24 Mar 2011 - 6:02 a. m.

Fiscalía solicitará medidas de aseguramiento por carrusel y feria en el IDU

La diligencia, con los procesados Liliana Pardo, Inocencio Meléndez y Miguel Ángel Moralesrussi, se reanudará este jueves.

Alexánder Marín Correa

En el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), fuera del llamado carrusel de la contratación, parece que también hubo feria de irregularidades, desorden y despilfarro relacionada con todas las etapas contractuales para las obras de la malla vial, especialmente con las nuevas fases de Transmilenio.

Para la Fiscalía fueron varios los delitos graves cometidos en la institución en instancias como la elaboración de los diseños, la de los pliegos de condiciones para las licitaciones, la firma de los contratos de interventoría y de obra, así como en la ejecución de los contratos, irregularidades avaluadas en casi dos billones 236 mil millones de pesos.

Por todo esto, Germán Pabón Gómez, fiscal segundo delegado ante la Corte Suprema, imputó cargos a Liliana Pardo Gaona, exdirectora del IDU; Inocencio Meléndez Julio, exdirector técnico y exsubdirector jurídico del IDU, y Miguel Ángel Moralesrussi, excontralor distrital. Además, pidió el embargo de sus bienes.

La diligencia, suspendida el miércoles en la noche tras 12 horas de audiencia, continuará este jueves a partir de las 9:00 a.m., en la que el ente acusador solicitará medida de aseguramiento para los tres procesados, ya que por la gravedad de los delitos considera que deben estar en prisión para garantizar su comparecencia al proceso.

Los delitos por los que tendrán que responder son contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio, concusión y prevaricato por omisión. Los procesados se declararon inocentes y rechazaron los cargos en su contra. La audiencia de formulación de imputación se convierte en la primera diligencia formal que abre el camino rumbo al juicio. A partir de hoy, si no existe alguna apelación, el fiscal Pabón Gómez tendrá 30 días para presentar la acusación contra los procesados.

El miércoles, durante la audiencia, el fiscal hizo un resumen detallado de cada uno de los contratos de consultoría, interventoría y obra sometidos a análisis por personal especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en los que se encontraron las presuntas faltas que generaron sobrecostos y que, al final, sería un millonario detrimento para el Distrito.

Pabón Gómez relacionó las faltas, entre ellas las de los contratos de obra durante la etapa precontractual. Dijo que se abrió la licitación 022 de 2007 sin tener completos los estudios y diseños que debían entregar las consultorías para definir los pormenores de las obras. “Los diseños eran necesarios para calcular la cantidad de obra y presupuesto. Con esto se violó la ley de contratación”.

En el caso de los pliegos de condiciones, indicó que varios de ellos fueron ajustados a “las características del consorcio a beneficiar con la adjudicación”. Expresó que con esta irregularidad se afectó la selección objetiva.

Cuestionó la ausencia de acciones del IDU ante la falta de estudios y diseños completos, al no exigir a los consultores completarlos, pese a que sus contratos estaban vigentes. Para el fiscal, esta omisión generó sobrecostos para el Distrito, ya que “lo que hizo el IDU fue suscribir una serie de otrosís a los contratos, los cuales tenían como objetivo ampliar los plazos de la etapa de preconstrucción de las obras y entregar la facultad a los propios constructores de actualizar los diseños, realizar ajustes y nuevos diseños, cuyo pago se proyectó con los otrosís. Se contrató y se pagó dos veces por el mismo objeto”, agregó.

Criticó que mediante adiciones a contratos se incluyeron obras de valorización, que en vez de ser acordes con el objeto del contrato, lo afectaban. “Se desvió el proceso licitatorio y se violó el principio de selección objetiva”.

Reveló cómo en algunas obras el constructor y quien estaba encargado de la interventoría pertenecían a la misma empresa y tenían los mismos intereses, es decir, los contratistas eran los que se regulaban. “Cuando se dieron cuenta de que esto ocurría, lo único que hicieron fue cambiar al representante legal de la interventoría, quien siguió teniendo influencia”.

Para completar el panorama, expresó que forma parte de la investigación el hecho de que en varios casos, pese a que el interventor sugirió la caducidad del contrato por los incumplimientos y retrasos, en el IDU decidió mejor ampliarles el plazo a los contratistas para seguir con las obras.

En la diligencia el fiscal, de alguna manera, les dio la razón a los Nule al afirmar que la iliquidez de los contratistas, reflejada en la suspensión de las obras, fue por no entregar a tiempo los diseños y la demora en la adquisición de predios, con lo que se generaron sobrecostos. Esto lo señala como responsabilidad directa del IDU.

Ante la petición de uno de los abogados (que representa a compañías aseguradoras) de traer a los Nule a Colombia a declarar en el proceso, el fiscal Pabón indicó que la imputación contra los exfuncionarios era el primer paso de la Fiscalía y que ante la justicia también vendrán los Nule. “No es un abogado el que le fija la agenda a la Fiscalía”, insistió.

Pardo, Meléndez y Moralesrussi encabezan la lista de 36 investigados por irregularidades en las obras en Bogotá, entre los que se encuentran otros funcionarios del IDU, contratistas y particulares. De éstos, algunos ya se han acercado a la Fiscalía buscando principio de oportunidad.

A pesar de esta audiencia, no quiere decir que los procesados sean culpables y será un juez de conocimiento quien analizará las pruebas para decidir si los condena o los absuelve.

Admiten tutela de Iván Moreno

El Tribunal Superior de Bogotá  aceptó la tutela del abogado del senador Iván Moreno Rojas, quien cuestionó la legalidad del trámite que dio la Procuraduría General de la Nación a la recusación que presentó el congresista contra el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado y la viceprocuradora Martha Castañeda, en medio del proceso disciplinario que le abrió el Ministerio Público. Los magistrados del Tribunal le ordenaron a los recusados explicar las razones que los llevó a rechazar el recurso. La Procuraduría tiene dos días para responder. Una vez se cuente con los argumentos, el Tribunal decidirá si el proceso sigue o dan la orden de nombrar procurador ‘ad-hoc’. La reanudación del juicio disciplinario en contra de Moreno Rojas está programado para el próximo lunes.

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