2 May 2010 - 2:00 a. m.

La inadvertida escolta de Control Total

De cómo una compañía de vigilancia privada de Envigado terminó escoltando a paramilitares, contratando con el Estado, aliándose con bandidos e infiltrando al máximo tribunal.

María del Rosario Arrázola

La forma como los recursos técnicos y de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fueron utilizados para fraguar acciones al margen de la ley, incluyendo información y favores a los grupos paramilitares, es un asunto probado. Pero lo que hasta ahora empieza a saberse es cómo se enlazaron el DAS y los grupos de autodefensa para infiltrar a la Corte Suprema de Justicia a través de una empresa conocida en prontuarios: Control Total Ltda.

Aunque esta empresa de vigilancia y seguridad privada sólo salió a relucir en agosto de 2008, cuando se supo que su gerente Juan Felipe Sierra terminó enredado con importantes miembros de la banda criminal del jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y de paso puso en la cárcel al ex director de Fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, la verdad es que su papel en el complot contra la Corte Suprema fue mayor. Al menos eso es lo que está saliendo a flote en las pesquisas que hoy adelanta la justicia.

Seleccionada por el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República, la empresa Control Total, con sede en Envigado, fue escogida en noviembre de 2003 para prestar el servicio de escoltas a los jefes desmovilizados del bloque Cacique Nutibara. Pero después el asunto se extendió y la misma firma terminó prestando idénticas labores a los jefes del bloque Bananero y del bloque Élmer Cárdenas, así como de manera personal al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y a los principales integrantes de su familia.

En su momento, el Departamento Administrativo de la Presidencia admitió que, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, suscribió siete contratos con Control Total por un monto de $4.914 millones. Y se dijo que se hizo para que prestara servicio de escoltas, vehículos blindados y radios de comunicación. Lo que no se informó en el comunicado oficial fue para quiénes se contrató. Lo cierto es que Control Total terminó trabajando con Construpaz, una cooperativa de desmovilizados del bloque Élmer Cárdenas.

Y por esta vía terminó trabajando con la coordinadora del Programa contra Cultivos Ilícitos de la Agencia Presidencial para la Acción Social, Victoria Eugenia Restrepo. Lo confirmó después, ya capturado en 2008, John Fredy Manco Torres, desmovilizado de las autodefensas y amigo del empresario Juan Felipe Sierra: "En el DAS me entregaron pasado judicial y después empecé a trabajar con la doctora Victoria Eugenia Restrepo como consejera para Urabá en proyectos productivos de siembra de cacao en Mutatá, Unguía y Necoclí".

Para la misma época, mientras Juan Felipe Sierra ingresaba sin novedad a los consejos comunales del presidente Uribe en Antioquia, o el director del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, Gustavo Villegas, firmaba más contratos con Control Total para darles seguridad a los ex 'paras', en el DAS reinaba el desorden en el manejo del recurso humano y, entre otras larguezas, como lo han reconocido algunos procesados, se les expedían pasados judiciales a los desmovilizados para que trabajaran en proyectos productivos.

Entonces el DAS funcionaba en dos frentes. Uno interno, a cargo de Jorge Noguera Cotes, y otro externo, con la asesoría de José Miguel Narváez y el apoyo de Pedro Juan Moreno y el general Rito Alejo del Río. Desde octubre de 2005, a raíz de las delaciones del ex director de informática del organismo, Rafael García, empezó a saberse lo que pasaba adentro. Las autodefensas se habían infiltrado, y el bloque Norte de Jorge 40 vivía enterado de sus operativos o de las listas de las personas por asesinar.

Desde el frente externo, José Miguel Narváez le daba forma al famoso G-3, tan citado por estos días, que se convirtió en modelo de espionaje, guerra psicológica, acciones de sabotaje, interceptaciones ilegales y blancos políticos contra integrantes de la oposición, periodistas y miembros de las ONG de D.H. Sin embargo, nada trascendía y, como lo comentó Jorge Noguera en entrevista con El Espectador en 2004, el Presidente vivía contento con el DAS. "Cuando me llame y no me diga qué hubo comandante, ahí sí me empiezo a preocupar".

El proceso de paz entre Gobierno y autodefensas iba viento en popa, tanto que con estatus político abordo, los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque y Ramón Isaza, escoltados por la Fuerza Pública y gente de Control Total, hicieron presencia en el Congreso de la República el miércoles 28 de julio de 2004. El suceso provocó una auténtica tormenta política, pero en las altas esferas del Gobierno la preocupación era otra: cómo agilizar el trámite del acto legislativo de la reelección presidencial que apenas cobraba forma.

Aunque distante de su control de forma al trámite de la reelección, causaba inquietud la conducta de la Corte Constitucional. Le había tumbado al Gobierno algunos decretos de conmoción interior y el estatuto antiterrorista. Por eso desde el DAS interno y externo se puso en marcha un primer blanco jurídico: el magistrado Humberto Sierra Porto, quien en ese momento era considerado de notable influencia en el interior del alto tribunal. La Corte Suprema de Justicia no causaba apremios. La sombra de la parapolítica aún estaba lejos.

 Sin embargo, la pita empezó a romperse por el lado inesperado: el poderoso DAS. A mediados de 2005, José Miguel Narváez saltó del frente externo al interno y fue nombrado subdirector. Más temprano que tarde terminó peleando con Jorge Noguera y en octubre fue declarado insubsistente, justo en el mismo mes en que el director de informática, Rafael García, prendió su ventilador y le empezó a revelar a la Fiscalía lo que ya era un secreto a voces en el interior del organismo de seguridad: el DAS estaba infiltrado por los grupos paramilitares.

