El tribunal impuso por segunda vez la misma pena a Jaume Roura y Enric Stern que ya les había sido impuesta en el primer juicio contra ellos y que fue anulado al no haber un intérprete de catalán durante la vista.
De acuerdo con la sentencia del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, Roura y Stern han sido condenados a 15 meses de prisión sustituibles por una multa de 30 meses con una cuota diaria de tres euros por un delito de injurias contra la Corona “con el agravante de disfraz”, ya que iban con el rostro cubierto cuando quemaron la foto de los monarcas el pasado 13 de septiembre.
El tribunal repitió la semana pasada el juicio a Roura y Stern porque el magistrado que juzgó los hechos el pasado 20 de noviembre, José María Vázquez Honrubia, denegó la presencia de un traductor catalán y la sala de lo penal ordenó anularlo y repetir la vista al concluir que esto les produjo una “vulneración” de las garantías del derecho de defensa.
El juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, que juzgó por segunda vez la quema de esta foto, reconocida por los acusados, considera en su fallo que para manifestar el rechazo a la monarquía “no es necesario menospreciar y vilipendiar” a los Reyes, quemando su fotografía tras haberla colocado “deliberadamente” boca abajo.
Tras señalar que con este proceder abusaron de su derecho a la libertad de expresión, argumenta que “no se puede pretender que el sistema constitucional ampare hechos que constituyen, no sólo un manifiesto abuso del ejercicio del derecho, sino también un auténtico acto ilícito” tipificado penalmente.
En respuesta a la defensa de Roura y Stern, que ejerció Benet Salellas, de que no podía hablarse de un delito de injurias cuando los Reyes no declararon sentirse ofendidos, el magistrado subraya que esto es “irrelevante” porque el delito de injurias no requiere que la persona agraviada “se sienta como tal”.
La polémica causada entonces por la quema de la foto por los jóvenes independentistas se agudizó después de que el partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) propusiera cambios en la ley del Ejército para que el Rey deje de ser el jefe supremo de las fuerzas armadas y ceda esa función al Presidente del Gobierno.
El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró a la sazón que era un debate “artificial” porque la española es una de las monarquías parlamentarias que tiene más fuerza y representación institucional.