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En la ciudad de Marsella, al sureste de Francia, los ánimos están agitados: desde ayer y durante un mes, el lugar será el escenario del juicio en contra de la empresa francesa Poly Implant Prothèse (PIP). Son tantas las interesadas en seguir de cerca el proceso que la sala de audiencias del alto tribunal se quedó pequeña y tuvo que ser trasladada de manera provisional a un gran salón del Palacio de Congresos y Exposiciones. Los casos de 1.500 colombianas hacen parte de las demandas que serán tenidas en cuenta por el tribunal francés.
Las cifras confirman que no se trata de un juicio cualquiera: 5.227 demandantes, representadas por 300 abogados, esperan resultados del proceso en contra de Jean-Claude Mas, director de la empresa, y cuatro de sus colaboradores. En 2009, médicos franceses empezaron a denunciar irregularidades en las prótesis PIP, y dos años después el escándalo por el uso de geles industriales no aptas para el cuerpo humano en sus productos ya había recorrido el mundo. La alarma sólo se disparó después de que se supo que alrededor de 400.000 mujeres (15.000 de ellas en Colombia) se habían sometido a cirugías para aumentar su busto con los peligrosos implantes.
¿Qué representa este juicio para las afectadas? De los 300 abogados en el proceso, dos representan el 80% de los casos. Uno de ellos es la colombiana Nathalie Lozano, que viajó hasta Marsella en busca de respuestas para las 1.500 colombianas que le confiaron sus casos.
Sigue a El Espectador en WhatsAppDesde Francia, Lozano habló con El Espectador acerca de las implicaciones reales que tiene el proceso. “Se trata de un juicio histórico y para las colombianas afectadas es muy importante. Se está abriendo el camino para que obtengan una indemnización en un tiempo razonable”, dice.
La indemnización, sin embargo, no provendría de PIP, debido a que —como explica Lozano— ni su propietario ni los demás acusados cuentan con los recursos. Pero el proceso sí sería un puente para que el grupo empresarial TÜV Rheinland —una de las empresas que durante 15 años certificaron las prótesis PIP— les pague a las colombianas afectadas. Así lo explica la abogada: “En nuestro concepto, tuvieron fallas enormes porque desde el 2000 se encendieron las alertas y gracias a sus sellos estas prótesis siguieron saliendo al mercado. Por eso esperamos que en agosto la siguiente condena sea para TÜV”.
Hace poco más de un año, Lozano empezó a recibir las primeras denuncias en Colombia y desde entonces se comprometió con el proceso. Precisamente una de sus promesas fue llevar los casos hasta los tribunales franceses. “Estar en el juicio demuestra que se pueden buscar otros canales y que no sólo en casos médicos se puede acudir a tribunales internacionales para hacer valer nuestros derechos”.
Pero mientras en Francia avanza el juicio, en Colombia son pocos los resultados. Las demandas de pequeños grupos no prosperan, como le dijo a este diario Surany Arboleda, representante de 400 mujeres afectadas en Medellín. Por ahora, las mujeres que tienen estos implantes pueden retirárselos sin costo, pero si quieren unos nuevos deben cubrirlos ellas mismas.
Sumado a esto, Lozano señala que muchos de los médicos se están rehusando a entregar pruebas, como facturas, que demuestren que las mujeres pagaron por los PIP: “Este proceso requiere pruebas, y si no se las entregan impiden que las afectadas sean indemnizadas”.
El juicio en Francia tardará un mes. Para Lozano, “que las mujeres se hayan hecho una intervención para mejorar su aspecto, de ninguna manera implica que no tengan derecho a reclamar”.
@sdsdsdsdsd