Desde ese entonces y cada una de sus intervenciones, el burgomaestre ha insistido en que la acción del Ministerio Público repercutirá en los diálogos de paz que adelanta el Gobierno con las Farc en La Habana (Cuba).
Lo cierto es que si bien el grupo guerrillero no ha planteado hasta ahora la posibilidad de una ruptura del proceso por la sanción a Petro, sí le ha enviado al país el mensaje de que la decisión del procurador “afecta la confianza y la credibilidad”. Y ayer, en un comunicado desde Cuba, instaron al presidente Santos a que se oponga a la destitución, advirtiendo que el fallo de la tutela por parte del Tribunal Superior de Bogotá, que suspendió la sanción, es una determinación “decente” pero “provisional”.
“A la luz de las ansias de democratización que brotan de la inconformidad popular que ha tomado las calles de Bogotá, y que es tema de fuerte debate en el escenario de los diálogos de paz, a Santos corresponde también oponerse a la destitución”, manifestó Rodrigo Granda, uno de los negociadores de las Farc, quien además enfatizó que Ordóñez debería “irse del cargo”.
Pero no sólo las Farc se han pronunciado por el caso Petro. También lo hizo el Eln, a través de un comunicado difundido en internet y firmado por su Comando central, en el que advirtió que el impacto por la destitución del alcalde de Bogotá “deja en suspenso el futuro de paz de Colombia”, por cuanto “si el Gobierno le pasa cuentas de cobro a sus contradictores políticos disfrazándolas de violaciones a la ley, ¿qué puede esperarse del cumplimiento de acuerdos con la insurgencia o el cumplimiento de lo que ese Gobierno acuerde con las organizaciones sociales y populares?”.