17 Sep 2012 - 1:00 a. m.

'No puede haber una agenda paralela'

Fernando Carrillo dice que se deben esperar definiciones de fondo en La Habana para comenzar a mirar cómo se traducen en la agenda del Legislativo.

Hugo García Segura / Felipe Morales Mogollón

Fernando Carrillo se define como un liberal de apellido santista. Fue líder del proceso de la séptima papeleta, que condujo a la Asamblea Constituyente de 1991, y acaba de pasar de la dirección de la Defensa Jurídica del Estado al Ministerio del Interior, donde será el encargado de impulsar en el Congreso de la República las leyes reglamentarias del llamado Marco legal para la paz, que —se supone— serán la base para llevar a buen puerto un eventual proceso de desmovilización de los miembros de las Farc.

Y aunque en esta conversación con El Espectador, Carrillo sigue al pie de la letra las instrucciones presidenciales de mantener la prudencia cuando de hablar del proceso de paz se trata, sí da luces sobre la manera como desde ya se viene preparando el Gobierno para abrirles paso en el Legislativo a iniciativas que lo consoliden.

¿Hay ya una agenda legislativa de cara a la paz?
Nosotros simplemente vamos a trabajar en una agenda de fondo, con la ejecución de políticas públicas complementarias. Por supuesto, cuando llegue la hora de desarrollar el Marco legal para la paz, vendrán definiciones según las condiciones que se acuerden en la mesa de negociación. No hay que apresurarse, el sigilo y la prudencia son fundamentales para que las cosas avancen.

¿Ve ambiente para una eventual participación política de los desmovilizados de las Farc?
Ese ha sido el contenido de lo que hemos discutido con la dirigencia política, pero especular sobre escenarios específicos no es sano. Hay que esperar a que se tomen definiciones de fondo y una vez ello se haga, se empezará a mirar cómo lo vamos a traducir en la agenda legislativa.

¿Y no sería bueno ir avanzando en esas leyes reglamentarias?
Uno no puede avanzar en lo que posteriormente pueda convertirse en camisa de fuerza para el proceso mismo. El propósito esencial es que haya una serie de acuerdos y debemos esperar para ver cómo se pueden dar soluciones específicas. No tendría ningún sentido trabajar en una agenda paralela que pueda entrar en contradicción con lo que se está discutiendo en la mesa.

Pero es que, por ejemplo, la participación política no se puede garantizar de un día para otro...
Vamos a avanzar en temas como la reforma electoral, que tiene que ver con la organización y el sistema, y asuntos como el escrutinio, los jurados o el tarjetón. Son asuntos de mecánica electoral que forman parte del ejercicio de los derechos políticos y la defensa de las minorías, que es principio fundamental en todo sistema democrático. No podemos ir más allá de eso. Hay que abrir el debate, pero la fórmula concreta hay que discutirla más adelante.

Los exparamilitares pidieron igualdad de condiciones y recibir los beneficios del Marco legal para la paz. ¿Es posible?
No quiero pronunciarme sobre cuestiones hipotéticas. Es posible que eso se discuta en la mesa, pero sería muy irresponsable dar un concepto cuando estamos esperando a ver cuál será el tono del debate y cuáles las propuestas.

El Gobierno anuncia un nuevo impulso a la política de seguridad ciudadana, ¿ en eso tiene que prever escenarios de desmovilización?
La idea es fomentar una cultura de paz. Estoy hablando de escenarios de acuerdos, de reducir la violencia, de exigir a todos los actores del conflicto que cese la violencia contra la población civil. Esa es una condición mínima para que la paz llegue a imponerse en el escenario nacional.

Una cruzada por la paz...
Así es y, en ese sentido, el papel que va a desempeñar el alto consejero para el Diálogo Social, Lucho Garzón, será fundamental. Acá las comunidades se tienen que movilizar para generar respaldo desde las bases de la sociedad a todo ese proceso que se está dando en La Habana. No hay que tratar de inmiscuirse en el contenido de las conversaciones, pero sí hacer que la gente hable de paz. A raíz de los anuncios de paz del presidente Santos, creo que cambió el eje del ejercicio de la política y hay nuevos objetivos y una forma distinta de relacionarse para construir la paz.

¿Usted es de los que prefiere ver a ‘Timochenko’ en el Congreso a dando bala en el monte?
Un sistema electoral tiene que abrir espacios de participación política. El respeto a las minorías es esencial. Ya la mesa de negociación determinará cuáles son las fórmulas para lograrlo, si hay acuerdo al respecto.

O sea, podrían tener representación política autores de delitos de lesa humanidad…
Tenemos que esperar a que haya decisiones en la comisión negociadora para definir el camino.

¿Y al Gobierno no le preocupa que la justicia internacional se atreviese en el camino?
Es evidente que aquí hay una serie de restricciones a nivel de la justicia global que hay que respetar, pero también que el bien supremo de la paz puede encontrar algún tipo de camino para que las cosas puedan darse.

¿Un proceso de paz debe terminar en una constituyente?
No creo. Si miran los parámetros de lo que está en el acuerdo, no hay negociación sobre temas fundamentales del Estado. La Constitución del 91 es la más progresista de América Latina y abre espacios a una cantidad de iniciativas que no hay que modificar con el pretexto de la paz.

Con el proceso de paz, ¿el gobierno Santos está pasando la página del uribismo?
Creo que el país está en el cuento de la paz. Esto tuvo una excelente recepción. La gente le está apostando a la paz y eso se refleja en las encuestas. Ya hacer otra consideración sobre el significado político no me corresponde.

¿Pero cómo toman las críticas del expresidente Uribe?
Bienvenida la crítica. En todos los procesos de paz la discrepancia es un elemento fundamental para que esto tenga éxito. El Gobierno es totalmente abierto.

¿Será necesaria la reelección de Santos para consolidar la paz?
El presidente ha dicho que el objetivo fundamental es conseguir la paz y que después de eso habrá que tomar definiciones. Ya lo hará en su momento.

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