La figura del gobernador como autoridad política ha dado en el país para todo tipo de cuestionamientos. Desde quienes creen que es necesario cambiarla porque algunas de sus funciones chocan con las de los alcaldes y porque no es un enlace efectivo entres éstos y el Gobierno central, hasta quienes plantean que hay que fortalecerla para encauzar al país hacia un modelo de tipo federalista.
Y Colombia asiste a dicha discusión en momentos en que la credibilidad en esa institución (como en las alcaldías, concejos y en los demás escenarios de la política colombiana) se ha visto menguada por fenómenos como la corrupción y la parapolítica.
Superar esos flagelos es el principal reto de los 32 nuevos gobernadores, quienes —para colmo— deben también ser extremadamente eficientes para evitar que la tragedia invernal tenga efectos aún más devastadores en los 27 departamentos que ya fueron afectados. Y de ñapa, hay problemas que son particularmente graves en algunas regiones y que también demandan su atención: la inseguridad en el Meta, el saneamiento de finanzas en Caldas y la recuperación de la confianza en las instituciones del Valle, son sólo algunos ejemplos.
Caldas, a pasar el trago amargo
Lo que marca el sumario del suspendido y saliente gobernador de Caldas, Mario Aristizábal, es precisamente su condición de suspendido (desde septiembre de 2011) por orden de la Contraloría General de la República. Quien entrega las riendas del departamento es un encargado: Francisco Prieto.
El caso se da porque presuntamente Aristizábal incurrió en irregularidades en la firma de un otrosí entre Susuerte y la Empresa Departamental para la Salud (Edsa) en 2009, referente a la concesión del chance en Caldas, y que a la postre implicó una baja en ingresos por $9 mil millones para el sector salud del departamento.
Por el entuerto ya hay proceso de responsabilidad fiscal y en 2012 se sabrá la decisión de la Contraloría.
De igual inconveniencia para Caldas resultó el apoyo irrestricto que Aristizábal mantuvo sobre Carlos Arturo Fehó Moncada mientras éste fue gerente de la Industria Licorera de Caldas (ILC).
Hoy Fehó está prófugo de la justicia (declarado culpable por mal proceder en la asignación de un contrato de distribución de licores) y en su administración la destilería tuvo los peores resultados de la última década: en 2010, por ejemplo, la utilidad neta fue de $24 mil 887 millones, una caída de 49,21% en relación con 2009; mientras que los pasivos de la empresa aumentaron en un 84,70% —casi $100 mil millones— y ahora se acercan a $225 mil 604 millones.
Estas cuentas negativas afectaron directamente a las secretarías de Agricultura, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Deporte, que vieron disminuidos sus presupuestos. Además, Aristizábal es señalado por el retraso del proyecto Aerocafé en el municipio de Palestina, en donde la construcción de un aeropuerto ha sido un foco de pérdida de recursos públicos y podría terminar convertida en elefante blanco.
Para legitimar su gestión entre 2008 y 2011 el saliente gobernador Aristizábal, en boca del secretario de Planeación Departamental, Carlos Alberto Correa, esgrime que las vías en Caldas se han mejorado notablemente y que la seguridad está mejor a lo largo y ancho de la provincia, e incluso que el Plan de Desarrollo se cumplió en casi el 80%.
Guido Echeverry, gobernador entrante, asumirá su mandato con el inmenso reto de sanear las finanzas del departamento, en especial las de la ILC, y velar por el buen desarrollo del proyecto Aerocafé. Aparte de eso, tendrá que invertir en lo social, sector que durante los últimos cuatro años no reportó las cifras esperadas en materia de desarrollo.