Este viernes, en teoría, la Fiscalía Militar de Venezuela deberá resolver si el episodio de “los heladeros espías”, como algunos entendidos burlonamente se refieren a la detención de ocho colombianos en Barinitas, tiene un sustento probatorio más allá de las especulaciones o el roce diplomático que viene sucediéndose desde entonces. La justicia castrense del vecino país, sin embargo, podría tomarse otras dos semanas más para evaluar nuevas evidencias, afirman expertos conocedores de la investigación. De cualquier manera, este caso hace rato dejó la órbita meramente judicial y trascendió las fronteras de las rencillas verbales que cada Estado defiende desde su trinchera.
Ya completan casi un mes detenidos la pareja conformada por Luis Carlos Cossio y Cruz Elva Giraldo, sus sobrinos Santiago, Nelson e Isabel Giraldo y tres trabajadores más de la empresa Maky Helados, acusados nada menos que de espionaje. En las autoridades colombianas existe la sensación más o menos generalizada de que los procesan por sospecha. Desde Caracas, El Espectador ha recogido distintas versiones sobre el asunto y, como resulta obvio por cuenta de la polarización, todas diametralmente opuestas. No obstante, en algo parece haber consenso: chavistas colombianos, venezolanos uribistas o viceversa coinciden en que la temperatura mediática del tema juega en contra de los supuestos espías.
“Sin tanta prensa, sin que desde Colombia o Venezuela los cancilleres llenen los medios de comunicados reclamando garantías o refutando que las hay todas, le garantizo que esta investigación avanzaría sin tantos peros. El lío es que de la acusación de espionaje cada jefe de Estado está sacando provecho”, le cuenta a El Espectador un colombiano bien enterado de los avatares de la diplomacia binacional. Y añade: “En Colombia estamos en tiempos electorales y, quién puede negarlo, pelear con Chávez da votos, y muchos”. Se refiere entre líneas, además, a que pareciera que el presidente Álvaro Uribe quisiera heredarle a su sucesor natural, Juan Manuel Santos, no sólo su lugar en el solio de Bolívar (y encaramarlo, de paso, en las encuestas a escasos cuarenta y tantos días de las elecciones), sino también la tensión con el gobierno Chávez, que, en criterio de muchos, ha sido capitalizada políticamente por el uribismo.
Entre tanto, paralelamente avanzan sin tanto bombo las pesquisas en el caso de 12 trabajadores colombianos detenidos el pasado 19 de marzo en el estado de Miranda, acusados de paramilitarismo. Sobre este caso el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, ha pedido que se les respeten los Derechos Humanos y el debido proceso. La Cancillería fue más vehemente al advertir su preocupación por prácticas de xenofobia hacia los colombianos, procesos de estigmatización o acusaciones falsas.
La diputada Norexa Pinto reiteró el respeto y consideración por los casi cuatro millones de colombianos en Venezuela, pero reprochó “la campaña de desprestigio del gobierno Uribe” y pidió que se respeten las decisiones soberanas de la justicia de su país. Ya lo había advertido en días pasados Roy Chaderton, embajador en Venezuela ante la OEA: “Ya están denunciando una situación que no les consta”, dijo al referirse a las protestas del canciller Jaime Bermúdez sobre la falta de garantías judiciales de colombianos en Venezuela.
“Acá no hay ni habrá xenofobia”, añadió la diputada Pinto (su visión contrasta con la expresada hace no tanto tiempo por el ministro del Interior, Tarek El Aissami, que refirió que la sola nacionalidad de los supuestos espías de Barinitas ya era “preocupante”) y lamentó profundamente las diferencias que enfrentan a ambos países. Pero recalcó que desde Colombia se han venido exportando al vecino país las prácticas perversas del paramilitarismo.
En esa misma percepción coincide la fundación de Colombianos en Venezuela, que ha documentado cómo han sido asesinados en menos de tres años 150 líderes campesinos. Aunque, para ser más precisos, explican, no se trata del mismo proyecto de autodefensa, sino de oficinas de cobro (algunos los llaman en voz baja “maniceros”) que replicaron el modelo de préstamos al gota a gota, con tasas de interés de hasta el 30%. Estos grupos privados operan en Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Monagas y Anzoátegui, dicen los conocedores del fenómeno.
Y a renglón seguido cuentan que, por ejemplo, la masacre de nueve colombianos en Táchira, ocurrida el 11 de octubre del año pasado, habría sido perpetrada por las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), un grupo ilegal que, dicen, ha sido el único en ponerle coto a estas oficinas de cobro replicadas en varios estados de Venezuela. Los colombianos fueron secuestrados en una cancha de fútbol y 13 días después, el 24 de octubre, sus cuerpos fueron hallados con señales de tortura y tiros de gracia. La investigación sigue avanzando sin resultados contundentes. Fuentes consultadas por El Espectador, sin embargo, añadieron que las autoridades venezolanas han venido reseñando como un fenómeno alarmante que estas oficinas ilegales de cobro patrocinan equipos de fútbol barriales, encargados, al parecer, del recaudo de los pagos a los prestamistas.
En zonas de frontera el asunto es a otro precio. “La gente ha aprendido a convivir con el grupo ilegal que les pagué mejor”, advirtió a El Espectador una fuente venezolana que pidió el anonimato. Antes del congelamiento de las relaciones comerciales entre ambos países, en julio del año pasado, se calculaba que la economía ilegal en la extensa franja fronteriza colombo-venezolana podía llegar a los US$6 mil millones, es decir, casi la misma suma de dinero que representaban las operaciones de intercambio comercial legal.
De todas maneras, más allá de cálculos monetarios o mediáticos y lejos de cábalas electorales, lo cierto es que cuatro millones de colombianos (1,8 millones residentes, 525 mil nacionalizados, 900 mil con permisos de un año para trabajo o estudio y cerca de 700 mil más indocumentados) padecen hoy los estragos del nuevo enfrentamiento diplomático. Y la curva de la tensión pareciera no bajar pronto.