23 Apr 2010 - 3:55 a. m.

Ocho años después, Gobierno reversa fusión ministerial

Expertos piden que también vuelva la cartera de salud, ante la crisis que vive el sector.

El Espectador

Fue desde su “Manifiesto Democrático”, los 100 puntos que Álvaro Uribe Vélez le propuso al país durante la campaña electoral que lo llevó al poder en 2002, que se comenzaron a trazar las primeras líneas de lo que sería la supresión de algunos ministerios, como una medida para reducir el gasto público y, de paso, luchar “contra la politiquería y la corrupción” y propender por un Estado austero y menos burocrático.

Ya en la Presidencia, Uribe sacó adelante la Ley 790 de 2002, mediante la cual se fusionaron las carteras de Justicia y Gobierno en el Ministerio del Interior; las de Salud y Trabajo en el Ministerio de la Protección Social; los ministerios de Comercio Exterior y Desarrollo Económico se convirtieron en el de Comercio, Industria y Turismo, y las tareas que se deberían cumplir en materia de políticas relativas al uso del suelo, ordenamiento urbano, agua potable y saneamiento básico y política habitacional pasaron a potestad del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial.

Así, al comienzo de ese primer mandato el país contaba con 16 ministerios y con la reforma quedaron 13. Además, la misma Ley le permitió al gobierno Uribe  sacar adelante la liquidación de por lo menos 35 entidades y la reestructuración de unas 120. Al término de esa administración, a la hora de los balances, el Presidente  hablaba del ahorro de $182.000 millones que, según dijo, serían “trasladados a inversión física y social”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, hoy que la era Uribe toca a su fin y se anuncia la radicación en el Congreso de la República de sendos proyectos para ‘revivir’ las carteras de Justicia y Salud, hay quienes más que una reculada buscan pasar una cuenta de cobro con el argumento de que el objetivo de reducir costos sólo se cumplió a medias y, en cambio, trajo como consecuencia una serie de crisis sociales.

Las pruebas saltan a la vista: el desempleo en el país ronda ya el 14% y el Gobierno se vio obligado recientemente a decretar una Emergencia Social  ante el inminente colapso en el sector salud (que terminó  cayéndose en la Corte Constitucional). Dos temas manejados por el novel Ministerio de la Protección Social y que tienen en el ojo del huracán a su cabeza responsable: Diego Palacio.

En el caso del Ministerio del Interior y Justicia, la controversia no es menor. Muchos, por no decir todos, le achacan el choque que existe actualmente entre la Casa de Nariño y la Corte Suprema de Justicia —con denuncias penales de por medio— a la falta de un interlocutor entre ambas ramas, es decir, de un ministro de Justicia.

Sin duda, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, quien ocupó esa cartera en dos oportunidades, dio el mejor diagnóstico: “Grandes controversias se han venido presentando entre el Ejecutivo y las Cortes, eso demuestra que allí hay un vacío. El Ministerio del Interior no tiene vocación y tampoco tiene tiempo para encargarse de la justicia”.

Cuando la justicia se mezcló con la política

Así como el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez fue el que fusionó los ministerios de Gobierno y de Justicia, en  el del Interior y Justicia, —supuestamente para reducir costos—, el viernes se presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley para echar para atrás la medida, es decir, separar las dos carteras, en parte por los choques del Ejecutivo con la Rama Judicial.

La primera vez que el ministro Fabio Valencia Cossio, admitió la separación de dichas carteras como una opción, fue en diciembre pasado en Cartagena: “Un Ministerio de Justicia en el contexto de una reforma estructural de la Rama Judicial sin sacrificar la autonomía propia del nivel judicial. Que el Ejecutivo pueda contar con una cartera que interactúe de manera más especializada con la Rama Judicial”.

De hecho, en la propuesta preliminar de la Comisión de Reforma a la Justicia, conformada por el mismo Gobierno e integrada por diez juristas de primer nivel con la misión de definir los lineamientos de dicha reestructuración, después del fracaso de varios intentos en el Legislativo, se propone ‘revivir’ la cartera, como una medida para alcanzar la armonía entre las diferentes ramas del poder público.

Concretamente, la Comisión recomienda: “Escindir el Ministerio del Interior y Justicia y restablecer el Ministerio de Justicia. Ubicar en cabeza del Ministerio de Justicia las funciones de formulación de políticas y planes de enmienda al ordenamiento jurídico y la política criminal, en coordinación con las instituciones jurisdiccionales; coordinar sus entidades adscritas y vinculadas; y actuar como órgano de interlocución entre el Gobierno Nacional y la Rama Judicial”.

Para el ex ministro del ramo Carlos Holguín Sardi —antecesor de Valencia Cossio—, la propuesta significa que “el Gobierno ha aceptado que las circunstancias y las situaciones que se han presentado en los últimos meses hacen necesario tender un puente con las Cortes, o sea, que se haga un replanteamiento”.

En su concepto, uno de los errores de la fusión fue “mezclar la política con la justicia, eso no fue así en los primeros años”. “Discutí que le dieran más relevancia al Ministerio de Justicia, porque el que tenía todo el respaldo de la cabeza política del gabinete es el de Interior, y el de Justicia quedaba casi en segundo orden”.

El ex ministro de Justicia Parmenio Cuéllar aseguró que el proyecto del Gobierno indiscutiblemente debe tener una dirección de Derechos Humanos, contribuir en la defensa de los municipios que están mal defendidos (por eso las condenas multimillonarias contra el Estado)  y tener una política criminal que diga primero cómo prevenir y que luego venga la parte penal.

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