10 Apr 2012 - 9:53 p. m.

Garantía de tres meses para productos usados

El nuevo Estatuto del Consumidor, que entra en vigencia el jueves, ofrece nuevas reglas de juego para compradores y vendedores.

Redacción Vivir

En el último año, la Superintendencia de Industria y Comercio tramitó 39.000 solicitudes de consumidores insatisfechos con algún producto o servicio. Una cifra engañosa, pues al lado del número de personas que se toman el trabajo de hacer oficial su queja, existen miles de compradores más que a diario sienten vulnerados sus derechos pero no hacen nada por reclamarlos.

A partir de este jueves, las reglas de juego para compradores y vendedores en Colombia cambiarán con la entrada en vigencia del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), una reglamentación que no se actualizaba desde hace 30 años. “La norma consagra los derechos de los consumidores y los mecanismos a través de los cuales se hacen efectivos dichos derechos”, explicó ayer el superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle.

Una de las novedades en el nuevo código es que los colombianos que adquieran productos usados tendrán derecho a una garantía mínima de tres meses para reclamar, en caso de que resulten defectuosos.

El nuevo estatuto obliga a las compañías a solucionar el problema particular y concreto de los consumidores, y en caso de no hacerlo podrían hacerse acreedoras a sanciones hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Entre las novedades de la nueva norma figuran indicaciones para proteger contra información y publicidad engañosa, así como sobre comercio electrónico, aspectos contractuales, ventas a distancia, servicios de financiación, entre otros.

Para el abogado Juan Manuel Henao, de la Confederación Colombiana de Consumidores, “el decálogo de derechos es muy importante, pero también hay que resaltar las obligaciones que recaen en el comprador”. Una de esas obligaciones es informarse bien antes de adquirir un producto o servicio. Otra novedad en este mismo sentido es que darle un final a los productos, evitando un impacto al medio ambiente, es responsabilidad de los consumidores. En el caso de productos electrónicos o baterías esto equivale a desecharlos en centros adecuados para su reciclaje.

Henao explicó que en caso de presentarse un conflicto entre un comprador y un proveedor, el primer paso siempre debe ser un diálogo entre las partes para intentar resolver el problema.

“En caso de no lograr un acuerdo, los consumidores tienen tres caminos”, explicó Henao. El primero de ellos es acudir a la Confederación Colombiana de Consumidores, donde se apela a mecanismos de resolución de conflictos alternativos; la segunda opción en la Superintendencia de Industria y Comercio, que puede abrir una investigación, y la tercera vía es la justicia ordinaria, en la que el consumidor puede interponer una demanda para reclamar sus derechos.

El nuevo estatuto contempla una herramienta para reforzar esta red de protección al usuario: los alcaldes quedan facultados para ejercer funciones administrativas de protección al consumidor en sus respectivas jurisdicciones.

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