Lo detalló García con pelos y señales buscando rebaja a su condena por borrar antecedentes judiciales a narcotraficantes. En evidencia quedó que el bloque Norte de las autodefensas y la gente de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada, seguían delinquiendo amparados por información del DAS. Y en el río revuelto se supo la razón de la pelea entre Noguera y Narváez. El segundo se enteró del intento de montaje de una sala técnica privada al servicio de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, jefe del bloque Central Bolívar.

Como buscando reposo ante el escándalo, Jorge Noguera renunció al cargo y empezó su tránsito a la vida diplomática. Pero Rafael García no lo dejó en paz, siguió contando sus andanzas, señaló a sus segundos Enrique Ariza y Giancarlo Auque y no dejó títere con cabeza. Sus delaciones se convirtieron en la primera pista de la parapolítica, a través suyo se supo de las listas de asesinados por las autodefensas que salieron del DAS y poco a poco empezó a destaparse la olla podrida en que se había convertido el organismo de seguridad del Estado.

 Con relativa prudencia lo vino a ratificar una comisión que creó el Gobierno para salirle al paso a la crisis. Integrada por el ex procurador Carlos Gustavo Arrieta, el abogado Ramiro Bejarano, el asesor presidencial José Roberto Arango y el ex director (e) del DAS Emiro Rojas, a principios de enero de 2006 concluyó que “el desorden en el manejo del recurso humano, así como la invasión de competencias de unos funcionarios a otros, hizo vulnerable el DAS a la penetración de agentes extraños a su finalidad”.

En otras palabras, admitió lo que hoy empieza a probarse. Entre cuatro directores generales de inteligencia y seis directores generales operativos, se filtró mucha gente rara. La justicia tiene claro que muchos paramilitares rasos pasaron por el organismo en los días de la desmovilización, a otros se les entregó pasado judicial sin merecerlo, y entre unos y otros, el paramilitarismo hizo de las suyas uniendo en sus tentáculos a quienes le dieron el privilegio de escoltar a sus jefes, es decir, a Control Total.

 No obstante, para principios de 2006, la cotidianidad era otra. La reelección presidencial se abrió paso, la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) que formalizó el proceso de paz entre el Gobierno y las autodefensas empezó su vía crucis, vinieron los debates en el Congreso que antecedieron al escándalo de la parapolítica y apareció un nuevo blanco: los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El DAS los siguió, les interceptó sus teléfonos, averiguó sus cuentas, pero no pudo encontrar nada extraño para desprestigiarlos.

El 8 de octubre de 2007, el presidente Uribe anunció al país que funcionarios del CTI y el magistrado auxiliar de la Corte Suprema y principal investigador de la parapolítica, Iván Velásquez Gómez, le habían ofrecido beneficios procesales al detenido José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, a cambio de que lo comprometiera en el asesinato de un paramilitar apodado René. Después se supo que fue un montaje y esta semana Salvatore Mancuso admitió que lo hizo su colega Juan Carlos El Tuso Sierra y que el DAS sabía de esa vuelta.

El Tuso Sierra y otros 14 jefes paramilitares más fueron extraditados a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008. Hoy, desde distintas cárceles a regañadientes tratan de esclarecer la verdad que siempre taparon y, en este episodio llamado Tasmania, el ex comandante Salvatore Mancuso acaba de decir que “en ese complot participaron María del Pilar Hurtado, directora del DAS, y Marta Leal, funcionaria de inteligencia”. Y agregó lo que hoy también empieza a ratificarse: "Los detalles del caso los tiene Juan Carlos El Tuso Sierra".

 Pero dijo algunas cosas más que quedaron en el aire: que dos de sus segundos, alias Felipe y alias Andrés o Jairo Angarita fueron enlaces en el DAS con Jorge Noguera, y que la firma Control Total participó en las labores de seguridad para él y los demás jefes de las autodefensas, con paramilitares desmovilizados que él mismo escogió. Y también desde Estados Unidos empieza a procesarse otra verdad inesperada: en las labores de seguimiento e infiltración a la Corte Suprema de Justicia también se sumaron los de Control Total.

Lo hicieron infiltrando a dos escoltas de dos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como la empresa de Juan Felipe Sierra sólo vino a quedar en evidencia hasta agosto de 2008 cuando se supo que tenía nexos permanentes con los mandos principales de alias Don Mario, conocidos como John Manco y Camilo Torres, alias Fritanga, sumados a los paramilitares que decían escoltar, complementaron la tarea en la que también estuvo empeñado el DAS, es decir, averiguarles la vida a los magistrados para buscarles la caída.

De eso apenas empieza a enterarse la justicia, como en 2008 comprobó que el gerente de Control Total, Juan Felipe Sierra, mantenía estrechos contactos y comprometedoras conversaciones no sólo con sus contratantes en el Estado, sino también con los directores de las fiscalías de Medellín y Montería, Guillermo León Valencia Cossio (hermano del Ministro del Interior) y Perla Dávila, con el general de la Policía de Antioquia Marco Antonio Pedreros; con personal del Gaula de Valledupar y, por supuesto, con la gente del DAS.

Parafraseando el nombre de la empresa, era el control total, y al parecer la empresa de Envigado, que funcionaba desde el año 2000 con licencia de funcionamiento renovada en 2008, tenía el mismo objetivo que compartieron el DAS y los paramilitares: neutralizar a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La razón no podía ser otra que sus investigaciones de la parapolítica. Hoy Control Total es una empresa cancelada, pero en las investigaciones del presente, aunque con su gerente libre, tiene mucho que contar.

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