La segunda fase del proyecto Túnel Aburrá-Oriente, en Antioquia, ha despertado una polémica entre los defensores del medio ambiente. Varias organizaciones ambientalistas, entre ellas la Corporación Ecofondo y la Corporación La Ceiba, interpusieron una acción de tutela ante el Consejo de Estado para defender su derecho al debido proceso, con el fin de detener la realización.
Las organizaciones se oponen a la construcción del túnel porque afectaría la calidad ambiental de la región. Además, argumentan, es necesario que el Consejo de Estado se pronuncie frente a la decisión tomada el 4 de mayo de este año, pues violaba derechos fundamentales y permitió que el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, autorizara el inicio de la fase II del proyecto.
El proyecto, que tendrá un costo de casi 800.000 millones de pesos y es una de las banderas de la Gobernación, tendrá una longitud de 14,5 kilómetros y un túnel de 8,1 kilómetros. Aprobado en 1997 durante la gobernación de Álvaro Uribe, el proyecto de cuatro fases ha sido frenado en varias ocasiones por falta de presupuesto. La Cornare de Medellín entregó la licencia ambiental a la Concesión Túnel Aburrá-Oriente y en 2003, luego de una demanda de Corporación Región, el Tribunal Administrativo de Antioquia anuló esa decisión. Las empresas insistieron y el 5 de mayo de este año el Consejo de Estado decidió otorgar de nuevo la licencia. Las organizaciones ambientales dicen que por esa decisión habría, además, un “descalabro en las finanzas del departamento”.
Otro grupo de ambientalistas, en desacuerdo con el fallo, envió una carta al presidente Juan Manuel Santos, pidiéndole más estudios ambientales (hasta ahora hay un estudio realizado por la firma Integral S.A.). Bibiana Salazar Restrepo, representante de la reserva natural Montevivo, también pidió que la licencia ambiental no tuviera validez, pues causaría un “perjuicio irremediable” al medio ambiente.