Destapar ollas de corrupción parece la tarea favorita del gobierno del presidente Juan Manuel Santos por estos días. Primero fue la Dirección Nacional de Estupefacientes. Luego el carrusel de la salud y los recobros al Fosyga. La semana pasada el turno fue para la DIAN y ahora el dedo apunta al sector educativo.
Una auditoría contratada por el Ministerio de Educación para cotejar si los estudiantes reportados en el sistema integrado de matrícula (Simat) realmente existen, arrojó que sólo en seis entidades territoriales habrían sido inventados 34.000 alumnos fantasmas. Es decir, que en el último año se extraviaron por cuenta de esta matrícula ficticia unos $36.000 millones.
Cristian Moreno Panezo, gobernador del Cesar, una de las entidades auditadas y en la que 11.706 matrículas serían falsas, rechazó enérgicamente las acusaciones del gobierno. Aplaudió las intenciones del Ejecutivo por detectar los focos de corrupción, pero dijo que esto no podía hacerse sin la completa certeza y verificación de pruebas.
Aseguró que la auditoría del Ministerio fue realizada en plena ola invernal y eso explicaría en parte la confusión en las cifras. Según Moreno, en una primera revisión que hicieron sus funcionarios, al menos 5.000 de los casos reportados como inexistentes corresponden a estudiantes reales.
No descartó que algunos rectores e incluso los servicios educativos que la Gobernación contrata con terceros hayan inventado matrículas falsas para atraer más recursos. En ese sentido dijo que asumía su parte de responsabilidad como lo deberían hacer todos los otros actores del sistema, entre ellos el Ministerio de Educación por no contar con un sistema de monitoreo y control constante.
Desde 2001, cuando se promulgó la Ley 715, se cambió el modelo de pago de uno basado en la oferta a uno de demanda. Antes el Gobierno giraba a las entidades territoriales el presupuesto para educación, sin importar cuántos alumnos atendía. Con el nuevo sistema se paga por cada estudiante matriculado con el objetivo de incentivar aumentos en cobertura. Aunque ha sido un sistema efectivo pues permitió que el país se acercara a la cobertura universal, el nuevo escándalo hace pensar en ciertos ajustes. Sobre todo en materia de control y verificación.
Las denuncias hechas por el propio presidente y la ministra María Fernanda Campo también despertaron preocupación en Soacha, otro de los municipios cuestionados. Juan Miguel Méndez, secretario de Educación de Soacha, anunció que contratarán con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia otra auditoría en la que a través de huellas digitales verificarán hasta qué punto es cierto lo dicho por el Gobierno. Recordó que ya en 2008 se había presentado una matrícula falsa de 3.000 alumnos y habían controlado el problema.
La verdad sobre los estudiantes fantasmas se irá conociendo en la medida que avancen las investigaciones de las entidades de control donde ya fueron reportadas las denuncias.