Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá produjera hace un mes la primera condena en el sistema de Justicia y Paz —ocho años de prisión para los jefes paramilitares Juancho Dique y Diego Vecino por la masacre de Mampuján—, y de que trascendiera que la Fiscalía prepara una mayúscula imputación de cargos en contra de Ramón Isaza —231 hechos violentos documentados—, la unidad de Justicia y Paz del organismo investigativo acaba de solicitar una audiencia para imputarle cargos a uno de los comandantes que más relevancia tuvo entre las filas de las Auc: Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como Jorge 40.
Los eventos en los que se indaga su responsabilidad son numerosos: 197, hasta el momento, han sido registrados por la justicia. De esos la mayoría son masacres o asesinatos selectivos ocurridos en Cesar, Atlántico, Magdalena y La Guajira. Estos crímenes (ver infografía) incluyen la masacre de El Piñón (Magdalena, enero 9 de 1999), en la que 26 campesinos fueron acusados de pertenecer a las Farc y, posteriormente, incinerados. Tovar Pupo alcanzó, en 2008, a admitir ante fiscales de Justicia y Paz su responsabilidad por cadena de mando en el crimen colectivo, relatando incluso que la orden era asesinar a un millar de guerrilleros cada dos semanas.
Pero desde que Jorge 40 fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, en donde era requerido por delitos relacionados con el narcotráfico, su cooperación con el sistema judicial colombiano se fue al piso. Bien es sabido que él fue uno de los más inconformes con la resolución del presidente Álvaro Uribe de sacarlos de Colombia, y desde hace un año o más no se conoce palabra suya. Los crímenes, sin embargo, se siguen contando por montones. La Fiscalía espera que quede demostrada la responsabilidad de Jorge 40, por ejemplo, en la muerte de Javier Enrique, Rafael Antonio y Jaime de la Hoz Bolívar, tres hermanos que fueron acribillados en Candelaria (Atlántico) en agosto de 2003.
La lista sigue. Ante las balas de Tovar Pupo o de sus subalternos del bloque Norte sucumbieron 11 guajiros, varios de ellos indígenas wayúu, en Uribia en enero de 2004; 12 ciudadanos de Astrea (Cesar) a lo largo del año 2000 o cinco campesinos en la zona bananera de Magdalena en noviembre de ese mismo año. Uno de los crímenes más atroces cometidos por el grupo de autodefensa en ese período, y en toda la Costa Caribe, fue la masacre de Sitionuevo (Magdalena), cuando un comando de aproximadamente 60 paramilitares llegaron en lanchas a una vereda del pueblo llamada Nueva Venecia y segaron la vida de por lo menos 34 pescadores.
Algunos menores de edad también figuran entre las víctimas por las que podría responder penalmente Tovar Pupo, quien formó el bloque Norte a mediados de los años 90 con la complicidad de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño y se desmovilizó en marzo de 2006 con 2.544 combatientes a su mando. Jhonathan Keis Robayo, 16 años, fue ejecutado en Repelón (Atlántico) en abril de 2004. Blanca Lindrei Galvis, 8 años, murió en Barranquilla un mes más tarde. El homicidio de Harbleydis Vergara Torrado, 17 años, tuvo lugar en Palermo (Magdalena) en junio de 2005. Ana Isabel y Mayerleis Solar González, con 12 y 2 años de edad, esquivaron la muerte pero fueron desterradas de su hogar en Barranquilla en julio de 2005.
Las víctimas de estos grupos armados ilegales siguen esperando que, desde Estados Unidos, los ex comandantes paramilitares entreguen la información que guardan sobre el conflicto colombiano. El silencio de Jorge 40 y de otros en su misma situación, como Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna) o Hernán Giraldo, refleja aún la dificultad, advertida desde un inicio, de obtener sus declaraciones. El primer avance tangible se conoció la semana pasada cuando el embajador de EE.UU., William Brownfield, y el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, firmaron un acuerdo para destrabar los procesos de Justicia y Paz. Pero Jorge 40, a hoy, no ha cambiado de parecer: no desea colaborar.
Los delitos por los que podría ser imputado y finalmente condenado Rodrigo Tovar Pupo, son el reflejo de la barbarie paramilitar que azotó la Costa Atlántica durante más de una década: homicidios, desapariciones, violaciones, extorsiones, atentados contra la seguridad pública, desplazamientos forzados, todos acontecidos en diversos puntos de la región. Desde Bosconia hasta Ariguaní, desde Campo de la Cruz hasta el Cerro de San Antonio, en Pivijay y Chivolo —por cuyos nombres se conoce el primer gran pacto político orquestado por Jorge 40—, desde Soledad hasta Agustín Codazzi, desde Dibulla hasta la zona bananera. No hubo lugar que no fuera cobijado por la perversa sombra del paramilitarismo.
“Ese juicio no se ha hecho”
Desde Montería, a cinco días de terminar su mandato, el presidente Álvaro Uribe puso sobre la mesa un polémico tema: la omisión o responsabilidad de agentes del Estado en el fortalecimiento de los grupos armados ilegales a lo largo y ancho del país. “Aquí falta un juicio: ¿dónde están los responsables del descuido del Estado que permitieron que estas regiones se llenaran de narcoguerrilla y narcoparamilitarismo? Ese juicio no se ha hecho (...) Confiamos en que la Policía Judicial, la Fiscalía y los jueces les arrebaten los bienes a la corrupción y el narcotráfico, que no vuelva a suceder lo que encontramos”, expresó el Jefe de Estado ante unidades militares y de Policía de Córdoba, Sucre y Antioquia, de las cuales se estaba despidiendo. En ese mismo espacio, Uribe aprovechó para reclamar también por la “impunidad” en la farcpolítica y la elenopolítica.