Mayra*, a sus 13 años, no quería ser mamá, quería ser maestra. Quedó embarazada este año en una de las incontables veces en las que su padrastro abusó de ella. Ocho semanas después, su madre se enteró del maltrato sexual a raíz de un examen médico que confirmaba la gestación. En Amagá (Antioquia), donde vivían, hicieron la denuncia y pidieron la interrupción del embarazo, pues además de la violación, Mayra tenía baja talla debido a los embates de la pobreza y un par de gemelos en camino. Ese perfil, según los médicos, la ponía en peligro.
En el municipio les negaron el servicio por falta de información acerca de la legislación vigente. En Medellín, los centros de salud y las comisarías les exigieron trámites de largo aliento, como conseguir que la dirección seccional de salud trasladara su caso a esta ciudad, pues su IPS estaba en Amagá. Dos semanas más duró el viacrucis para que Mayra pudiera ser atendida y regresara a su pueblo con un secreto de los que se llevan hasta la tumba, pues la condena social es abrumadora en una población tradicionalmente religiosa.
Este tipo de casos son frecuentes. Según Rocío Pineda, ex secretaria de la Mujer de Medellín, entre 2008 y 2009 fueron 18 mujeres las que tuvieron que pedirle apoyo a esa dependencia, pues “les exigían documentos innecesarios, que repitieran exámenes y otros trámites que no les correspondían”. Además de la falta de la difusión de la sentencia de despenalización del aborto en los tres casos, como asegura Pineda, sigue existiendo la objeción de conciencia colectiva y la mujer es satanizada si decide interrumpir su embarazo.
A pesar de las confusiones generadas luego de que el decreto que reglamentaba la interrupción voluntaria del embarazo fuera suspendido temporalmente por orden del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho al aborto sigue estando vigente. Asimismo, la sentencia que ordena dictar una cátedra, aunque sigue firme, está siendo revisada por la Sala Plena, debido a la nulidad que entabló la Procuraduría.
De acuerdo con la Personería Municipal, la razón más frecuente por la que las mujeres acuden a este organismo en Medellín para que interceda ante las IPS para garantizar la interrupción del embarazo es el abuso sexual, y generalmente los agresores han sido actores armados. La cifra de la Alcaldía sustenta que el año pasado, 107 mujeres menores de 15 años fueron violadas y 8.384 adolescentes entre 10 y 19 años fueron madres.
La clínica de la discordia
En medio de este preocupante panorama, sigue encendida la polémica que comenzó en agosto debido a la posible inclusión del aborto en los servicios de la Clínica de la Mujer en Medellín (la cual sólo existe hasta ahora en el papel). El alcalde Alonso Salazar decidió que en aquel centro no se realizarían interrupciones del embarazo (aunque se continuarían garantizando en el resto de la red pública de hospitales), porque consideró inviable tener un quirófano para estos procedimientos cuando ni siquiera se utilizaría para atender partos.
No obstante, para Rocío Pineda y Luz María Agudelo, ex secretarias de la Mujer y de Salud que salieron del gabinete en el marco de toda esta discusión, la decisión del alcalde se debió a las presiones de la Arquidiócesis y de los grupos provida, pues “no había ninguna razón económica, técnica o legítima para no realizar la interrupción del embarazo en la Clínica de la Mujer”.
Por su parte, los voceros de Red Antioquia Provida siguen en desacuerdo con el enfoque de género que sustenta este proyecto de salud, pues dicen que “esta ideología está en contra de la familia, ataca la vida y concibe la maternidad como algo malo”. Por eso, a finales de este mes le harán llegar al alcalde un compilado de firmas ciudadanas contra la “ideología de género”. Al respecto, Alonso Salazar ha aclarado que este enfoque se refiere a cuatro servicios que prestará la clínica: salud sexual y reproductiva, salud mental, atención de violencias e investigación. Por ahora, los diseños para la construcción están listos. Se espera que esté funcionando para 2011 en el barrio Sevilla y atendiendo a mujeres de niveles 1, 2 y 3 del Sisbén.
Según la Alcaldía, la clínica costará $17 mil millones y serán construidos 5.911 metros cuadrados. Dicho presupuesto será vigilado por una mesa de trabajo designada por el Procurador para hacerle un control preventivo, pues, según la resolución, varios ciudadanos y medios de comunicación denunciaron que el proyecto carece de garantías para la salud y el bienestar de las mujeres.
Para Salazar, la Procuraduría quiere ‘atrancar’ esta obra: “Son seis personas para el control de un proyecto que no existe. Yo diría que es inusual. Ningún otro proyecto de la Alcaldía tiene un control con esas características”. Algunas feministas opinan que esto se debe al interés particular del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien no ha escondido nunca sus creencias religiosas.
Mónica Roa, abogada y directora de programas de la organización Women’s Link Worldwide, se refirió específicamente al hecho de que la procuradora delegada para la mujer, Ilva Myriam Hoyos, sea juez y parte en esta discusión, siendo la fundadora de Red Futuro Colombia (una organización antiabortista): “Ella debería declararse impedida para actuar en este asunto, pues hay un conflicto de intereses. Como funcionaria su deber es hacer cumplir la ley. Por ejemplo, garantizar la interrupción voluntaria del embarazo”.
Las otras opciones
A los ocho meses de embarazo seguía trabajando en la marranera del pueblo con la barriga apretada bajo una faja para que nadie la descubriera. Liliana* era la encargada de atender los partos de las cerdas. En la noche se iba extenuada, agarrándose el abdomen sin saber si su bebé seguía vivo luego de esforzarse tanto durante la jornada.
Meses antes su novio le había pedido que abortara, que ya tenía el dinero, los $300 mil, que era ilegal pero efectivo. Sólo tenía que ir a Medellín, aplicarse una inyección e irse para un hotel, sola, a esperar a que le hiciera efecto. Liliana se rehusó. Prefirió tener el bebé sin su pareja y en silencio.
De acuerdo con la Secretaría de Salud de Medellín, los centros de aborto clandestino siguen siendo un problema para la salud pública, pues debido a las precarias condiciones de salubridad y servicio, la vida de las mujeres corre riesgos. Esta fue una de las razones para que el año pasado murieran 33 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos. La mayoría de los casos eran situaciones prevenibles. Por mantenerse bajo la sombra de la ilegalidad no hay un registro oficial de cuántos abortos de este tipo hay al año. Bajo los lineamientos de la Corte, en Medellín han interrumpido su embarazo cerca de 40 mujeres desde 2006.
Si bien las feministas se quejan de la falta de difusión de la sentencia que despenaliza el aborto, Beatriz Campillo, miembro de Red Futuro Colombia, denunció que ante la violación y problemas de salud de la madre o el hijo, el aborto es la única opción que se ofrece. Según dijo, debería existir una orientación para que ellas opten por la adopción o luchar hasta el final: “no es lo mismo matar a un hijo a que éste nazca y se muera. ¿Es que se parte del supuesto de que cuando abortan el bebé no sufre?”.
La semana pasada Liliana se realizó su primera ecografía. La niña era pequeña, pero saludable. No la quiso mirar mucho. En una semana, cuando sea el parto, la dará en adopción y luego regresará a su pueblo donde nadie, ni su familia, se enterará de lo sucedido. Dice que fue la mejor decisión que pudo haber tomado, aunque cuando habla de ello las primeras frases le cuestan el llanto.
*Nombres cambiados a petición de las fuentes.