Asegura que el Presidente y el ex ministro Arias quieren continuar con ese proyecto a pesar de que es “perverso”. Está pensando si se retira del liberalismo.
Cecilia Orozco Tascón.— Más allá de las denuncias sobre la entrega de subsidios agrícolas a los ricos y no a los campesinos pobres, ¿cuál es, para usted, la esencia del problema de los subsidios de Agro Ingreso Seguro (AIS)?
Senadora Cecilia López Montaño (C.L.M).— El problema reside en la concepción ideológica que tiene el Gobierno de la política agrícola. Según la administración, hay que darles apoyo económico a los sectores fuertes del campo porque son ellos los que generan empleo y mejoran la competitividad. En desarrollo de esa política, los campesinos son vistos como simples peones de los latifundistas. Y en el caso específico del Programa Agro Ingreso Seguro, el problema se ahondó porque cuando se concretó el regalo de los dineros públicos a los pudientes del campo, al cuestionamiento filosófico se le añadió una grave falla de ética pública.
C.O.T.— Pero, ¿cómo se concretó ese propósito que no parece hecho adrede?
C.L.M.— Se inventaron unos concursos en los que pusieron unas condiciones aparentemente equitativas para que los participantes que las cumplieran se “ganaran” el subsidio de $300, $400 ó $500 millones de pesos. Lo que ninguno de los responsables del diseño del concurso se preguntó, o tal vez no quiso preguntarse, fue si los requisitos impuestos permitían que únicamente pasaran las pruebas quienes poseían tierra y tenían el conocimiento. Tampoco le interesó a nadie si el resto de la población rural quedaba excluida.
C.O.T.— Deme ejemplos de algunas de las condiciones del AIS a las que se refiere.
C.L.M.— A ver: ¿Qué campesino puede competir con los siguientes requisitos: 1. Tener suficiente tierra. 2. Presentar un balance general del proyecto que se propone, firmado por contador público titulado. 3. Presentar las hojas de vida de los profesionales que ejecutarán el proyecto. 4. Demostrar que se tendrá una tasa interna de retorno, mínimo del 12%? Y ¿Quién puede cumplir estos requerimientos técnicos: 1. Presentar estudios de climatología y oferta hídrica del terreno. 2. Hacer cálculos de vaporización potencial mensual. 3. Realizar levantamientos topográficos y de geotecnia. 4. Entregar estudios de caracterización agrológica y estudios de suelos? ¿No le parece que esto es un chiste cruel? El campesino promedio no tiene tierra, no tiene conocimiento para entender de qué le exigen, ni mucho menos posee el dinero que se necesita para contratar los profesionales y los estudios que le piden. Aquí está la clave de la verdadera perversión del modelo que el Presidente insiste en continuar y explica por qué las grandes familias se quedaron con la mayoría de esos recursos.
C.O.T.— ¿Cree que si sigue aplicando esta política se repetirán los errores?
C.L.M.— Sin la menor duda. En los sectores académicos se sabe desde hace tiempo que instrumentos similares a éste fueron una gran equivocación de los años 90. Aún advertido, y lejos de revisar su política, este gobierno continuó su programa y lo llevó a su máxima equivocación cuando decidió concentrar los beneficios en los más ricos. Un analista del Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA), que hoy funciona en la Universidad de los Andes, escribió en octubre de 2006 un artículo crítico sobre AIS en el periódico Portafolio (ver parte superior, pág. siguiente). Estaba en pleno debate el proyecto de ley que creaba el programa. El CEGA advirtió lo que podría pasar con Agro Ingreso Seguro. El entonces ministro Arias reaccionó enfurecido, no lo analizó e impidió que el Ministerio firmara un contrato con el CEGA que éste se había ganado en franca competencia.
C.O.T.— Para usted, ¿los subsidios entregados a las grandes familias del Magdalena son legales o ilegales?
C.L.M.— Hay que distinguir: los créditos cubiertos por otro programa denominado Incentivo a la Capitalización Rural deben pagarse como cualquier deuda, pero tienen un descuento del 40% si el crédito se les entrega a los campesinos pobres. Y del 20% si el crédito favorece a productores medianos o grandes. Cualquiera de los descuentos se hace efectivo sólo si se demuestra que el proyecto propuesto se realizó en su totalidad. Muy distinto es el caso de los concursos inventados por el ministro Arias para regalar dinero público en los proyectos de Convocatoria de Riego y Drenaje de Agro Ingreso Seguro. Como dije, en este programa hay un conflicto de ética pública aunque la entrega de los recursos haya sido legal, en el sentido de que los beneficiarios cumplieron con unos requisitos que están en la norma, a pesar de que éstos fueran discriminatorios.
