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¿Qué les ha dejado a La Guajira y al Cesar ser los departamentos del país con la mayor explotación de carbón a gran escala (carbón que además es exportado)? “Altos niveles de pobreza en medio de una actividad de enorme generación de riqueza”, “un crecimiento económico sin desarrollo humano”, “niveles exacerbados de violencia”, “impactos sobre el medio ambiente y sobre la salud”.
Estas respuestas son apenas extractos de un documento de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania en Colombia (Fescol), elaborado por Guillermo Rudas, magíster en economía ambiental y de recursos naturales del University College London. En el artículo Rudas hace una radiografía de “el estado de la minería de carbón a gran escala en Colombia” y el resultado, no en términos económicos sino humanos, es más que lamentable.
Si el análisis se limitara a los números, habría que celebrar que el sector de minería e hidrocarburos ha tenido un crecimiento sostenido desde 2007, pasando de tener una participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del 5,7% en ese año al 7,7% en 2012. Pasó de un “estancamiento permanente” a una “posición de liderazgo en el PIB, con tasas de crecimiento de hasta nueve veces las que se presentaron para el conjunto de la economía”.
Hasta aquí sólo hay motivos para celebrar. Incluso no alcanza a aguar la fiesta el hecho de que en el primer semestre de 2013 el mercado del carbón haya tenido una caída por tres razones: el descenso de los precios internacionales, los paros de trabajadores y la suspensión de actividades de 22 días que a principio de 2013 ordenó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la Drummond (una de las dos gigantes del negocio en Colombia, junto a Cerrejón) por haber vertido 1.857 toneladas de carbón en el mar.
Además, de esa industria creciente ha salido el dinero de las regalías que el país ha destinado “hacia inversiones en las regiones”. Entonces, ¿por qué el balance humanitario en La Guajira y el Cesar es tan pobre? La pregunta, que es más bien la conclusión del informe de Rudas, podría responderse desde varios ángulos.
Sólo para empezar, el autor plantea que ese escenario de necesidades y pobreza lo ha creado, en parte, “la baja capacidad que ha tenido la minería de carbón a gran escala para generar encadenamientos significativos con actividades productivas regionales”, para “generar crecimiento económico distinto a la propia actividad extractiva”.
Para poner un ejemplo, Rudas explica que mientras en La Guajira la extracción de carbón se volvió determinante en la economía regional (representa el 60%), el sector agropecuario va en caída: “De un 8,4% del total del valor agregado departamental al iniciarse la década pasada, para el 2012 se reporta apenas un 3,4%”. Y en el Cesar se replica la escena: la participación de la extracción de carbón en su economía es del 45%, mientras el sector agropecuario, que representaba cerca del 20%, pasó al 8%. Este panorama —dice el autor— pone a estas regiones en una “situación de alto riesgo ante un eventual declive” de la minería.
Otro argumento: el aporte en la generación de empleo del sector de minería e hidrocarburos es muy pobre, en comparación con otras industrias. Eso es lo que dicen las cifras que cita Rudas: entre 2001 y 2012 el sector agropecuario ha generado 223.000 nuevos empleos, la industria manufacturera 517.000 y la minera “a duras penas 81.000 nuevos puestos”.
Dice Rudas que la pobreza se ha expandido en estas regiones casi al mismo ritmo que el negocio se ha ido haciendo más poderoso. “Un estudio sobre calidad de vida y salud de la población en la zona de influencia de la empresa Cerrejón (la cual lleva explotando carbón en La Guajira por más de 15 años)... muestra una población en condiciones críticas de pobreza, medida tanto a través del acceso a bienes y servicios como mediante el índice de oportunidades humanas... Estas precarias condiciones se generalizan en los municipios en donde se adelanta la extracción de carbón a cielo abierto”, reza el artículo.
Sobre la salud de los trabajadores y de las personas que habitan estas regiones, y la del propio medio ambiente, el autor critica que “no se conocen estudios realizados o promovidos por las autoridades mineras, ambientales, de trabajo, salud y seguridad social al respecto”. Dice que “los niveles de información son extremadamente débiles y restringidos”.
Sin embargo, los pocos datos que existen son lo suficientemente dicientes: “Con base en información reportada por las dos más grandes empresas que operan en Colombia (Cerrejón y Drummond), se estima que existe una relación del orden de 10 partes de escombros y residuos generados por cada parte de carbón finalmente obtenido”.
Con esta fórmula se puede concluir que para obtener los 890 millones de toneladas exportados entre 1994 y 2012, se produjeron cerca de 9.000 millones de toneladas de desechos “que están dispuestos en las áreas de influencia de las distintas minas en los municipios en donde se concentra esta actividad. El manejo de un volumen de esta magnitud debería ameritar que existiesen labores de monitoreo y control que fuesen ampliamente conocidos por la población local”.
¿Y los costos para la salud? Rudas cita un estudio de María Cabarcas, Jesús Olivero y otros investigadores de la Universidad de Cartagena, en el que se hizo un análisis con animales de municipios situados cerca de los campos de minería del carbón del Cesar, y concluyeron que “vivir alrededor de los campos de explotación puede resultar en un aumento de las lesiones del ADN en las células de la sangre de los roedores y reptiles”.
Según Rudas, el acelerado crecimiento de la actividad minera en estos municipios “ha sido totalmente insuficiente para traducirse en mejoras importantes de las condiciones de vida de la población”.