15 Jan 2010 - 3:30 a. m.

Holocausto tiene capítulo de lesa humanidad

Fiscalía investigará a partir del caso de Carlos Horacio Urán, quien pudo haber salido con vida.

Redacción Judicial

En consonancia con recientes decisiones de la Fiscalía, que elevaron a delitos de lesa humanidad el asesinato del candidato liberal Luis Carlos Galán, así como un sinnúmero de crímenes perpetrados por el cartel de Medellín, tomando como base convenios y tratados internacionales, bajo el radicado 11909 asignado a una fiscal delegada ante la Corte, el ente investigador acaba de abrir el que podría considerarse el capítulo más ambicioso en las pesquisas para establecer cómo y de qué manera casi un centenar de civiles, militares, policías y guerrilleros perecieron en el llamado Holocausto del Palacio de Justicia.

La decisión toma como origen una compulsación de copias que se dio en diciembre de 2007, dentro del expediente por la desaparición de 11 personas que habrían salido con vida del Palacio, en donde se pretende establecer si, como obra en videos de noticieros de la época, o en pruebas testimoniales, el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas, sobrevivió al ataque del comando del M-19 y la retoma del edificio, pero después fue ejecutado. El jurista, de acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, fue hallado con un disparo de gracia en la cabeza, con visibles signos de tortura en su cuerpo y lesiones por mecanismos explosivos en glúteos, piernas y brazos.

Uno de los hechos que fue primordial para que la Fiscalía indagara el episodio del magistrado Urán fue un hallazgo en 2007 que causó muchas suspicacias. Investigadores encontraron en la sede del antiguo B-2, hoy oficina de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército, en el norte de Bogotá, la billetera del magistrado, que durante 22 años estuvo desaparecida. Lo más particular es que junto a ésta se hallaba una lista de “guerrilleros dados de baja en combate”, en una caja oculta. En dicho listado, al parecer oficial, se registró el nombre del magistrado Urán y el de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona Cruz. En la inspección de la Fiscalía a la guarnición militar, se reportó también el hallazgo de un documento sobre personas retenidas por el Ejército en la Casa del Florero, brazaletes del F-2 y carnés de militares de la época.

La esposa de Carlos Horacio Urán, Ana María Bidegain, reconoció desde el primer momento en que se conoció el fatal desenlace de su esposo, que además de dolor le causó una profunda consternación que el cadáver se lo entregaran desnudo, sin ninguna otra pertenencia, y con indicios de ahumamiento post mortem. En cambio, con el curso de las investigaciones, se logró establecer que su billetera negra presentaba un orificio, posiblemente originado por un proyectil de arma de fuego. De hecho, con esta decisión, la Fiscalía no pasó por alto detalles como que el cuerpo de Urán fue lavado —aspecto calificado en varias instancias como irregular— y que fuera arrimado en la morgue junto con el de varios guerrilleros.

Al hacer el análisis sobre la posibilidad de la prescripción en este caso, como en los asesinatos de otras 95 personas en el Holocausto que fueron insuficientemente investigados, la Fiscalía tomó la decisión de elevarlo a delito de lesa humanidad e indagar si se cometieron actos de genocidio, tortura y desaparición forzada, soportándose en convenios internacionales como los de Ginebra, que datan desde 1949, así como la Convención para la Prevención del Genocidio, a la que Colombia adhirió en mayo de 1959 o la Convención contra la Tortura y Otros Tratos, que se integró a la legislación nacional en 1986.

Dentro de las consideraciones de la Fiscalía está verificar si el Holocausto fue un episodio más de una serie sistemática de hechos violentos en contra de la máxima sede de la justicia y determinar las responsabilidades en las muertes de cada uno de los civiles, militares o guerrilleros que resultaron muertos. Dicho de otro modo, la vertiente que empieza a explorar el organismo investigador podría redundar en endilgar delitos a uniformados hoy en retiro, varios de los cuales están acusados y en juicio por la desaparición de 11 personas, siete de ellas trabajadores de la cafetería del Palacio.

La polémica alrededor del caso de Urán comenzó cuando, en 2007, su esposa lo identificó en unas imágenes del noticiero 24 Horas, saliendo herido con vida del Palacio. La grabación era de las 2:17 p.m. del 7 de noviembre, y Urán, según Medicina Legal, murió a las 3:00 p.m. En su decisión, la Fiscalía ordenó copia auténtica de su necropsia, así como de los magistrados de la Corte Suprema Manuel Gaona Cruz y Luis Horacio Montoya, el guerrillero Andrés Almarales y 13 personas más. De igual forma, libró una carta rogatoria al Departamento de Justicia de EE.UU. para avanzar en evidencias necesarias para el proceso. “Si hemos llegado al actual estado de descubrimiento no ha sido por nosotros, los familiares de los magistrados, sino por los parientes de los desaparecidos que no han dejado de luchar. Siento que hemos sido insolidarios con ellos”, declaró Bidegain en entrevista con El Espectador.

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