El comienzo del juicio contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por el holocausto del Palacio de Justicia constituye un capítulo inédito para establecer la verdad que, durante dos décadas, estuvo dispersa en los testimonios de las víctimas, perdida en la conciencia de los responsables y represada por intereses políticos.
Hasta hace un par de años, que alguien fuera juzgado por lo ocurrido en el Palacio de Justicia entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 era impensable. Ahora, el debate se centra en esclarecer quiénes son los responsables por la desaparición de 11 personas: una, guerrillera del M-19, y los otros 10, empleados de la cafetería del edificio.
A la justicia le tomó cerca de 21 años abrir un expediente con el que se intentará resolver un único interrogante: ¿qué pasó con esas 11 personas que, según pruebas de video y testimoniales, salieron con vida de la sede de los máximos jueces de la República, luego de la retoma que ejecutó la Fuerza Pública? En agosto de 2006 la Fiscalía abrió investigación contra el coronel (r) Edilberto Sánchez, comandante de inteligencia del B-2 de la XIII Brigada del Ejército. Fue el primer oficial vinculado formalmente por los delitos de secuestro y desaparición forzada.
Posteriormente fueron vinculados al proceso cuatro suboficiales del B-2 que estuvieron bajo su mando durante la toma. Los cinco fueron llamados a juicio. El 16 de julio de 2007 llegó la hora para el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien, durante los sucesos del Palacio, era el comandante de la Escuela de Caballería.
El pasado 12 de febrero, siete meses después de que éste se entregara en el Ministerio de Defensa al conocer la orden de captura en su contra, fue llamado a juicio, el cual empezó este viernes en el Juzgado Tercero Especializado, en el centro de la capital del país.
Sánchez y los otros agentes del B-2 apelaron la decisión judicial, pero Plazas Vega, no. Razón por la cual él protagoniza el primer histórico juicio por el tema del Palacio. Su defensa reclamó que el debido proceso estaba siendo vulnerado porque el delito de la desaparición forzada se incluyó en la legislación penal apenas en 2000. También alegó que sus acciones fueron actos de servicio y que la funcionaria designada por el fiscal general, Ángela María Buitrago, no era competente por ser delegada ante la Corte Suprema y no ante los jueces del circuito especializado.
No obstante, estos argumentos fueron desestimados. Uno de los defensores de las víctimas, Jorge Molano; el delegado de la Procuraduría y el propio juez recordaron que el delito de desaparición forzada es continuo y termina el día que aparezca la persona extraviada. Anotaron que este crimen no tiene relación con actos del servicio, porque la Fuerza Pública está para garantizar la vida de las personas y no para desaparecerlas. En cuanto a la fiscal Ángela María Buitrago, ella misma expresó que el Fiscal General tiene la facultad de designar sus funcionarios en los procesos que estime convenientes.
En el juicio contra Plazas Vega tendrán que declarar el entonces presidente Belisario Betancur Cuartas; los generales en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, quien era el comandante de la XIII Brigada del Ejército; Rafael Hernández López, quien era el comandante de la Escuela de Artillería; Carlos Alberto Fracica, quien participó en la retoma, y el coronel (r) Sánchez Rubiano.
Los generales retirados Hárold Bedoya Pizarro, Jorge Enrique Mora Rangel y Juan Salcedo Lora serán consultados como peritos. También hablarán algunos ex magistrados que salieron con vida del palacio, como Samuel Buitrago, Reinaldo Arciniegas y Miguel Antonio Roa.
La historia de la retoma del Palacio es un recuento de la impunidad. El procurador Carlos Jiménez denunció ante la Comisión de Acusación al Primer Mandatario y a su ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, pero ésta los absolvió por considerar la retoma un “típico acto de gobierno”. Betancur, por su parte, creó un Tribunal Especial. Seis meses después, en los que se recopilaron testimonios y se examinaron unos 12.000 folios, este organismo concluyó que el único responsable de lo sucedido era el M-19.
Sin embargo, el grupo guerrillero jamás fue castigado por los horrores del holocausto. El 31 de enero de 1989, 38 subversivos fueron llamados a juicio por los delitos de homicidio, secuestro, rebelión y falsedad. No obstante, la decisión judicial coincidió con un indulto que se les otorgó a los integrantes del M-19 y anuló procesos penales como éste. En la investigación se dedujo, así como luego lo haría el Tribunal Superior Militar, que no era posible determinar quién provocó el incendio que acabó con tantas vidas.
La Justicia Penal Militar analizó las actuaciones del general Arias Cabrales y del coronel Sánchez Rubiano, quienes también fueron absueltos. Según el tribunal, los oficiales se atuvieron a la obediencia debida al presidente Betancur. Aunque el Ministerio Público apeló el fallo, en octubre de 1994 el Tribunal Superior Militar lo ratificó. La Corte Suprema criticó la operación castrense, al afirmar que los soldados no distinguieron entre secuestradores y rehenes, pero la misma corporación admitió la prescripción del caso.
La única investigación que concluyó en sanciones fue la que adelantó la Procuraduría. Su proceso se enfocó en el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales y en el coronel (r) de inteligencia Edilberto Sánchez. El 28 de septiembre de 1990, cuando Alfonso Gómez Méndez era el procurador general, ambos militares fueron destituidos del Ejército. Pero en febrero de 2005 el Consejo de Estado anuló este veredicto y ordenó que el general (r) fuera reintegrado al servicio activo.