Los mapas no pueden ser más claros. En verde están señalados los parques nacionales naturales, los parques naturales regionales, las zonas de páramo, las reservas forestales. En naranja, las solicitudes de títulos mineros. Basta un solo vistazo para comprender el dilema que enfrenta el país: debajo de buena parte de su más sensible riqueza natural hay un manto de carbón, níquel, oro, petróleo.
Mientras todo el sector minero y el Gobierno se frota las manos ante las crecientes cifras de inversión por parte de las grandes compañías mineras —en seis años se esperan unos 47.000 millones de dólares—, buena parte del sector ambiental se las lleva a la cabeza por el riesgo inminente de afectación a los recursos naturales.
Colombia cada día es más un país minero que agrícola. Las expectativas de crecimiento se afincan en la exploración y explotación de yacimientos de carbón, petróleo, níquel y oro. Los tres primeros ya representan el 47% de nuestras exportaciones. La meta, para 2019, es duplicar la exportación de carbón y multiplicar por cinco la de oro. Todo esto sin contar las sorpresas mineras que podrían estar escondidas en zonas de la Amazonia y el Chocó, donde aún la información es pobre.
“Colombia, a golden opportunity”, se lee en el primer pantallazo de la página oficial de la multinacional Greystar Resources Ltda. Esta es una de las empresas que han solicitado títulos en un área muy cercana al páramo de Santurbán, en Santander, en el que nace parte del agua del que dependen 3 millones de santandereanos.
La pregunta que atormenta a los ambientalistas es si el país será capaz de hacer respetar las áreas que ha decidido proteger. Si bien en el Código Minero se restringió la explotación en los parques nacionales, las zonas Ramsar y los páramos, es asombroso que tantas solicitudes mineras coincidan con estas áreas protegidas. Por ejemplo, de los casi diez millones y medio de hectáreas que forman parte de los parques nacionales naturales, existen solicitudes de títulos mineros para 348.291.
Algo similar ocurre con los parques regionales. Quizás lo más preocupante es lo que pueda suceder en áreas de páramo. Del millón de hectáreas que corresponden a este ecosistema, casi la mitad ha sido reclamada para exploración minera.
Dónde hacer minería
Juan Carlos Espinosa, oficial de política sectorial de la organización ambiental WWF, considera que a nivel internacional este tipo de debates se han concentrado en cómo ejercer más responsablemente la actividad minera, con criterios ambientales y sociales. Opina que “en ese sentido, tener empresas multinacionales que se han vinculado a estos proyectos y son de alguna manera vigiladas por grandes grupos ambientales, es bueno porque cuentan con los recursos para ejercer este tipo de minería”.
Pero advierte que el verdadero debate “no es cómo hacer la minería, sino dónde hacer minería. Y ahí es donde está el dilema para Colombia”. La propuesta de WWF y otras organizaciones es sentar a negociar a los sectores involucrados y definir con claridad cuáles áreas son intangibles.
Alberto Galán, del Fondo Patrimonio Natural, ve en todo este asunto un riesgo grande, pero también una oportunidad. “Depende de las decisiones que tomemos —comenta—, la minería es una opción de desarrollo y mal haríamos en no entender eso. Pero eso no implica que se haga sin respeto de los otros objetivos sociales del país, como la protección a la biodiversidad”. Su propuesta apunta a que se definan zonas aptas y prohibidas y que se discuta cómo aprovechar las regalías, incluyendo programas de protección ambiental.
No es un asunto fácil. Manuel Rodríguez Becerra, ex ministro de Ambiente e investigador de la Universidad de los Andes, cree que estas son justamente las discusiones que no se han dado en el país, con los riesgos que ello involucra: “A mí me da la impresión de que si alguien encuentra minerales, luego es difícil negar la licencia ambiental. Ahí están la vulnerabilidad. Si meten 20 millones de dólares, ¿quién dice luego que no pueden explotar esa zona?”.
En su opinión, el país debe dar señales muy claras a la comunidad internacional a la que está invitando a invertir, de que aquí se hace cumplir la ley ambiental. “Creo que el país ha aflojado en ese sentido”, dice el ex ministro y cita el caso de la empresa Drummond, que tuvo un mal desempeño en áreas como Ciénaga y La Jagua de Ibirico y sin embargo recibió nuevos títulos mineros.
Expertos coinciden en que el ejemplo sería lo que está haciendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos que se ha dado a la tarea de ordenar la exploración en la Orinoquia desde una perspectiva social y ambiental.
Podría ser uno de los caminos para evitar la tragedia del rey Midas, a quien se le concedió el deseo de convertir en oro todo lo que tocaba y descubrió muy tarde la tragedia de su ambición: ni siquiera podía llevarse comida a la boca, porque se transmutaba en el brillante mineral.
Minería responsable
El ex ministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra asegura que en el país hay buenos ejemplos de minería responsable, como son las minas de Cerro Matoso y Cerrejón Norte, donde se explota níquel y carbón, respectivamente.
Sin embargo, pese a la alta tecnología que se puede aplicar a la explotación minera y los planes de manejo ambiental, por tratarse de una actividad de alto impacto siempre existe un riesgo.
Entre los principales problemas que se generan están el alto impacto paisajístico que produce, la cercanía a zonas pobladas, las explotaciones dispersas, la disminución del recurso hidrogeológico, la generación de deslizamientos, así como la afectación de zonas de alta importancia ecosistémica, entre muchas otras.
Vea la infografía El Mapa de la Discordia