C.O.T.— Aunque no se comparta esa filosofía, en teoría uno podría creer que es válido pensar que los ricos generan nueva riqueza, debido a su capacidad económica. Y que, bien manejada, esa riqueza termina siendo redistribuida entre los campesinos en forma de tierras o de empleo ¿No es posible que eso ocurra?
C.L.M.— Las cifras y los hechos demuestran lo contrario. Hay que entender bien la discusión. No se trata de que no haya ricos sino de que el Estado cumpla con su obligación de darles mayores oportunidades a los más pobres y débiles. Éstos tienen derecho a contar con oportunidades y a salir de la pobreza, pero no con limosnas de los ricos sino con la entrega de los medios para producir y mejorar su calidad de vida. Si fuera acertada la política agraria del gobierno Uribe, hoy no tendríamos el desempleo rural que muestran las estadísticas oficiales del DANE.
C.O.T.— ¿Cómo cuáles?
C.L.M.— En 2005 la cifra de desempleo rural fue del 6,8% y entre junio y agosto de 2009 fue del 7,4%. En vez de bajar, el desempleo ha subido desde que empezó el programa AIS. Le doy otro indicador: en 2005 la indigencia rural era del 27%. Y hoy es de 33%. Sube el desempleo y sube la indigencia. ¿Será que las familias ricas sí han ayudado a los pobres del campo? Por el contrario, el Índice Gini de concentración de la tierra en Colombia —medida aceptada internacionalmente para este factor—, es del 0,77 (siendo 0 una distribución perfecta de la tierra y 1, la más desigual posible). Este índice es uno de los más altos del mundo, luego, es uno de los más injustos. Y la política oficial insiste en seguir incentivando dicha concentración.
C.O.T.— Usted ha sido fogueada en materias económicas no sólo en Colombia sino en el exterior. ¿Cómo es posible que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que ejecutaba los proyectos, no se hubiera dado cuenta de que los subsidios se estaban concentrando en unas familias y en pocas regiones?
C.L.M.— Ese es un buen interrogante y yo también me pregunto: ¿cómo es posible que el IICA no se hubiera percatado de que las condiciones establecidas excluían a los pequeños productores? Con su experiencia en el campo, ¿cómo no vio que los beneficiarios estaban concentrados en zonas de latifundio y no de minifundio? No obstante, debe quedar claro que la responsabilidad política de este desastre no debe trasladársele al IICA. El Gobierno no puede deshacerse de su culpa porque quien diseñó el mecanismo discriminador fue el ministro Arias, más conocido como Uribito, precisamente por su gran parecido con el Presidente.
C.O.T.— Justamente le iba a decir que era obvio para cualquiera que los viera, que cuando se presentaban varios proyectos bajo un mismo apellido, se estaba haciendo trampa.
C.L.M.— No sé cómo se presentaban los proyectos. Cuando le pedí al Ministerio, mediante derecho de petición, el listado de ganadores del concurso de AIS, me llegaron las identificaciones de los proyectos pero no los nombres de los beneficiarios. Ignoro si ésta era una presentación que me entregaron de esa manera para ocultarme información. También ignoro si al IICA le pasó lo mismo. Lo que es inconcebible es que ninguno de los responsables del proceso en el Ministerio de Agricultura hubiera diseñado, junto con el concurso, mecanismos de control real. Si las familias ganadoras hicieron trampa, ese es un problema con la justicia de cada una de ellas. Pero la responsabilidad política frente a la nación, y quién sabe si también la judicial, recae en el Gobierno por permitir la apropiación indebida del presupuesto público. Así los beneficiarios devuelvan la plata, cosa muy improbable, la administración deberá responder por haberles entregado el dinero de los contribuyentes a los empresarios del campo, algunos de los cuales, coincidencialmente, resultaron ser donantes de las campañas del Presidente.
C.O.T.— Para usted, ¿este escándalo tiene algo que ver con el de Carimagua, sucedido también en época de Arias?
