Con mensajes de agradecimiento al Congreso y de que “no les fallaremos” —a través de su cuenta de Twitter— además de prometer que no habrá una masacre laboral en las entidades a intervenir, el presidente Juan Manuel Santos se apresta a adelantar durante los próximos seis meses una profunda reforma al Estado, que implica la resurrección de los ministerios de Justicia, Trabajo y Medio Ambiente y la posible supresión o intervención de varias agencias estatales, hoy en el ojo del huracán por escándalos de corrupción.
No es la primera vez que un primer mandatario solicita facultades extraordinarias para reformar el Estado. César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe también pidieron, y las recibieron en sus respectivos mandatos —sólo por nombrar los presidentes posteriores a la Constitución de 1991—, concesiones que, como hoy, no estuvieron exentas de controversia. Y siempre el motivo para justificarlas fue consolidar un Estado eficiente, moderno, menos costoso, de calidad en la prestación de los servicios públicos, en la promoción de la equidad, en su legitimidad y la eliminación de la corrupción.
Desde su discurso de posesión, el pasado 7 de agosto, y en el marco de sus postulados de transparencia y buen gobierno, Santos había dado los primeros pincelazos en cuanto al nuevo modelo de Estado que pretende implementar y la función que cumplirán esos nuevos ministerios, los que precisamente había suprimido Uribe. El de Trabajo tendrá como objetivo fundamental implementar políticas de choque que permitan bajar el desempleo a cifras de un dígito, así como apoyar el emprendimiento de los colombianos para que surjan más empresas rentables y generadoras de empleo.
El Ministerio de Vivienda, dijo el presidente, tendrá como prioridad “hacer posible el sueño de cada colombiano de tener una vivienda digna para su familia”, haciendo cumplir la meta de duplicar los subsidios y de construir al menos un millón de viviendas nuevas en el próximo cuatrienio. Y el de Justicia será el encargado de articular las políticas de Estado para fortalecer la justicia y proteger los derechos fundamentales, así como de hacer de interlocutor entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Asimismo, deberá liderar la estrategia jurídica del Estado, preservar la coherencia legislativa y velar por la formación de los abogados.
Santos tiene carta blanca. Lo respaldan la Unidad Nacional en el Congreso y una opinión pública cansada de tantas ollas podridas que se destapan día a día. El Polo Democrático anuncia, por su parte, una demanda de inconstitucionalidad a la ley que dio vía libre a las facultades extraordinarias porque no existe claridad sobre el alcance de las modificaciones que puede realizar el Gobierno. Como en el pasado, sólo el tiempo dirá si la reforma sirvió o no.
Los cambios en el DAS
Seguramente cambiará de nombre para alejar el estigma que ha caído sobre esta entidad por el escándalo de seguimientos ilegales a magistrados, miembros de la oposición y periodistas. En materia de funcionamiento, el DAS se convertirá en una agencia de inteligencia y contrainteligencia de carácter civil adscrita a la Presidencia. Le serán retiradas las labores de seguridad de personas protegidas, que serán asumidas por el Ministerio del Interior, y dejará de cumplir las labores de inmigración. Los funcionarios que salgan de la entidad serán reubicados en la Fiscalía.
Dirección de Estupefacientes
El principal dolor de cabeza en la Dirección Nacional de Estupefacientes ha sido la administración de los bienes que les son incautados a los narcotraficantes, que además de generar demandas millonarias en contra de la entidad, la ha convertido, según las denuncias, en un foco de corrupción. Investigaciones que se adelantan en la Fiscalía señalan que parlamentarios recibían el manejo de los bienes a través de terceros. Esta función será asignada a una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y la DNE, ahora sólo tendrá la responsabilidad de coordinar, diseñar y orientar las políticas de lucha contra el tráfico de estupefacientes.
Defensa jurídica del Estado
Desde que asumió como ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras ha manifestado su preocupación por el creciente número de demandas contra el Estado y la vulnerabilidad frente a las pretensiones económicas en estos procesos judiciales, que en la actualidad podrían superar los 100 billones de pesos. Por este motivo, dentro de las funciones que se le asignarán a la nueva cartera de Justicia y el Derecho está la creación de la agencia para la defensa jurídica del Estado, que será la encargada de defender los intereses de la nación en los tribunales nacionales e internacionales. La idea es crear políticas claras de defensa con la conformación de un equipo especializado y de alto nivel que tenga la capacidad de responder ante procesos que, en ocasiones, enfrentan a la nación contra grandes ‘buffets’ de abogados.
