19 Nov 2009 - 4:00 a. m.

La guerra jurídica por el referendo

El CNE seguirá discutiendo legalidad del fallo que invalidó las firmas de la iniciativa.

Redacción Política

Pese a que de antemano se sabe que este año no habrá fallo por parte de la Corte Constitucional sobre el referendo que busca habilitar una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe, defensores y contradictores de la iniciativa se han trenzado, durante las últimas 24 horas, en una guerra jurídica —con acusaciones y denuncias penales y administrativas de lado y lado— que ha incrementado la polarización y la incertidumbre política en el país.

El miércoles, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) analizaba la decisión de los tres conjueces de declarar inválidas las firmas que avalaron la solicitud del referendo por haber violado los topes en cuanto a su financiación, un ex magistrado de ese mismo tribunal electoral, Antonio José Lizarazo, interpuso un incidente de nulidad contra el artículo primero de la resolución de dichos conjueces.

“Lo que pretende el proceso de nulidad es que la Sala Plena del CNE deje sin efecto o sin validez toda la actuación que se ha surtido desde la elección de los conjueces hasta la medida que adoptaron, por considerar que tanto su designación como las competencias que se les delegaron, y que luego se atribuyeron, fueron inconstitucionales y violatorias de las normas que regulan el funcionamiento del CNE”, explicó Lizarazo.

A su vez, el vocero del Comité de Promotores del referendo, Luis Guillermo Giraldo —a quien los conjueces ordenaron formular cargos como uno de los responsables de la violación de los topes—, instauró denuncia penal en la Fiscalía contra dos de ellos, Carlos Mario Isaza y Felipe Pérez, por el delito de prevaricato por acción.

En su argumentación, señaló igualmente que su actuación implicó una sustitución del CNE en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales; que su nombramiento fue contrario a la Constitución y que la delegación de funciones se hizo sin autorización legal, entre otros puntos.

La guerra jurídica fue alimentada por el abogado litigante Iván Acosta, quien recusó al actual magistrado del CNE Juan Pablo Cepero, por haberse pronunciado en los medios de comunicación en contra de la determinación de los conjueces. Con ello, buscaba sacarlo de la discusión en torno a si el CNE acepta o rechaza el formular cargos a los promotores del referendo reeleccionista.

Después de cinco horas de reunión, el organismo electoral decidió aplazar cualquier pronunciamiento, teniendo en cuenta que el fallo de los conjueces aún no ha sido ejecutoriado totalmente, es decir, hasta que se conozcan y se tramiten las apelaciones interpuestas. Sin embargo, se sabe que cinco de los nueve magistrados se inclinan por la revocatoria o nulidad de dicho fallo.

El debate jurídico radica ahora en qué podría pasar si se impone la postura de esas mayorías. El caso tendría que volver a la Sala Plena del CNE, se intentaría una nueva votación y, si ninguna de las partes consigue las mayorías (seis de nueve votos), se tendría que volver a nombrar conjueces. Y volvería el pulso entre reeleccionistas y antirreeleccionistas.

Pero la novela en torno al referendo vivió también el miércoles otro capítulo que, a la luz de los analistas, la llena de mayor dramatismo. El magistrado encargado de la investigación en la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto, le pidió al CNE el envío del fallo de los conjueces para su estudio, dentro de las pruebas que se tendrían en cuenta para pronunciarse sobre la exequibilidad o no del proyecto. A su vez, el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, advirtió que no puede certificar el referendo mientras no haya un pronunciamiento del CNE sobre el proceso de financiación de la recolección de las firmas.

El lío de las sesiones extras

Dentro de toda esa guerra jurídica en que se ha convertido la discusión del referendo, quienes se oponen a una segunda reelección del presidente Uribe encontraron un nuevo motivo para argumentar su invalidez. La Imprenta Nacional certificó ante la Corte Constitucional que el decreto que convocó a las sesiones extras del Congreso, en diciembre pasado, en las cuales se aprobó el proyecto en Plenaria de la Cámara de Representantes, fue publicado después de la votación legislativa.

En efecto, en su certificación la Imprenta dice que la votación del referendo se llevó a cabo entre las 12:01 y las 3:00 de la madrugada del 17 de diciembre, y que el decreto de su convocatoria se publicó en el Diario Oficial el mismo día, pero a las 4:44 de la tarde. En septiembre de este año, el senador Rodrigo Lara le había solicitado a la Corte suspender el proceso de estudio del referendo hasta tener todas las certificaciones del trámite.

La norma dice que primero debe convocarse a los congresistas a sesiones extras y luego sí realizar la votación. Al conocerse este nuevo escollo, el ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra dijo que el trámite del referendo reeleccionista no solamente fue irregular por haberse llevado a cabo la convocatoria después de la votación, sino porque la solicitud de sesiones extras sólo se puede llevar a cabo cuando el Congreso esté en receso constitucional.

El mismo Lara, por su parte, con copia en mano del certificado de la Imprenta Nacional, dijo que “si estuviéramos en un país normal, o sea sin Roys Barreras, y si el Gobierno tuviera la decencia de no cuestionar el Estado de Derecho, seguramente no habría nada que hacer en contra de esta irregularidad, pero estamos en terreno del poder haciendo lo que le viene en gana. Falta ver si hacen alguna marrulla, como decir que esto está sujeto a una decisión del Consejo de Estado”.

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