16 Dec 2011 - 3:00 a. m.

Lo que el Congreso nos dejó

Hubo polémicas, pero el balance muestra que la Mesa de Unidad Nacional cumplió.

Redacción Política

Este viernes se cierra el primer semestre legislativo del año corriente en el que la polémica fue protagonista durante muchos debates en Senado y Cámara de Representantes. La iniciativa que más generó posiciones encontradas fue la reforma a la justicia, que dio lugar a un duro enfrentamiento entre las altas cortes y el Congreso, en el cual la mediación del Gobierno no fue suficiente. Aún así, el proyecto pasó a segunda vuelta, donde se augura un pulso aún más fuerte. Así mismo, se presentaron diferencias radicales en la reglamentación de la reforma a las regalías, que al cierre de esta edición aún era debatida; la capitalización de Colombia Telecomunicaciones y la creación de la Agencia Nacional de Televisión.

El Capitolio también fue el escenario del fracaso de iniciativas como la ley de derechos de autor en internet, conocida por la opinión pública como la ‘Ley Lleras’, y la tan mentada reforma a la educación, que ocasionó una movilización multitudinaria de estudiantes y que fuera retirada por el Ejecutivo. No alcanzaron los votos suficientes la prohibición del aborto y el referendo para castigar con cadena perpetua a violadores y maltratadores de niños.

Marco legal para la paz

Este proyecto, denominado por su autor, el senador Roy Barreras, como la columna vertebral de la justicia transicional en Colombia, establece que será el presidente de la República quien encabece un eventual proceso de negociación. Según el alto consejero para la Reconciliación, Alejandro Éder, esta iniciativa es la constitucionalización de la búsqueda de la paz en el país. Sin embargo, para algunos parlamentarios, como el representante Germán Navas Talero, del Polo Democrático, con esta reforma constitucional queda abierta la posibilidad de que los miembros de la fuerza pública que hayan cometido crímenes de lesa humanidad accedan a beneficios judiciales e incluso puedan llegar a gozar de la suspensión de la persecución penal. Ayer, tras la conciliación de los textos, se determinó que se podrá entablar un proceso de paz únicamente con las guerrillas, cuando éstas hayan liberado a todos los secuestrados y muestren buena voluntad.

Coltel

En medio de una fuerte polémica fue aprobada la capitalización de Colombia Telecomunicaciones (Coltel) por $3,5 billones, con lo que se evita la liquidación de esta empresa que en la actualidad enfrenta un pasivo pensional cercano a los $7,5 billones. El senador Honorio Galvis, ponente de la ley, afirmó que esta inversión era necesaria para evitar la liquidación y garantizar el pago de las mesadas. Por el contrario, Alexánder López, senador del Polo Democrático, dijo que Coltel es una empresa cuyo capital es mayoritariamente privado y en los últimos cuatro años giraron al exterior más de US$400 millones. Para el Polo resulta inconcebible que se haga esa inversión en una empresa de la cual están usufructuándose multinacionales extranjeras, mientras en Colombia hay miles de personas damnificadas por el invierno.

Agencia Nacional de Televisión

Luego de que se desconstitucionalizara la Comisión Nacional de Televisión, para poder liquidarla y crear un nuevo ente encargado de la regulación de los temas de telecomunicaciones, el Congreso tramitó una ley que le da vida a la Agencia Nacional de Televisión. Esta estará constituida por con una junta directiva de cinco miembros con títulos profesionales en áreas cercanas a las funciones del cargo. La Agencia tendrá que adjudicar las concesiones y licencias; coordinar la administración y control del espectro radio-eléctrico y diseñar e implementar estrategias pedagógicas para la audiencia.

Descongestión de la Fiscalía

El represamiento de más de 1.150 procesos contra funcionarios aforados en el despacho de la fiscal general, Viviane Morales, generó que en el Congreso fuera tramitado un acto legislativo con el cual las investigaciones que están a cargo de ese despacho puedan ser asumidas por el vicefiscal y los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Para el senador Jesús Ignacio García, con esta medida se evitará la impunidad en los procesos contra los funcionarios aforados, porque la fiscal no tenía la capacidad de resolverlos. Sin embargo, la iniciativa también abre paso a la posibilidad de que en el caso de delitos menores o pequeñas causas, la función de acusador la pueda asumir una autoridad distinta a la Fiscalía, como la Policía.

Reglamentación a regalías

La ley que reglamenta el sistema de regalías, que fue aprobado en la primera mitad del año, superó su última etapa. No sin pasar por un arduo debate, ya que ayer en horas de la mañana un grupo de cerca de 300 alcaldes y varios gobernadores realizaron una manifestación de rechazo a la norma porque, según ellos, es “injusta e inequitativa con las regiones productoras”. Con esta ley se determinan los montos que recibirán los departamentos y municipios bajo el concepto de regalías. Dicha reforma fue planteada por el Gobierno bajo el argumento de que existía una tremenda corrupción con el manejo de este dinero en las regiones. Sin embargo, algunos parlamentarios han afirmado que lo que se busca es que el poder central tenga acceso a ese dinero y “se lo roben en Bogotá”.

Reforma judicial

Este fue quizás el proyecto más polémico y complicado para el Ejecutivo. El acto legislativo que pretende reformar la Rama Judicial fue aprobado en el cuarto de ocho debates. Entre los puntos más importantes del proyecto se encuentran la introducción de un mecanismo similar a la tutela, denominado ‘hábeas juris’; la eliminación de las facultades nominadoras de las altas cortes a las direcciones de los órganos de control, Procuraduría y Contraloría; la inclusión del fuero militar ampliado, que busca que cualquier error militar sea investigado primero por la justicia penal militar; la ampliación del período de los magistrados de las altas cortes, así como la nivelación salarial y la reducción de los requisitos de pensión de los magistrados. Ayer, en la conciliación entre Senado y Cámara, se eliminaron el polémico artículo que creaba un ‘supertribunal’ para juzgar a los altos funcionarios del Estado en primera instancia y la designación de la Corte Constitucional como órgano de cierre en temas de naturaleza constitucional, como las tutelas.

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