“Emergencia de integridad y ética pública”

Procuraduría, Contraloría y Fiscalía anunciaron el viernes pasado la vigilancia conjunta de los contratos públicos que se han firmado con ocasión de la emergencia sanitaria. Pero el campo de acción legal es muy distinto para cada uno de los entes… No solo vivimos una emergencia sanitaria, sino también una emergencia de integridad y ética pública. La pandemia del COVID-19 ha disparado todas las alarmas por la voracidad de los corruptos que han querido convertir el hambre de los más vulnerables en un banquete para llenarse los bolsillos ilícitamente. Nuestra prioridad es descubrir y sancionar a los inescrupulosos y a los avivatos. Por eso, creamos un esquema de trabajo articulado y avanzamos en defensa del interés general, la legalidad y los recursos públicos. Se trata de colaborar, armónicamente, reconociendo la autonomía constitucional que cada entidad tiene. Este esfuerzo nos servirá, también, para profundizar esquemas de trabajo colaborativo en temas no relacionados con el COVID-19. Es bueno que todos sepan que la Procuraduría no está confinada porque la corrupción no entró en cuarentena.