No bien la abogada Virginia Uribe renunciaba el viernes pasado a la terna para la Fiscalía cuando los eventuales reemplazos que se barajaban en la Casa de Nariño ya estaban siendo cuestionados —sin postulación oficial aún— en la Corte Suprema de Justicia. La ex congresista Vivian Morales, por ejemplo, quien ya fue entrevistada por colaboradores del presidente Uribe. Voces autorizadas del alto tribunal recordaron que a través de una tutela que instauró ante la Corte Constitucional, en 1999, se le dio el golpe de gracia a la investigación que la Corte les abrió a los 111 parlamentarios que absolvieron al presidente Ernesto Samper por el Proceso 8.000.
El nombre de la ex ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez —uribista no reeleccionista, según se autodefinió ella misma— también se ventila con insistencia en los pasillos de Palacio para ocupar el lugar de Virginia Uribe. Ya hubo una propuesta formal, de hecho, que no fue rechazada por la ex congresista de la U. Ramírez evalúa, por ahora, si echar al garete su capital político y sacrificar su nombre para enderezar la cuestionada terna a la Fiscalía vale la pena cuando cocina su precandidatura a la Presidencia de la República por el conservatismo. Pero, en su caso, la Corte Suprema tiene otros reparos: su origen político y su cercanía con el Presidente.
Fuentes del alto tribunal le dijeron a El Espectador que la renuncia de Virginia Uribe, contrario a allanar el camino para la votación, lo sigue enredando aún más. Su tesis es así de simple: toda la terna es inviable. Lo que en palabras castizas significa ni más ni menos que también debe salir del grupo de ternados el ex ministro Camilo Ospina, de quien es obvia la bendición del Alto Gobierno y del propio Álvaro Uribe, con quien trabajó como secretario jurídico en su primer cuatrienio. Se sabe que Ospina estaría considerando la posibilidad de abandonar su aspiración a la Fiscalía si se concreta una propuesta en el Partido de la U para aspirar al Congreso. De todas maneras esperará hasta el próximo 10 de diciembre para elegir su camino.
Ese día la Corte se reunirá en Sala Plena para evaluar el nuevo nombre postulado por el Gobierno, pero además para citar a audiencia al magistrado del Consejo de Estado Marco Antonio Velilla, para que exponga sus propuestas en el caso de ser elegido como reemplazo de Mario Iguarán Arana. Más allá de la confrontación y de las cábalas, Velilla ha venido ganando espacio en el interior de la Corte. Incluso, un magistrado le comentó a este diario: “Si la votación fuera hoy, el que tiene más opción es el magistrado Velilla”. Dicho de otro modo, su nombre no genera resistencia entre los magistrados, pero ellos necesitan saber si Ospina se va o se queda y quién será el reemplazo de Virginia Uribe.
Entre tanto, en la Casa de Nariño, además de los nombres de Marta Lucía Ramírez y Vivian Morales, se estudia la hoja de vida de la abogada externadista Sandra Morelli, quien se desempeñó hasta el año pasado como secretaria jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros y trabajó de la mano del actual ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján. Además, asesoró a la Comisión Técnica del Consejo Superior de la Judicatura para la elaboración de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y dirigió el departamento de Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Una larga trayectoria que podría catapultar su nombre a la Fiscalía General de la Nación.
La ex secretaria general de la Corte Constitucional Martha Sáchica —hija del ex magistrado de la Corte Suprema Luis Carlos Sáchica— también figura entre los nombres barajados como reemplazo de Virginia Uribe. Y hasta suena la ex magistrada del Consejo Superior de la Judicatura Leonor Perdomo. Mientras se oficializa la nueva candidata a la Fiscalía, El Espectador conoció que la salida de Virginia Uribe terminó de cocinarse el jueves pasado. La delegación de ex presidentes de la Corte Suprema que se reunió con el Jefe de Estado en la Casa de Nariño insinuó que, sin descalificar sus calidades éticas, sí dudaban de sus capacidades profesionales en la Fiscalía General.
En el encuentro el presidente Álvaro Uribe volvió a ratificar que el presidente de la Corte Suprema, magistrado Augusto Ibáñez, sí le mintió cuando le dijo que con la salida de Juan Ángel Palacio de la terna se allanaba el camino para que el alto tribunal la votara. Sin entrar a polemizar, los ex magistrados escucharon a Uribe y ya buscaron espacios de diálogo con el procurador Alejandro Ordóñez con el objetivo de zanjar de una buena vez el choque institucional que hoy por hoy tiene a la Fiscalía al garete. Precisamente, fuentes del Alto Gobierno manifestaron que el nombre del reemplazo de la abogada antioqueña se conocerá al término de esta semana y que esperan que ahora sí empiecen las votaciones en el interior de la Corte.
En contraste, ha trascendido que los 23 magistrados del alto tribunal ven poco probable el inicio de votaciones antes de que termine el año. Esencialmente por dos razones: apenas el 10 de diciembre se citará a audiencia al magistrado Marco Antonio Velilla y la vacancia judicial empieza ocho días después. Y porque el nombre del ex embajador Camilo Ospina cada vez causa más disenso. Así, pues, cuando el país vive quizás el más grave pulso de poderes entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, la gran sacrificada viene siendo la propia administración de justicia. Expedientes de gran calado e importancia para el país, como la yidispolítica, las “chuzadas” en el DAS o el escándalo de Agro Ingreso Seguro siguen irresolutos mientras avanzan los tiempos y los esguinces jurídicos aparecen para dilatar los términos.
Y como para terminarle de echar sebo al candil, ayer se conoció que un juzgado administrativo de Bogotá admitió una acción de cumplimiento en la que el ciudadano Augusto Ocampo le reclama a la Corte que elija al sucesor de Mario Iguarán de la terna enviada por el Presidente. En esta ocasión, el juez ordenó que en cinco días la Corte le envíe las actas de las discusiones del alto tribunal sobre los tres candidatos. El magistrado Gustavo Gnecco respondió que mecanismos de coerción como este no son apropiados y advirtió que no existe norma constitucional que obligue a la Corte a acelerar una decisión como la elección del nuevo Fiscal.