Como se veía venir, ya en los estrados judiciales comienzan a sentirse los primeros coletazos de la descabezada reforma a la justicia. Al anuncio del procurador, Alejandro Ordóñez, de la semana pasada, de investigar al Congreso por el trámite irregular de esta iniciativa, se sumó la indagación preliminar en contra de los seis senadores que participaron en la conciliación.
El abogado Saúl Villar Gómez interpuso paralelamente una demanda de pérdida de investidura en contra de los senadores Jesús Ignacio García, Eduardo Enríquez Maya, Juan Manuel Corzo, Juan Carlos Restrepo, Luis Fernando Duque y Martín Emilio Morales, al considerar que estaban legislando en causa propia. En idénticos hechos sustentó su denuncia penal ante la Corte al endilgarles los delitos de prevaricato, fraude procesal, concierto para delinquir y falsedad en documento público.
En criterio de Villar, en la conciliación le metieron al proyecto de reforma asuntos que jamás fueron discutidos por la Plenaria y en ese sentido los parlamentarios habrían excedido sus competencias. Esta demanda se sumó a otra que ya había instaurado contra el Congreso el veedor ciudadano Pablo Bustos. Villar le dijo a El Espectador que hoy instaurará una denuncia penal y una demanda de pérdida de investidura en contra de los seis conciliadores de la Cámara de Representantes.
Al margen de los procesos que se avizoran, parece materializarse el temor que exteriorizaron los congresistas horas antes de que hundieran la reforma por solicitud del presidente Juan Manuel Santos. En su momento el mismo mandatario afirmó que él respondería por las consecuencias que pudiera generar el reversazo, pues en criterio del Ejecutivo la iniciativa tenía graves yerros constitucionales y de conveniencia para el país.
El propio fiscal general, Eduardo Montealegre, fue duramente criticado por distintos sectores de la opinión pública que le enrostraron que él no podía actuar como abogado de oficio del Gobierno. Montealegre en su momento se reunió con la bancada del Partido Conservador para manifestarles que si hundían la reforma a la justicia no tendrían consecuencias penales. Una tesis que esbozó públicamente y que fue recogida en su alocución del 19 de junio, por el jefe de Estado.
“A los congresistas que tienen dudas sobre la validez jurídica de este trámite y esta convocatoria (a sesiones extraordinarias para votar las objeciones y hundir la reforma), les digo con total claridad y firmeza: Yo respondo’”, aseveró Santos cuando le hizo el llamado al Congreso. Y añadió: “Que nadie venga ahora a acusar a los parlamentarios de prevaricato por acudir a estas sesiones convocadas a conciencia”.
Uno de los conciliadores, ahora investigado por la Corte Suprema, el senador Eduardo Enríquez Maya, le aseguró a este diario que “la citación de la Corte será una bellísima oportunidad para que con el transcurrir del tiempo brille la verdad”, y agregó: “Santos dijo ‘voten que yo respondo’. Pero cada cual responde por sus hechos. Nosotros no tenemos Comisión de Acusación, nosotros tenemos una Corte responsable ante la cual debemos responder”.
Asimismo, el representante conciliador Orlando Velandia advirtió que se siente tranquilo por lo que hizo, porque se actuó de buena fe. “Lo que sí considero lamentable es que luego de que el Congreso se dedicó a atender las solicitudes del Gobierno, salga Santos a decir que la conciliación fue acordada con criminales. Eso lo tendrá que aclarar la Corte”. Se refiere a la denuncia del primer mandatario de que desde las cárceles se acordaron algunos de los micos que terminaron por aplicarle los santos óleos a la reforma a la justicia.
Por ahora, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Procuraduría indagan en frentes paralelos las actuaciones del Congreso. ¿Puede el teflón presidencial evitar investigaciones contra los parlamentarios que hundieron la reforma?
Líos de la Ley Antidiscriminación
El magistrado Fernando Castro, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, abrió indagación en los últimos días contra el Congreso de la República para establecer si los parlamentarios cometieron el delito de prevaricato por acción durante la aprobación de la llamada Ley Antidiscriminación.
Según el denunciante, Jorge Alberto Méndez, dicha ley fue objetada por el presidente Juan Manuel Santos al considerar que violaba derechos fundamentales de los ciudadanos, como las libertades de opinión, de conciencia o de cultos. El Congreso aprobó las objeciones pero igualmente le envió a Santos la ley para que la promulgara. Además de esta irregularidad, el demandante sostiene que la ley debía ser estatutaria y no ordinaria.