27 Jan 2010 - 10:59 p. m.

¿Más dinero en saco roto?

Es cierto que el sistema de salud está desequilibrado y que las nuevas medidas no solucionan el problema de fondo.

Rolando Enrique Peñaloza Q.* / Fernando Ruiz Gómez*

Los argumentos más contundentes en la justificación de la declaratoria de Emergencia Social por parte del Gobierno hacen referencia a una posible crisis financiera del sistema de salud.

Por prestaciones de servicios de salud y medicamentos que no se encuentran dentro de los Planes Obligatorios de Servicios de Salud, el Fosyga ha recibido recobros por $835.000 millones en 2007 y $2 billones en el año 2009. Situación similar se ha vivido en las entidades territoriales, donde los recobros reportados por los departamentos y distritos en los dos últimos años han sido de $409.187 millones en 2008 y un estimado de $885.237 millones en 2009.

En el marco de la Emergencia Social, el Gobierno expidió un grupo de decretos que buscan liberar recursos de diferentes fuentes con el fin de sanear la situación financiera del sistema. Estos recursos podrían estar cercanos a $1,5 billones, los cuales se destinarán, de manera específica, para la financiación de las obligaciones pendientes de pago generadas por la prestación de servicios a la población pobre no asegurada, los medicamentos no POS y los eventos no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud.

Si bien la disposición planteada por los decretos de la Emergencia Social es una medida que beneficia a los diferentes actores del sistema, el problema estructural radica en que las demandas de servicios están por encima de los recursos disponibles para atender esta situación. Algunas fuentes identificadas en estos decretos, como la liquidación de contratos y los excedentes de aportes patronales, son coyunturales. Al no ser estas fuentes permanentes, los problemas de recursos se volverán a presentar en el corto plazo.

Si, además, la demanda de eventos no POS y medicamentos no POS continúa con las tendencias de los últimos años, es muy posible que los costos de prestación no puedan ser cubiertos en su totalidad y someterán, tanto a las Empresas Promotoras de Salud como a las IPS, a una situación de déficit que afectará su viabilidad financiera.

De igual manera, existen diferencias importantes entre las Empresas Promotoras y las IPS como tal, lo cual permitirá que sólo aquellas que tengan equipos técnicos bien estructurados puedan aprovechar más los procesos de recobro, lo cual genera una desigualdad en la distribución de estos recursos.

POS y no POS

De otro lado, el aumento en los beneficios del Plan Obligatorio de Salud tendría que corregir el problema de los eventos no POS; sin embargo, una disminución de los beneficios en el plan contributivo podría tener un efecto más grave en el sistema. La configuración de una estructura de prestaciones excepcionales que se incluye en los decretos de emergencia —y cuya definición revelará los intereses de los actores— hará que existan atenciones no cubiertas con los recursos de la Unidad de Pago por Capitación, para lo cual los decretos proponen acudir a pagos de bolsillo de los usuarios.

Es importante recordar que uno de los efectos esperados del aseguramiento es la disminución de los riesgos financieros que asumen las familias, en este sentido es importante revisar si los artículos 15 y 16 del Decreto 128 atentan contra el patrimonio de las familias, lo que va en contra del planteamiento teórico y la misma justificación social del aseguramiento.

La posible explicación al crecimiento de los eventos no POS y medicamentos no POS se puede dar por la demora en la actualización de los Planes obligatorios de Salud. Una tarea pendiente desde hace 12 años. Si se acepta esta hipótesis, una solución a estudiar es la ampliación de los beneficios de los planes, lo que implicaría un estudio actuarial para determinar qué tanto deben pagar ahora los colombianos. Este tema implica considerar que el POS vigente tiene un alto grado de obsolescencia y que muchos de los procedimientos no POS, que actualmente amenazan la integridad del sistema, realmente corresponden a un problema de actualización del POS, lo que debería ser cubierto por la UPC vigente. De otra manera, no habrá plata que alcance y será necesaria una emergencia social cada dos o tres años para llenar un saco roto donde el incentivo para apalancar nuevas financiaciones por fuera del POS no saciará la red de capturar rentas por parte de los agentes del sistema.

 * Investigadores Cendex, Pontificia Universidad Javeriana

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