“Pues que revisen”: Navarro Wolff sobre estudio de indultos al M-19

En una inesperada decisión, justo en los días en que se cumplen 30 años del holocausto del Palacio de Justicia, el fiscal general, Eduardo Montealegre, dispuso ayer que se examinen los alcances de cosa juzgada de los indultos otorgados al M-19, para evaluar si procede una investigación contra sus miembros, derivada de los hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985. La investigación será asumida por el vicefiscal Jorge Perdomo y el punto de partida es el examen de los tratados internacionales sobre los derechos humanos.

Según el fiscal Montealegre, el proceso pretende determinar si los indultos otorgados al M-19 en 1990 abarcan delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se hubieran podido cometer en el asalto al Palacio de Justicia. En su criterio, a pesar de que en su momento tales indultos dieron seguridad jurídica a los miembros del M-19 porque estuvieron mediados por un proceso de paz, existen mecanismos internos para volver a examinar su alcance jurídico, tal como ha sucedido con amnistías en Chile, Argentina y Perú.

Cuando ocurrieron los hechos del Palacio de Justicia se inició una investigación penal contra el M-19 cuya parte culminante se produjo el 31 de enero de 1989, cuando el Juzgado 30 de instrucción criminal, entonces a cargo de Uriel Alberto Amaya, expidió resolución acusatoria contra varios guerrilleros. Dicha decisión incluyó a Antonio Navarro, Otty Patiño, Vera Grabe, Rosemberg Pabón, Everth Bustamante, Arjaid Artunduaga, Gerardo Ardila, Rafael Vergara, Eduardo Chávez, Rafael Navarro y Gustavo Petro, entre otros.

No obstante, a finales de 1989, a través de la Ley 77, y como quiera que el M-19 se acogió al proceso de paz, los principales líderes de esa organización fueron cobijados con un indulto. En consecuencia, el Tribunal Superior de Bogotá profirió autos de cesación de procedimiento en su favor. Por tal razón, y de acuerdo a las normas de la época, los exguerrilleros pasaron a ocupar cargos públicos y pudieron participar en procesos electorales. De hecho, en 1991, la fuerza mayoritaria en la Constituyente fue la liderada por Antonio Navarro Wolff.

En mayo de 1992, súbitamente, la jueza de orden público Clemencia García decidió volver a examinar la situación del M-19 y del Palacio de Justicia, y determinó volver a investigarlos por presuntos actos de terrorismo. Ante esta situación y el revuelo político que provocó, el Congreso tramitó una norma en favor del M-19 que cobijara también los acontecimientos de noviembre de 1985. La decisión de la jueza fue declarada nula en segunda instancia y se compulsaron copias para que ella fuera investigada penal y disciplinariamente.

Sin embargo, el expediente siguió rondando y en noviembre de 2009 un juzgado penal especializado decretó la prescripción de la acción penal a favor del M-19. La decisión fue apelada y en septiembre de 2010 el Tribunal Superior de Bogotá la revocó y ventiló la tesis de que en la toma del Palacio de Justicia se habían cometido delitos de lesa humanidad a la luz del Estatuto de Roma. Ante esta circunstancia, en noviembre de 2010 un abogado, en representación de la familia de uno de los policías muertos en Palacio, pidió investigar a la cúpula del M-19.

La acción la inició Raúl Alfonso Talero, hermano del capitán de la Policía Héctor Talero, muerto en el Palacio de Justicia. Después de varios intentos, en febrero de 2011 el Tribunal Superior de Bogotá dispuso que la función de investigar no correspondía a los jueces sino a la Fiscalía, y por ello debía presentar las denuncias ante esta entidad. Después, en abril de 2013, un juzgado penal de Bogotá reiteró la absolución de los líderes del M-19. En esas circunstancias, Raúl Talero persistió en su solicitud y volvió a reiterarla ante la justicia.

En su parecer, los hechos del Palacio de Justicia no pueden ser indultados ni tampoco prescribir, y las familias de quienes perdieron la vida en el ataque del M-19 tienen derecho a saber la verdad de cómo se diseñó, planeó y estructuró la acción. En esa perspectiva se enmarca el sorpresivo anuncio formulado por el fiscal Montealegre. Si el vicefiscal encuentra razones para abrir investigaciones, la Corte Suprema de Justicia sería el organismo que podría romper la seguridad de la cosa juzgada y permitir la investigación contra el M-19.

La reacción de algunos de los exmiembros de la cúpula del M-19 no se hizo esperar. Para Arjaid Artunduaga, “esto es un show mediático del fiscal, con el que le hace un daño enorme a la opción de paz de La Habana, porque quién va a negociar con un Estado que no es serio”. El senador Everth Bustamante le dijo a este diario que el fiscal busca castigar un proceso de paz exitoso como el del M-19.