3 Sep 2008 - 3:08 a. m.

El general Del Río en su laberinto

El accidentado derrotero de un proceso que divide al país: el caso Rito Alejo del Río.

Redacción Judicial

El caso del general (r) Rito Alejo del Río vuelve y juega. Desde hace una década, este controvertido ex oficial del Ejército es el centro de la polémica pública entre las organizaciones de Derechos Humanos y los defensores de la Fuerza Pública. Ahora es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la palabra para determinar si el ex comandante de la brigada XVII del Ejército, con sede en Urabá, debe o no ser procesado por sus presuntas relaciones con los grupos paramilitares.

Sin embargo, no es una decisión de poca monta. No sólo porque la Corte Suprema de Justicia tendría que dejar sin efectos una absolución decretada por la Fiscalía, sino porque el caso mismo reabre un encendido debate con toda clase de ingredientes desde lo puramente jurídico hasta lo político. Un expediente con señalamientos, tutelas y hasta retractaciones, al que se han sumado en los últimos años tres testimonios de jefes paramilitares que han comprometido al general Del Río en sus acciones ilícitas.

Aunque la gestión del general (r) suscitó polémica desde los años 80 por tratarse de un ex oficial metido de lleno en la confrontación armada, el centro de la discusión se sitúa en su paso por la comandancia de la brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa (Antioquia), entre diciembre de 1995 y diciembre de 1997. En dicha época, como está documentado, en la región de Urabá y en el bajo Atrato antioqueño se incrementó notablemente el conflicto y el paramilitarismo desarrolló una violenta ofensiva que afectó a las comunidades.

Paradójicamente, el primero en señalar al general (r) Del Río fue su segundo al mando, el coronel Carlos Alfonso Velásquez, quien remitió un informe a la comandancia de las Fuerzas Militares, para decir que, desde su llegada a Urabá en junio de 1996, había notado que se dejaba de actuar contra los paramilitares y que Del Río lo había relegado progresivamente. Después fue la alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, quien acudió a la Fiscalía para denunciar que desde la llegada del general (r) Del Río a Urabá la violencia paramilitar se había desbordado.

El 19 de enero de 1999, durante la gestión de Alfonso Gómez Méndez, un fiscal de Derechos Humanos abrió investigación contra el ex alto oficial y, apenas dos meses después, el ex soldado Oswaldo Giraldo Yepes, quien estaba detenido por porte ilegal de armas y había formado parte de los batallones de Urabá, acudió a la justicia y formuló graves acusaciones contra el general (r) Del Río, de quien dijo haber oído que tocaba trabajar con los paramilitares porque ellos eran el 80% de colaboración para dar bajas en la región.

El 10 de abril de 1999, por decisión del presidente Andrés Pastrana, el general Rito Alejo del Río fue desvinculado del Ejército. Entre tanto, la Fiscalía siguió recaudando testimonios y pruebas, hasta que el 21 de julio de 2001 declaró abierta la instrucción penal, llamó a indagatoria al ex oficial y se libró orden de captura en su contra. Diez días más tarde, se produjo el relevo en la Fiscalía y asumió como jefe del ente investigador Luis Camilo Osorio. Entonces, empezó a tambalear el proceso contra Del Río.

El ex fiscal Osorio sigue sosteniendo que nunca desautorizó a la fiscal Lucía Luna cuando dictó la medida de aseguramiento contra el general (r) Del Río y que su libertad fue ordenada por un juez a través del recurso de hábeas corpus. El entonces coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Pedro Díaz, le comentó a El Espectador que, por el contrario, Osorio sí intervino para decirle que eso era una injusticia, razón por la cual él renunció a su cargo, lo mismo que el entonces vicefiscal Pablo Elías González.

Lo cierto es que un juez dispuso que por asunto de fuero la investigación debía adelantarla la Unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y así se hizo en agosto de 2001. El caso pasó al despacho del delegado y hoy vicefiscal Guillermo Mendoza Diago, quien escuchó en indagatoria a Del Río en diciembre de 2001. Seis meses después, la Procuraduría, en cabeza de Edgardo Maya, abrió investigación disciplinaria contra el ex oficial, pero en diciembre de 2002 lo absolvió de todos los cargos.


Para ese momento se había presentado una novedad. El ex soldado Giraldo Yepes, testigo clave del caso y quien había aportado detalles de la estrecha colaboración del general (r) Del Río con los paramilitares, se retractó el 25 de julio 2002, y en sucesivas declaraciones aseguró que había acusado al alto oficial porque la Fiscalía le ofreció enviarlo a Estados Unidos con su familia. Según los organismos de Derechos Humanos, no fue una retractación sino una declaración por amenazas.

La controversia continuó al rojo vivo hasta que en sendas decisiones la Fiscalía General de la Nación absolvió a Del Río. Inicialmente, en mayo de 2003, el delegado Mendoza Diago se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento en su contra; y en segunda instancia, el 9 de marzo de 2004, el propio fiscal Luis Camilo Osorio, ordenó precluir la investigación al considerar que no había pruebas para acusarlo por los delitos de concierto para delinquir y peculado. Pero la polémica jurídica y política, lejos de concluir, apenas empezaba.

Las organizaciones de Derechos Humanos nunca abandonaron el tema y de donde menos se esperaba aparecieron nuevos señalamientos. En desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, en distintos momentos, tres jefes paramilitares acusaron al general (r) del Río. El primero fue Salvatore Mancuso, quien afirmó que Del Río fue el artífice de la expansión paramilitar en Urabá y que el ex oficial participó en dos reuniones con Carlos Castaño y alias El Alemán en Tierralta (Córdoba) y en San Pedro de Urabá.

Después fue Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, quien ratificó los señalamientos contra Del Río. Y luego vino Hébert Veloza, alias HH, quien en reciente entrevista con El Espectador observó: “Rito Alejo bajó mucho donde Castaño, a fincas en límites entre Córdoba y Urabá. La Fuerza Pública estaba muy amarrada para combatir a la guerrilla (...) es ahí cuando el Ejército se vincula con nosotros y comenzamos a patrullar y a hacer operaciones conjuntas. Los resultados iban en beneficio del Ejército”.

Súbitamente, el pasado lunes la Procuraduría le solicitó a la Corte reabrir el caso contra el general (r) Del Río y ayer, durante una conferencia judicial convocada por Andiarios y la SIP, el fiscal Mario Iguarán reveló que él fue quien, informalmente hace seis meses y de manera formal hace uno, le pidió al Ministerio Público que tramitara ante la Corte Suprema la revisión del proceso contra el ex oficial. Lo cierto es que los dos organismos que lo absolvieron, hoy buscan que el máximo tribunal de la justicia ordinaria dé vía libre para volver a encausar al ex comandante de la brigada XVII en Urabá.

La acción de revisión

El procedimiento que pretenden la Procuraduría y la Fiscalía para reabrir el caso Del Río es a través de la publicación de un recurso extraordinario de revisión, instancia a la que tiene competencia la Corte Suprema de Justicia. Esta medida raras veces procede, pero, por tratarse de un expediente que incluye episodios de lesa humanidad, podría dar lugar a revocar la preclusión que ya tiene en su poder el general (r) Del Río desde marzo de 2004. La Corte Constitucional ha dictado doctrina para advertir que en aquellos casos en que exista impunidad frente a violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, puede obrar la acción de revisión. Ahora queda en manos de la Corte Suprema de Justicia una de las decisiones más controvertidas de la justicia penal en la última década: el caso Rito Alejo del Río y los paramilitares de Urabá.

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