C.L.M.— Tiene todo que ver. Carimagua prendió las luces sobre el modelo de beneficios para los latifundistas y de mantenimiento de la condición de peones para los pobres y los desplazados. Logramos parar las intenciones oficiales en Carimagua, en donde se les iban a entregar, junto con otros tres predios, 100 mil hectáreas a cuatro empresarios amigos del Gobierno. Pero me frustra reconocer que esa idea se multiplicó por millares con los concursos de Agro Ingreso Seguro. Lástima que hayamos subestimado la voluntad del Presidente y de su ministro predilecto de sacar adelante su perverso proyecto.
C.O.T.— Usted ha sido, tal vez, la mayor contradictora de Arias. ¿Siente un “fresquito” con este escándalo que, evidentemente, afecta la imagen del precandidato conservador?
C.L.M.— Nunca me alegro del mal ajeno, aun cuando le caiga a alguien que ha sido tan descortés e injusto conmigo y con mi familia. No sobra decir que dada la prepotencia y agresividad de su personalidad, él debería asimilar esta gran lección que le está dando la vida. Y más allá del tema netamente personal, ésta es una lección también para todos aquellos que creen que el modelo AIS es válido.
C.O.T.— Me parece que está tambaleando el actual ministro de Agricultura, Andrés Fernández. Su suerte podría resolverse pronto: se va por la moción de censura, porque el Gobierno decida su retiro, o porque renuncia. ¿Cree que con él se acabará la discusión pública?
C.L.M.— El ministro Fernández es la parte más delgada del hilo y por eso lo reventarán por ahí. Eso no salva ni al Presidente ni al ex ministro Arias. En todo caso, todavía hay mucha información delicada por descubrirse y los costos del escándalo de Agro Ingreso Seguro se seguirán notando, muy probablemente, en disminución de la popularidad del Gobierno y en nuevas manifestaciones de los campesinos.
¿Usted seguirá siendo liberal?
Cecilia Orozco T.- No ganó la consulta interna del liberalismo, pero obtuvo más de 80 mil votos. ¿Se da por bien servida?
Cecilia López M.- Estoy muy orgullosa de mis 80 mil votos limpios, pero tengo que reconocer que las maquinarias y la plata siguen eligiendo. ¡Qué desilusión siento del liberalismo! No obstante, mis votantes saben que ha surgido otra forma de hacer política dentro del partido.
C.O.T.- Pero se le nota amargura.
C.L.M.- Me duele que importen menos las ideas que las maquinarias.
C.O.T.- Usted es la única de los precandidatos que no se comprometió a apoyar a Rafael Pardo. ¿Qué hará?
C.L.M.- Cumplo mi compromiso de demócrata de reconocer que Pardo ganó. Pero tengo una encrucijada en el alma y ésta sí es sincera, no como otras.
C.O.T.- ¿En qué consiste su encrucijada?
C.L.M.- Estos días me he preguntado qué tan posible es seguir creciendo políticamente en un partido que en vez de dejarme volar, me amarra. Estoy pensándolo bien y estoy conversando.
C.O.T.- ¿En qué piensa y con quién conversa?
C.O.T.- No puedo avanzar más.
C.O.T.- ¿Existe la posibilidad de que usted deje el Partido Liberal?
C.L.M.- ¿Dejar de ser liberal? Nunca. Eso no me impide reflexionar.
Crítica premonitoria al AIS en 2006*
Cuando se estaba discutiendo en el Congreso de la República el proyecto de ley que creaba el Programa Agro Ingreso Seguro, en octubre de 2006, el reputado Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA), publicó un artículo en Portafolio bajo la firma de su director ejecutivo de entonces, Luis Llorente. Desde el título “Agro Ingreso Seguro: ¿camino equivocado?”, hasta el resto del contenido, la nota criticaba la orientación del programa AIS. Los siguientes son algunos de los apartes de ese análisis, que fue rechazado airadamente por el ministro Andrés Felipe Arias:
“La ineficiencia de los apoyos directos al productor para facilitar la modernización, ya ha sido probada en otros países… sin ningún cambio. Otro tanto sucederá aquí. Los incentivos mencionados (en el programa AIS) son los tradicionales (y) en términos generales… no han servido para hacer competitivo el campo ni para combatir la pobreza rural, lo cual obliga a preguntarse por qué serían efectivos ahora o en el futuro…”.
Pero tal vez lo más concreto que se decía en el artículo del CEGA y que resultó premonitorio, fue la siguiente frase: “en teoría, todo mundo tiene acceso al crédito y a los diversos apoyos asignados mediante concurso abierto. En la práctica, los pobres no tienen cómo armar un buen proyecto…”.