28 Jan 2010 - 4:17 a. m.

Jóvenes informantes, medida sin reversa

Alertan que la propuesta terminaría vinculando a los estudiantes en el conflicto. Organizaciones sociales preparan movilización.

Redacción Judicial

A usanza de lo ocurrido hace siete años, cuando la red de informantes prometida por el presidente Álvaro Uribe como estrategia para la lucha contra la guerrilla se hizo realidad, comenzó ayer a gestarse un verdadero debate nacional en torno a la nueva versión de dicha estrategia, planteada el martes por el Presidente con el objetivo de apaciguar la ola de violencia que vive Medellín.

A la ya controvertida idea de valerse de la población civil para enfrentar los problemas de seguridad, el Jefe de Estado le sumó en esta ocasión un elemento que ocasionó el unánime rechazo de la academia, padres de familia, defensores de derechos humanos y sectores políticos: pagarle a 1.000 estudiantes $100 mil mensuales (a manera de bonificación) para que se conviertan en informantes del Ejército acerca de las acciones delincuenciales en la capital antioqueña.

No fue sino que lo ventilara públicamente para que se comenzara a gestar la masa opositora a una medida que —según confirmó él mismo ayer, desde Davos, Suiza— no tiene reversa. Incluso, en las mismas huestes uribistas tuvo menos apoyo que en 2003, pues muchos aún recuerdan que en febrero de ese año hasta la Oficina de Naciones Unidas para los Derecho Humanos manifestó su preocupación ante la “inobservancia del principio de distinción y la adopción de cuestionados mecanismos de lucha contra la violencia, como la red de informantes”.

Hoy surgen muchas preguntas que apuntan en el mismo sentido: ¿Por qué la población civil debe terminar en medio de un conflicto al que no ha hecho más que huírle? ¿Se les terminarán dando armas o aparatos de comunicación a estos muchachos? ¿Cómo hacer para que no sean ellos quienes se conviertan finalmente en amenazas de estigmatización contra sus compañeros? ¿No terminará el pago de dinero acrecentando la espiral de violencia?

Desde la orilla gubernamental se dice que la prevención es exagerada, que no hay punto de comparación con las tenebrosas cooperativas de seguridad Convivir de los años 90, que los muchachos que se involucren en la idea asumirán el compromiso de seguir estudiando y que, como lo aseguró Uribe desde el Foro Económico Mundial de Davos, “el derecho a la vida lo tenemos que defender todos”.

Esgrimen también que buena parte de los resultados que tiene para mostrar la seguridad democrática —en casos específicos como el cuidado de las carreteras para prevenir acciones guerrilleras y la delación de algunos de sus miembros— se deben en buena medida a la incorporación de la ciudadanía a través de la red de informantes que creó Uribe. Según el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, el propósito es que la red de cooperantes se amplíe con estudiantes, empresarios, amas de casa y otros sectores.

Tales anuncios no sofocan los temores. Los más alarmados ahora son los integrantes de la comunidad universitaria. Y no es para menos. En los últimos años, las agresiones y amenazas contra éstos se han incrementado de manera sistemática, al punto que algunos líderes estudiantiles han tenido que abandonar sus carreras y salir exiliados. “La universidad está para el debate, para la academia, no para trasladar el conflicto del país a las aulas. Con esta medida coercitiva los casos de violencia van a aumentar, cuando tengamos en los salones a estudiantes ‘sapeando’ a aquellos que tengan una voz crítica, que piensen distinto”, exclamó el representante estudiantil de la Universidad del Valle, James Larrea.

No olvidan episodios que, asegura Larrea, podrían intensificarse si se aplica la medida de Uribe en Antioquia o en otras partes del país. En 2007, un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) ingresó al campus vestido de civil; al identificarlo, los estudiantes encontraron que llevaba con él un carné del Esmad, una cámara fotográfica y una grabadora. En abril de 2008 circuló un panfleto dirigido a directivas y estudiantes que decía: “Somos un grupo de infiltrados en la universidad de las ‘Águilas Negras’ (...) y tenemos plenamente identificados a los tropeleros que quieren imponer un discurso comunista en Colombia”.

La Universidad del Valle no ha sido la única. Entre 2006 y 2008, las directivas de la Universidad Nacional afirmaron haber recibido 312 amenazas de muerte contra sus estudiantes firmadas por las ‘Águilas Negras’ o el bloque Capital, que además declararon objetivo militar a 32 estudiantes y profesores de Derecho y decretaron “toque de queda” a partir del 18 de noviembre de 2008 para “los subversivos infiltrados en los estudiantes”. Según el líder estudiantil David Flórez, en esta institución, 66 estudiantes y 15 catedráticos se encuentran amenazados. Consultado sobre la polémica medida del Presidente, el rector del claustro, Moisés Wasserman, no quiso dar declaraciones.

Las agresiones del autodenominado bloque Central Urbano Capital llegaron también a la prestigiosa Universidad Externado. En 2006, con correos y mensajes de texto, amedrentaron a algunos estudiantes y les exigieron abandonar sus actividades “socialistas marxistas”. En Bogotá, además, en 2008, el fiscal antiterrorismo Jorge Iván Piedrahíta ordenó la inspección de las bases de datos de cinco universidades en busca de nexos con las Farc. Por ello y por ratificar la interceptación de los correos electrónicos de ONG, fue retirado de su cargo.

Por otra parte, en la Costa, las autodenominadas ‘Águilas Negras’ enviaron mensajes intimidantes a la Universidad del Magdalena —como lo denunció en 2007 el decano de Humanidades, Alberto Martínez—; en la Universidad del Atlántico, al menos 30 estudiantes desertaron de sus carreras por la misma razón en 2008 y en la de Córdoba —la cual el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso reconoció haber manejado a su antojo por años— la ‘Nueva Generación del San Jorge’ difundió volantes similares.

La Universidad de Antioquia, por supuesto, no ha escapado a esta realidad. Hace un año, el bloque antioqueño de las autodefensas puso a circular un panfleto con un listado de una treintena de líderes estudiantiles, con la sentencia: “Tienen una semana para desaparecer o los desaparecemos”. De acuerdo con el representante estudiantil de esta institución, Hernán Pineda, la situación “es extremadamente compleja y se ha agravado en los últimos años, especialmente desde 2004”.

En mayo de 2006, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo elaboró un informe de riesgo que llegó con el encabezado de “urgente” a la Policía Metropolitana de Medellín, en el que se preveían “métodos y medios para generar terror e intimidación” en la Universidad de Antioquia, como asesinatos y desapariciones. En diciembre de ese año, otro informe del SAT alertó del riesgo, provocado por guerrillas y grupos provenientes del paramilitarismo, sobre las universidades Nacional, Militar, Distrital y Pedagógica. En septiembre de 2008, sobre la Universidad de Córdoba. Y dos meses más tarde, sobre líderes estudiantiles, docentes y pensionados de la Universidad del Atlántico.

Es difícil estar tranquilo con semejantes antecedentes. Quizá por ello el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, admitió que no había dimensionado lo suficiente la propuesta y su homólogo en Bogotá, Samuel Moreno, lo acompañó diciendo que “los jóvenes de Medellín no pueden ser los sapos del paseo”.

Los precandidatos presidenciales Sergio Fajardo, Rafael Pardo y Gustavo Petro también consideraron equivocada la propuesta, mientras sectores académicos anunciaron marchas de protesta . El debate está abierto, pero el Gobierno no parece dispuesto a ceder.

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