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El artículo retoma la historia de Ponce para retratar la difícil situación que afrontan las víctimas de este crimen, sea por dificultades laborales, para conseguir atención adecuada de las EPS o por la misma impunidad, pues la justicia difícilmente ha logrado identificar y procesar a los autores de estos hechos. También se narran los casos de Esperanza Rangel y Gina Potes. Esta última es la primera víctima reportada en el país por un ataque con ácido en 1996.
“La piel de mi cara está ahora hecha de piel artificial traída de Holanda”, cuenta Ponce, que también se protege con una máscara de policarbonato que “la protege del sol, sustancias contaminantes y personas indiscretas”, precisa el artículo.
Ahora ella trabaja en la creación de una fundación en la que las víctimas encuentren apoyo. “Me he tenido que convertir en abogada, en doctora, en terapeuta. He aprendido mucho”, cuenta ella, cuyo ataque fue el 27 de marzo del año pasado. Ha recibido, como otras mujeres en el país, la ayuda de la organización internacional Physicians for Peace (Médicos para la paz).
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