El rigor del invierno que azota a Colombia desde hace dos meses y que ya tiene a más de dos millones de personas afectadas de manera directa, puso en evidencia verdades que todo el mundo conocía, pero a las que curiosamente sólo se les presta atención en época de desastres: que Colombia no cuenta con vías modernas y autopistas para su comunicación. Que la urbanización en el país se hace de manera desordenada y hasta irresponsable. Que los sistemas de acueducto y alcantarillado en muchas regiones son demasiado viejos o están incompletos y en riesgo de colapso ante una emergencia... pero una de las más contundentes es que —ya por falta de gestión, escasez de recursos, carencia de normatividad o cualquier otra razón— las Corporaciones Autónomas Regionales no han podido diseñar estrategias para que el país esté preparado ante una contingencia como la desatada por las fuertes lluvias.
En un escenario de cambio climático mundial, como el que todos los expertos reconocen está sufriendo el planeta, tal falencia resulta especialmente grave.
De ahí que a la par con el anuncio acerca de la inmediata reasignación de recursos por un billón de pesos para atender a las víctimas de la tragedia invernal, el presidente Juan Manuel Santos haya decidido —en sus propias palabras— “pegarles un sacudón, porque en muchos casos hubieran podido hacer cosas que habrían mitigado lo que estamos viendo”. Su estrategia en la práctica consiste en hacer que dichas corporaciones sólo puedan hacer inversiones con el visto bueno de un representante del Presidente de la República.
Las 33 Corporaciones Autónomas Regionales del país cuentan, en cifras redondas, con un presupuesto de $1,5 billones y su esquema de rendición de cuentas resulta para algunos tan controversial como sus ejecutorias. No en vano en varias ocasiones se ha planteado la posibilidad de eliminarlas o transformarlas. Pero tantas veces como se las ha querido modificar desde el Congreso, aparecen voces desde el mismo Legislativo clamando porque las dejen como están. Detrás de esta situación hay otra verdad tan conocida como las de los problemas de infraestructura que hacen que el país sea vulnerable ante el invierno: hay políticos muy fuertes en las regiones con intereses burocráticos en las corporaciones.
En ello tienen sustento voces como las de algunos columnistas que por estos días reclaman que las tragedias por los desbordamientos del Canal del Dique y el río Bogotá, en Cota, se habrían podido evitar con sólo lograr que las corporaciones invirtieran en prevención los recursos que han destinado a sus propios gastos administrativos.
Pero no sólo lo dicen los columnistas, el Índice de Transparencia Nacional 2008-2009, elaborado por Transparencia Internacional, ubica a tres de las corporaciones entre las 10 entidades estatales peor calificadas y, por ende, con mayor riesgo de corrupción. Para colmo de males, se trata de entidades que prestan sus servicios en tres de las regiones más azotadas por el invierno. La Corporación Autónoma de Risaralda, la Corporación Autónoma Sostenible del Chocó y la Corporación Autónoma de La Mojana y San Jorge. ¿Cuál puede ser el panorama para los habitantes de Sucre, inundados, incomunicados por vía terrestre y sin luz hace 48 horas por el desbordamiento del río Pichilín? ¿Qué posibilidades de solución habrá para los habitantes de Riosucio, Chocó, a quienes el río Atrato tiene literalmente con el agua al cuello desde hace dos meses?
Eso para no hablar de las torrenciales lluvias que ayer causaron estragos en zonas bananeras de Antioquia y el desbordamiento de todos los ríos de esa región con las consecuentes pérdidas económicas para los cultivadores.
El procurador Alejandro Ordóñez también anunció ya que pedirá investigación preliminar disciplinaria contra los directores de las CAR para establecer posibles responsabilidades por falta de previsión de las consecuencias de las lluvias. Los citará a versión libre para que expliquen su gestión en materia de inundaciones y en algunos casos se especula que habría suspensiones para los funcionarios si se les comprueba negligencia.
Las corporaciones nacieron como entes técnicos a los que se encomendaba velar por el desarrollo sostenible de cada región. Para tal fin deberían trabajar de la mano con el Ministerio de Ambiente y otras autoridades, pero hoy suenan más por casos de corrupción como los de Valle y Atlántico, esta última investigada por malos manejos desde el gobierno anterior, que también había planteado la eliminación de las de La Mojana y el sur de Bolívar.