Un ambiente sombrío y de incertidumbre se vive hoy en Santa Marta y el departamento del Magdalena, de cara al proceso electoral de octubre próximo, en el que se elegirán autoridades locales y regionales. Una serie de amenazas de muerte e intimidaciones contra tres candidatos a la Alcaldía se han presentado en los últimos días, al parecer, por uno de los tantos grupos armados al margen de la ley que operan en la zona.
Los ataques han sido dirigidos a través de correos certificados y electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes en las redes sociales de Twitter y Facebook, alimentando el miedo que ya impera desde que la Registraduría, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtieron en varios informes que el Magdalena es uno de los lugares del país donde más existen posibilidades de fraude electoral y hechos de violencia.
La más reciente amenaza de muerte se presentó en contra de Carlos Eduardo Caicedo Omar, candidato a la Alcaldía de Santa Marta por el Partido Liberal y exrector de la Universidad del Magdalena, quien recibió un panfleto firmado por ‘Los Urabeños’, en el que le ordenan retirar su aspiración: “No queremos obstáculos y tú eres uno de ellos, si insistes te pegamos la cara al piso”, le dicen. Una situación que hoy lo tiene cavilando sobre si seguir o no en campaña. “No es solamente esta amenaza de muerte. Apenas nos inscribimos, recibimos ataques de parte de actores políticos, de un medio radial, de un medio impreso (…) Si no hay medidas de protección, si no hay garantías ni condiciones, es difícil continuar”, dijo Caicedo Omar.
El segundo hecho irregular se dio en contra de Liliana Selene Martínez Chimá, también candidata a la Alcaldía por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico). Desde abril pasado, antes de inscribirse, recibió la “orden” de hacerse a un lado. “Nos dieron 24 horas para retirarnos, pero nunca hemos pensado en hacerlo. La denuncia reposa en la Fiscalía”. Según indicó, la noticia no se conoció porque no quiere hacerles eco a las bandas criminales ni basar su candidatura en amenazas. Hasta el momento las autoridades no han develado ninguna pista sobre la procedencia de las intimidaciones.
El tercer aspirante a la Alcaldía amenazado es Alejandro Palacio Valencia, del Partido Conservador. El arquitecto y empresario recibió varias llamadas telefónicas en la que miembros de grupos al margen de la ley le dijeron que tenía que tomar posición al lado de ellos, ya que en últimas serán quienes van a direccionar la política de la ciudad. “Debe haber mayores garantías por parte de las autoridades para minimizar los riesgos de los candidatos. No nos vamos a dejar intimidar por situaciones como estas”, expresó Palacio Valencia, al referirse a los mensajes que ha recibido.
Trasteo de votos y violencia
Lo cierto es que hoy el panorama electoral en el Magdalena es uno de los más críticos. El más reciente mapa de riesgo por trasteo de votos elaborado por la Registraduría Nacional lo ubica en el puesto número siete y en las pasadas elecciones el porcentaje de votos anulados fue del 21,99%. Por su parte, de acuerdo con el reciente Informe Especial de Riesgo Electoral de la Defensoría del Pueblo, los grupos delincuenciales conocidos como ‘Las Águilas Negras’, ‘Los Paisas’, ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’, “tratarán de construir o mantener alianzas con sectores políticos que les faciliten el desarrollo de las actividades ilícitas”. Pero además, la Defensoría advirtió que las acciones violentas, el constreñimiento y la corrupción a los sufragantes pueden ser tan sutiles que podrían pasar desapercibidas.
Lo que llama mucho la atención es que las autoridades policiales digan que hasta el momento no han detectado la intromisión en política de las bandas criminales. Consultado por El Espectador, el coronel César Fernando Granados, comandante de la Policía en el Magdalena, indicó que las garantías están dadas para las elecciones, que se están haciendo los respectivos estudios de riesgo y que se les ha asignado el esquema de protección a los candidatos que así lo ameritan. “No hemos encontrado intenciones de estos grupos de querer incidir en el tema político (...) ellos tienen otras intenciones, como son el microtráfico de drogas y el tema de la extorsión, que son los delitos con los que han estado relacionados”, explicó.
