañía publicitaria habría recibido dineros calientes provenientes del cartel de Cali y, a su vez, habría aportado recursos para la campaña de Samper que nunca fueron registrados en los libros.

Prieto Uribe, por su parte, negó las acusaciones de Medina y dijo que su empresa había recibido pagos por casi $600 millones por sus servicios publicitarios, exclusivamente. Dijo, además, que su relación con la campaña presidencial y con el propio Medina fue mínima. De hecho, se vio obligado a declarar ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que procesaba  al presidente Ernesto Samper. Sus explicaciones fueron satisfactorias para la justicia.

Facsímil del fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra de José Roberto Prieto Uribe.

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