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El médico Mario Hernández, director del Centro de Historia de la Medicina de la Universidad Nacional y una de las autoridades académicas más reconocidas de esa institución en materia de salud, se ha parado ante el Congreso de la República más de una vez para hablar sobre la necesidad de replantear un nuevo sistema de salud pública.
La última vez que tuvo al frente a los congresistas, en junio pasado, habló como vocero de la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud y advirtió que la “gran reforma” que el Gobierno estaba anunciando había sido elaborada sin tener en cuenta a la academia ni a los gremios médicos, que el proyecto no limitaba el actuar de las EPS —como se estaba vendiendo— y que además terminaría afectando las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.
Cuatro meses después, multitudes de estudiantes, enfermeras y doctores de todo el país respaldaron esos planteamientos y el martes anterior salieron a las calles a exigir que se retire el proyecto.
El Gobierno dice que las EPS perderían poder dentro del nuevo sistema, pero los académicos aseguran que, por el contrario, se fortalecerían...
La reforma está planteando una profundización del modelo que implementó la Ley 100. El Gobierno les pagará a los intermediarios (las EPS se convertirán en gestores) para que regulen los excesos de costos dentro del sistema, y para lograrlo les entrega el poder de definir las redes de servicios (médicos, clínicas y hospitales) con las que quieren trabajar. Ellos harán todas las contrataciones, tendrán sus propios centros y clínicas. Los médicos se van a tener que someter a las reglas de contratación de los gestores.
¿A qué se refieren con que a los gestores de salud se les pagará por “regular los excesos del sistema”?
El Gobierno dice que si las EPS administran un modelo de gestión del riesgo basado en la medicina familiar (al estilo de las aseguradoras gringas), va a poder prevenir futuras enfermedades y ahorrar costos. Pero se le olvida una cosa fundamental y es que en la lógica del sistema estos gestores son empresas que ganan entre menos plata gasten, así que van a seguir restringiendo el uso de los servicios de salud. El problema es que este modelo sigue poniendo el lucro por encima del derecho.
Entonces, ¿en qué se va a beneficiar la gente del común?
Mientras el tema económico no se modifique, esta reforma no va a beneficiar a la gente. Ellos, como gestores, van a tratar todo el tiempo de controlar el gasto, desatendiendo muchas solicitudes de alto costo. Es lo mismo que vienen haciendo. La gente va de un lado a otro pidiendo ser atendida hasta que se complica y muere. El cáncer de seno es hoy la segunda causa de muerte en el país, y ocupa este lugar porque a estas mujeres no las están atendiendo.
A los académicos también les molestó la idea del Gobierno de permitir que los hospitales formen especialistas para aliviar el déficit y desarmar las roscas de médicos que no permiten que otros se gradúen...
Eso sí es traído de los cabellos. Claro que se necesita regulación frente a ciertas especialidades en las que algunos médicos controlan la entrada de otros porque no quieren competencia, pero eso se regula fortaleciendo a las universidades y obligándolas a que se abran los cupos que se requieren, e incluso pagando becas, como se hace en otros países, pero se saca la cosa por la puerta de atrás diciendo que mejor se les paga a los hospitales por formar médicos y olvídese de la universidad.
Pero el viceministro dice que la mayoría de especialistas se están formando en hospitales...
Sí, porque en un sistema de educación en salud tiene que haber unos escenarios de práctica y se vienen haciendo convenios docencia-servicio donde las universidades envían profesores a los hospitales. Pero dejarle la educación sólo al hospital comprometerá sin duda la calidad. Una formación profesional, y sobre todo de posgrado, no puede ser una formación técnica cualquiera; no se trata de aplicar unos protocolos, tiene que haber investigación, una formación humanística amplia y relación con otras disciplinas, cosas que sólo entrega la universidad.
¿Acaso la formación de especialistas en hospitales no ha funcionado en otros países?
Dirijo un centro de la historia de la medicina donde conocemos bien lo que ha pasado en otros sitios. Por darle un ejemplo, a comienzos del siglo XX en EE.UU había más de 100 escuelas de medicina ligadas a cualquier grupo de médicos metidos entre un hospital. Esto generó una crisis de calidad que obligó más adelante a acabar con el 80% de esos grupos. Los expertos decidieron elegir muy pocas facultades con hospitales universitarios y contratarles profesores de tiempo completo. Así las principales universidades (como Harvard, Yale y Johns Hopkins) consolidaron centros de atención, formación e investigación. En Colombia, bajo la lógica del negocio de la educación, tenemos alrededor de 60 facultades de medicina.
El Minsalud dice que no quiere regular las nóminas de los médicos, pero ustedes sostienen que incluso el Gobierno tiene diseñadas las tablas de salarios que se impondrían.
Hubo un capítulo de régimen laboral que fue retirado del proyecto de ley, por la presión de los gremios médicos, en el que se les decía a los trabajadores de la salud del sector público que si querían permanecer en sus puestos deberán aceptar un nuevo régimen laboral que los iba a convertir en servidores públicos especiales. Esta idea, que incluía unas tablas de salarios desfavorables, les rompía a todos los trabajadores su carrera administrativa y los derechos adquiridos por mucho tiempo. El capítulo fue retirado pero quedó establecido que será el Presidente de la República quien negocie estas condiciones laborales con los trabajadores. La tabla seguramente será una de sus condiciones.
A su parecer, hay muy pocos puntos rescatables de esta reforma…
Es que el sistema de salud requiere cambios profundos que la academia y la sociedad civil ya han planteado en diferentes espacios. El año pasado presentamos un proyecto de ley que fue completamente eliminado por el Congreso y lo mismo ocurrió con otro que presentamos en marzo de este año.
¿Qué planteaban estos proyectos?
Se pretendía retirar la intermediación financiera, quitar ese elemento que busca todo el tiempo el lucro con la administración de los recursos públicos por parte de las EPS. Al retirar estos actores se proponía la conformación de un fondo público único – eso lo recogió el Gobierno- pero administrado por territorios, a manos de nuevas entidades públicas sin ánimo de lucro. No necesariamente hablábamos de gobernaciones, las llamábamos unidades administradoras de servicios de salud territorial. Esas unidades armarían redes de servicios y garantizaran la relación entre educación y salud. Además se proponía que se pusiera especial atención en las medidas de salud pública que ayudan a que la gente no se enferme como acceso a agua potable, seguridad alimentaria o una vivienda limpia, algo muy distinto a centrarnos en la atención de enfermedad, como ocurre ahora. Pero todo esto ha sido derrotado sistemáticamente en el Congreso.
¿Cuál es la salida frente a esta reforma?
Que se retire el proyecto y que se vuelva a discutir la idea de conformar un servicio de salud distinto.
Pero la gente está pidiendo hace mucho tiempo medidas urgentes frente a este sistema...
Sí, pero hay propuestas legislativas completas que no se han querido visibilizar y que cambiarían totalmente el sistema de salud en corto plazo. Esto requiere voluntad política; necesita un Gobierno que quiera darse la pela.
acuevas @elespectador.com
@angelicamcuevas