Las relaciones personales e institucionales entre los titulares del Ministerio del Interior, la Fiscalía y la oficina del Alto Comisionado de Paz, a la hora de darle forma definitiva a la desmovilización con los grupos de autodefensa, no fueron buenas y en parte explican por qué a todos se les salió de las manos el tema. Al menos así se desprende de un cable diplomático enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Bogotá el 5 de junio de 2006, en el que se concluye que EE.UU. no puede dar ayuda financiera al gobierno de Colombia si no se demuestra compromiso con el proceso.
Citando como fuente al excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, el cable recoge el sentimiento de frustración del funcionario con el Ministerio del Interior y la Fiscalía por no tener en cuenta las listas de desmovilizados que él entregaba. Pero fue más allá y agregó que la Fiscalía y el Ministerio se habían estado mandando mensajes de ida y vuelta para obstruir el avance de las listas. Apenas un mes antes, la Corte Constitucional, con excepciones determinantes para el proceso de paz con las autodefensas, había declarado la legalidad de la Ley de Justicia y Paz.
Restrepo no se quedó corto y admitió en la Embajada que su relación con el entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt, estaba empeorando y que él sabía que el ministro, cuando se reunía con los jefes paramilitares, hablaba mal de él a sus espaldas. Además criticó a Pretelt porque no entendía bien la realidad de los excombatientes, añadiendo que tanto el fiscal Iguarán como el ministro Pretelt tenían miedo de lo que fuera a pasar. Iguarán, porque era responsable de Justicia y Paz, y Pretelt, porque no iba a poder cumplir con las promesas que hizo a los paramilitares.
En el mismo cable diplomático, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, nuevamente citando declaraciones del excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, reseñó la preocupación del funcionario por la irrupción de una nueva generación de organizaciones criminales, e incluso atribuyó a ese factor que algunos grupos paramilitares se negaran a entregar sus armas. Más adelante manifestó que ya existían entre 10 y 30 de estos “nuevos grupos criminales anticomunistas”, y por eso era clave que la Fiscalía empezara los procesos de Justicia y Paz lo antes posible.
En concreto, Restrepo admitió en la Embajada que entre los grupos criminales estaba identificado uno denominado Nueva Generación, que delinquía en la costa pacífica del departamento de Nariño y se encontraba liderado por alias Varela, asociado con el cartel del norte del Valle. Además, mencionó a otros grupos conocidos como Las Águilas Negras y Los Halcones. Incluso, reseñando una conversación suya con Carlos Castaño en 2003, recordó que éste le había dicho que temía que se formaran grupos criminales con presencia de las Farc, las autodefensas y la mafia.
Esa nueva expresión de violencia, según le habría dicho Carlos Castaño a Restrepo, sería muy peligrosa y difícil de detectar porque estaría conformada por grupos pequeños, de ocho a diez hombres, pero integrados por delincuentes con una vasta experiencia criminal. Por eso insistió en la necesidad de avanzar en la Ley de Justicia y Paz y evitar que muchos hombres volvieran a las montañas. Y recalcó en que esa era precisamente su frustración, pues se había tomado tres meses para convencer a 2.284 paramilitares de que se inscribieran en la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz).
De paso, Restrepo detalló cuáles eran los grupos pendientes de desmovilización, con sorprendentes comentarios. Por ejemplo, habló del grupo comandado por alias Martín Llanos, que delinquía en Meta y Casanare y que aún no entregaba sus armas pero sostenía conversaciones con el gobierno. Literalmente dijo que cada vez que hablaba con ellos sentía escalofrío, y que la filosofía de esta organización era muy parecida a la de las Farc, es decir, quería que el gobierno les reconociera control territorial. Restrepo aceptó que estaban creando una nueva banda criminal.
De igual modo, explicó qué estaba sucediendo con el frente Élmer Cárdenas y con el bloque Cacique Pipintá. Sobre el primero manifestó que contaba aproximadamente con unos 800 hombres, que se movía por los departamentos de Antioquia y Chocó y que era liderado por alias El Alemán. Admitió que su desmovilización sólo se iba a producir después de las elecciones presidenciales de 2006 y que la razón por la cual había aplazado su entrega de armas era que el gobierno no había sido capaz de brindar la suficiente seguridad a sus hombres para desmovilizarse.
En cuanto al bloque Cacique Pipintá, el cable anotó que estaba integrado por aproximadamente 300 hombres y que operaba en el departamento de Caldas. Supuestamente, precisó el reporte de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el líder era alias Ernesto Báez, pero según Restrepo, los paramilitares no aceptaban órdenes suyas. La razón: no querían meter sus manos en el narcotráfico y por eso se distanciaban de alias Macaco. El diagnóstico era que sus hombres se dedicaban más a las extorsiones que a las actividades de tráfico de estupefacientes.
El cable finalizó con el anuncio de Restrepo de que estaba pendiente la entrega, a la Fiscalía, de las armas de los desmovilizados repartidas en 23 ciudades, porque todo el material explosivo había sido destruido. Y el comentario del entonces embajador William B. Wood, en el sentido de que el gobierno colombiano debía hacer un mejor trabajo monitoreando a los paramilitares desmovilizados y destruyendo las nuevas bandas criminales. Con una observación adicional: el proceso con las autodefensas no podía ser voluntario y el Estado necesitaba ir detrás de aquellos que no quisieran colaborar. Por eso concluyó diciendo que si los recursos eran insuficientes, el gobierno de Colombia debía repartirlos bien.