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Enrique Vives: juez dicta medida de aseguramiento en centro carcelario
Después de escuchar las intervenciones de todas las partes, la juez Olmis Cotes dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Enrique Vives. El empresario es acusado de atropellar a siete jóvenes, (seis muertos y un menor herido), en el sector de Gaira, Santa Marta. Vives tendrá que enfrentar juicio desde la cárcel.
Después de escuchar las intervenciones de todas las partes, la juez Olmis Cotes dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Enrique Vives. El empresario es acusado de atropellar a siete jóvenes, (seis muertos y un menor herido), en el sector de Gaira, Santa Marta. Vives tendrá que enfrentar juicio desde la cárcel.
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2 Aug 2011 - 4:23 a. m.

Ilegales van por el control político regional

Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo detectó posibilidad de actos contra la integridad de los candidatos, corrupción al sufragante, trashumancia, fraude y estrategias para ingresar a las campañas.

Redacción Política

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo realizó un análisis sobre el riesgo electoral en el país y el resultado no fue nada satisfactorio: 199 municipios —el 18% de los que hay en Colombia— tienen un nivel alto de posibilidad de que se presenten hechos de violencia contra el proceso que se llevará a cabo el 30 de octubre, en el cual se elegirán autoridades locales y regionales.

Y nuevamente, como sucede cada que se hacen este tipo de estudios, los principales protagonistas en este informe de riesgo de actos armados son las Farc, a las que el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, les atribuyó influencia sobre 150 municipios en los que podrían atentar contra el funcionamiento normal de los comicios a través de secuestros, atentados, amenazas contra candidatos y servidores públicos, declaratorias de paro armado y ataques contra sedes políticas.

Pero además, otro de los hallazgos del informe es que los reductos de las autodefensas —en la actualidad conocidos como bandas criminales (bacrim)— son un evidente factor de riesgo en 119 municipios, donde podrían influenciar el proceso electoral con actos contra la integridad de los candidatos y dirigentes políticos, actos de corrupción contra el sufragante, trashumancia, fraude electoral y estrategias para ingresar a las campañas. En menor medida, señala el documento, el Eln es otra amenaza para las elecciones, ya que existe la posibilidad de que en 38 municipios pueda tratar de afectar el proceso.

Ante este complejo panorama, Pérez recomendó que “la Fuerza Pública, apoyada por la Fiscalía y otros organismos de seguridad del Estado, implementen medidas de protección para evitar atentados contra candidatos, sedes e infraestructura electoral; para establecer estrategias con el fin de neutralizar el actuar de los grupos armados en las regiones que el informe señala como de alto riesgo y para realizar un plan que evite el fraude el mismo día de las elecciones”.

Precisamente, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría encontró ocho regiones específicas donde se pueden presentar atentados contra el proceso electoral: la suroccidental (Valle, Cauca, Nariño y Putumayo); La Macarena y el Guaviare; el piedemonte araucano y casanareño; el Atrato y San Juan chocoano; Córdoba, Sucre, el bajo Cauca y el nordeste Antioqueño; el Magdalena Medio; Ocaña y el Catatumbo, y la Serranía del Perijá.

Asimismo, el informe plantea una radiografía clara de los intereses que tienen los grupos armados ilegales en influir en el proceso electoral: para obtener control territorial, político y, en especial, de las rutas del narcotráfico. Al respecto, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, destacó el resultado de la investigación de la Defensoría y explicó que en cada una de las subregiones detectadas hay un interés específico, así:

Suroccidental: es una zona selvática y principal ruta de salida del tráfico de estupefacientes, en donde las Farc y las bacrim se disputan la supremacía y tienen especial interés en el poder político.

La Macarena y el Guaviare: la razón de la puja en esta región es el control territorial porque en ella están ubicados los grandes cultivos de coca y se mueve el tráfico de insumos para el sembrado. Los grupos ilegales reciben dinero fruto de extorsión y pagan por la vigilancia de los predios.

Piedemonte araucano y casanareño: ninguna entidad del Gobierno había señalado el riesgo en esta zona. Sin embargo, hay un evidente interés de la delincuencia por la explotación minera y petrolera y los recursos que genera.

El Atrato y San Juan chocoano: la tierra es el factor clave de riesgo y de los intereses de los grupos armados ilegales. Según la MOE, quien logre el control político en las elecciones influirá de forma importante en los proceso de restitución de tierras que ya inició el Gobierno con la Ley de Víctimas.

Córdoba, Sucre, el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño: en esta zona confluyen varios intereses y el accionar de todo tipo de grupos armados. Hay minería, cultivos ilícitos y tráfico de cocaína. Es un punto clave para la salida de coca hacia el sur del país y la Costa Pacífica. De ahí el incremento de actos terroristas, en especial, en el Bajo Cauca.

El Magdalena Medio: según Alejandra Barrios, directora de la MOE, es la región del país donde se mantiene vigente la herencia de la parapolítica y la violencia política. Es una de las zonas de influencia de ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’, dos de las llamadas nuevas bandas criminales.

Ocaña, el Catatumbo y la Serranía del Perijá: por ser zona de frontera, un delito habitual en esta región es la trashumancia electoral. El interés de las organizaciones armadas es el tráfico de armas y de drogas.

Con este panorama, la Defensoría del Pueblo y la MOE han prendido las alarmas al considerar que los asesinatos de candidatos, atentados, secuestros y amenazas, que se han intensificado en los últimos meses, tienen un claro direccionamiento: obtener el poder político en las elecciones locales y regionales de octubre.

Ante el informe de la Defensoría del Pueblo, el vicepresidente Angelino Garzón manifestó que “se están estableciendo mecanismos para proteger las próximas elecciones de cualquier práctica que ponga en peligro la transparencia del sufragio”. Y advirtió que no se va a tolerar la compra de votos o la transacción de respaldo político por cargos o contratos. El estudio será presentado ante la Mesa Intersectorial de Seguimiento a las Elecciones, donde tienen asiento la Contraloría, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Policía y las Fuerzas Militares.

Para ver infografía, clic aquí

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