Paralela al tema electoral y las amenazas a los candidatos camina la ola de violencia y sicariato que recorre las calles de Santa Marta. El pasado mes de julio se cometieron 30 crímenes, según el reporte de los medios de comunicación locales, basados en las cifras que manejan las autoridades policiales. En junio, la ciudad se vio conmocionada con el homicidio de tres abogados y una jueza. En los barrios populares se conoce de volantes firmados supuestamente por las ‘bacrim’ contra comerciantes y personas del común. Y hace tres semanas, en el municipio de Ciénaga circularon varios panfletos amenazando al actual alcalde y a quienes están haciendo política local.
¿Y el liderazgo político?
Como sucede en muchas otras regiones de Colombia, al Magdalena atraviesa por una profunda crisis política y el horizonte se muestra colmado de negros nubarrones. Quienes en un momento asumieron el liderazgo administrativo terminaron en la cárcel o van para ella. Los exgobernadores José Domingo Dávila Armenta, Jorge Luis Caballero Caballero y Trino Luna Correa fueron sancionados disciplinariamente y condenados por vínculos con grupos paramilitares. Y Ómar Diazgranados Velásquez (heredero político de Trino Luna) fue suspendido este año por la Contraloría y Procuraduría por desviación de fondos.
Sin embargo, el poder es algo que muchos no están dispuestos a perder y el respaldo de quienes hoy están cuestionados a candidatos de uno u otro sector ha sido comidilla diaria en los mentideros políticos samarios y escándalo mediático. Recientemente, Luis Miguel Cotes, aspirando a la Gobernación, perdió el aval del Partido Liberal porque trascendió a la opinión que era el heredero de Trino Luna y Ómar Diazgranados. José Luis Pinedo Campo, quien aspira también a dirigir los destinos del Magdalena, es hijo del senador Miguel Pinedo Vidal, preso por parapolítica y ahora salpicado en el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Otros candidatos también han sido cuestionados. Joaquín Gutiérrez Caballero es familiar de Enrique Caballero Aduén y Jorge Caballero Caballero, condenados por parapolítica. Y dicen que Liceth Peñaranda, exdefensora del Pueblo, tiene el respaldo de Luis Vives Lacouture, también condenado por vínculos con paramilitares.
En cuanto a Santa Marta, el panorama es igual de desalentador. José Francisco Zúñiga Riascos, exalcalde 2004-2007, fue condenado por haber recibido apoyo del extraditado jefe paramilitar Hernán Giraldo. Hugo Gnecco Arregocés, también exburgomaestre de la capital magdalenense, fue condenado a 10 años de prisión por un multimillonario desfalco y ha sido señalado por alias La Tetona de haber recibido apoyo de las autodefensas.
En este panorama sombrío y de incertidumbre se desarrolla la contienda electoral en Santa Marta y el Magdalena. Hace apenas unos días, una mano negra llegó y se presentó en forma de aviso publicitario en las páginas de Hoy, diario del Magdalena, un reconocido periódico de la ciudad. El anuncio está dirigido a los samarios, señala que se debe votar por un alcalde “tolerante, conciliador, incluyente, amable y sin autoritarismo”. El fondo del anuncio es oscuro, similar al del proceso electoral en la región.
Casos más graves tienen prioridad
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, reconoció que no habrá esquemas de seguridad para los 100 mil candidatos que participarán en las elecciones de octubre porque es físicamente imposible ponerle un policía a cada uno de ellos. Sin embargo, aclaró que habrá prioridad con los casos más graves: “Habrá algunos a los que se les dé una protección particular, pero se debe comprender que vamos a hacer énfasis en aquellos municipios en donde la situación es determinada como de mayor riesgo para los candidatos”. Según los últimos datos que maneja la Misión de Observación Electoral (MOE), a la fecha han sido asesinados en todo el país 24 aspirantes a cargos de autoridades locales y regionales.
››Según la Policía del Magdalena, las bacrim no tienen interés en el proceso electoral sino en el microtráfico y la extorsión.