Agencia Nacional de Infraestructura
Esta entidad estará adscrita al Ministerio de Transporte y estará a cargo de uno de los principales retos del gobierno: superar el evidente atraso en infraestructura, que afecta la posibilidad de crecimiento comercial y de inversión extrajera.
Según lo ha planteado el ministro Germán Cardona, es importante que se ofrezca un portafolio de proyectos serios y viables que se puedan presentar a la banca nacional e internacional para buscar recursos que permitan su ejecución. Además, la idea es que las obras se adjudiquen cuando se cuente con la totalidad de los diseños, para evitar los sobrecostos y adiciones presupuestales.
Superintendencia de Notariado
Las reformas que se le hagan a esta entidad estarán enfocadas en los dos retos claves que tiene que enfrentar. El primero está relacionado con su responsabilidad frente a la aprobación de la ley de víctimas y restitución de tierras. Supernotariado tiene la obligación de reconstruir la historia de la tierra en el país e identificar los bienes que les han sido despojados los campesinos por medio de titulaciones fraudulentas. También se encargará de la recuperación de cerca de 14 millones de predios que no están identificados y que le pertenecen al Estado. El segundo reto radica en la transformación en una entidad con altos estándares de calidad, para garantizar el cumplimiento de la función de dar seguridad jurídica sobre las propiedades de los colombianos. Para eso la idea es contar con funcionarios profesionales que serían escogidos por concurso de méritos.
Contra desastres
Uno de los temas de los que poco se ha hablado en el marco de la entrega de facultades extraordinarias al Gobierno para modificación de la estructura del Ejecutivo tiene que ver con la forma como se deben enfrentar las crisis generadas por fenómenos naturales. Este factor toma más vigencia luego de la catástrofe humanitaria generada por la ola invernal de final de 2010, en la que se demostró que el país no estaba preparado para enfrentar una tragedia de este tipo. Además, con el terremoto que se presentó en Japón, el Ministerio del Interior vio la necesidad de crear una entidad más solida que la Dirección de Prevención y Atención de Desastres.
Según conoció El Espectador, se creará una agencia o un viceministerio para la atención y prevención de los desastres naturales. Aún no se ha definido con exactitud si esta entidad estará adscrita al Ministerio del Interior o dependerá de la Presidencia de la República. Esta decisión se tomará luego de un análisis que se está realizando con la agencia alemana GIZ, que asesora al Gobierno.
Minería
Una de las locomotoras de la prosperidad democrática que plantea el presidente Juan Manuel Santos es la de la explotación minera, tema en el cual se proyecta una bonanza nacional. Sin embargo, es claro que existe la necesidad de que se maneje con estándares internacionales, los cuales no se pueden cumplir con el aparato con que cuenta en la actualidad Ingeominas, que a juicio de expertos es demasiado ‘artesanal’.
Así lo planteó el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, quien explicó que busca transformar la entidad en la Agencia Nacional de Minería, con su respectiva superintendencia, para manejar de forma adecuada la explotación. La idea del Gobierno, que aún está en borrador, es que esta agencia funcione de forma similar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que en la actualidad es la encargada de la política de comercio y explotación de petróleo y que ha generado importantes resultados para el país.
Se desvirtúan rumores
Aunque se presentaron rumores sobre la posibilidad de que el Gobierno, en el marco de las facultades extraordinarias para “crear, escindir y cambiar la naturaleza jurídica de los establecimientos públicos y otras entidades u organismos administrativos del sector central de la administración pública”, realizara modificaciones profundas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, desmintió esta posibilidad y aseguró que estas entidades no serán objeto de intervención. Además, negó la posibilidad de que se realice la liquidación total del Instituto de Seguros Sociales (ISS). Aunque el manejo de los riesgos profesionales ya lo hace la ARP Positiva, la prestación de servicios de salud está a cargo de la Nueva EPS y las pensiones a cargo de Colpensiones, la cancelación de esta entidad no se hará bajo el amparo de esta ley.